Los promotores de Dreamland han renunciado a construir la ciudad del cine en Fuerteventura. El proyecto se topó desde el principio con un fuerte rechazo social y político, al pretender ocupar 160.000 metros cuadrados de suelo rústico a 500 metros de las Dunas de Corralejo. El empeño del Grupo Newport en levantar este plató de cine junto a un Parque Natural llegó a dinamitar el gobierno del Cabildo insular. Ahora, la promotora ha anunciado que traslada la construcción a Gran Canaria, tal y como han confirmado a esta redacción fuentes de la Alcaldía de Telde.
El Grupo Newport ocupará 100.000 metros cuadrados de un terreno de 600.000 metros cuadrados propiedad de Lopesan. Desde el Cabildo de Gran Canaria se ha garantizado la tramitación de la correspondiente calificación urbanística del suelo y ya se han iniciado los trámites urbanísticos para posibilitar la licencia. Aunque la promotora ha promocionado su proyecto en Gran Canaria, no ha respondido a las preguntas de este periódico sobre la renuncia a la ciudad del cine en Fuerteventura.
El presidente del Cabildo de Gran Canaria, Antonio Morales, ha celebrado la decisión de la promotora y ha apuntado que el proyecto será bienvenido como ''cualquier actividad que promueva la diversificación económica''. Morales ha asegurado también que la ciudad del cine se ubicará en una zona ''antropizada'', donde hay ya actividades humanas, pero que deberá cumplir con la legislación medioambiental y territorial. Según el presidente, la localización ''no tiene nada que ver'' con la prevista en Fuerteventura, ''al borde de un espacio natural protegido“.
Un gobierno con dos consejeros en Fuerteventura
Dreamland ha dejado en Fuerteventura un insólito gobierno de solo dos consejeros. Coalición Canaria se opuso a construir la ciudad del cine junto a las Dunas de Corralejo. Esto llevó al presidente, Sergio Lloret (Asambleas Municipales de Fuerteventura), a expulsar a los siete consejeros nacionalistas que votaron en contra de declarar este proyecto como Bien de Interés Insular.
Lloret echó a su socio mayoritario y, poco después, el PP abandonó el gobierno. Así, la ruptura del pacto dejó en el Cabildo un gobierno en minoría de tan solo dos consejeros: Sergio Lloret (número dos de la lista Nueva Canarias-Asambleas Municipales de Fuerteventura) y Juan Nicolás Cabrera (número cinco de esa coalición). Ambos controlan todas las áreas de gestión de una isla de más de 120.000 habitantes sin cumplir el quórum inferior a tres personas necesario para celebrar consejos de Gobierno.
Un proyecto sin ''carácter estratégico''
Recurrir a la Ley 4/2017 del Suelo y de los Espacios Naturales Protegidos de Canarias y declarar Dreamland como Bien de Interés Insular era la única opción para poder construir los estudios en un terreno de suelo rústico común. El 28 de noviembre de 2022, el Cabildo cumplió el deseo del promotor, José Antonio Newport, y la declaración se aprobó con el voto a favor de los siete consejeros del PSOE, de los tres de Nueva Canarias y Asambleas Municipales de Fuerteventura (NC-AMF) y del consejero de Podemos Andrés Briansó.
Sin embargo, un contundente informe desfavorable del Gobierno de Canarias concluyó que Dreamland vulneraba la Ley de Evaluación Ambiental y negó el carácter estratégico de crear una ciudad del cine junto a las Dunas. ''No es la ubicación idónea para una actuación de transformación urbanística'', señalaba también este documento. Además, en el informe, el Ejecutivo autonómico cuestionó la ocupación de 160.000 metros de suelo rústico, por tratarse de una superficie con un ''valor natural y ambiental''. “El suelo, además de ser un recurso económico, es también un recurso natural, escaso y no renovable. Desde esta perspectiva, todo el suelo rural tiene un valor ambiental”.
La localización de Dreamland empujó también al grupo socialista a registrar una Proposición No de Ley (PNL) en el Parlamento de Canarias. En ella, instaba a “apostar” por el desarrollo de la ciudad del cine una vez se determine una ubicación alternativa “que no genere rechazo social”, “en armonía con la conservación” y con la restauración de los espacios naturales protegidos, de la biodiversidad y de la geodiversidad. Esta PNL, apoyada por Nueva Canarias y la Agrupación Socialista Gomera (ASG), también proponía revisar e incluso modificar la Ley del Suelo.