La Asociación de Directores y Gerentes de Servicios Sociales ha propuesto un cambio en los criterios de distribución en las partidas que el Estado destina a las Comunidades Autonómas para la aplicación de la Ley de Dependencia, de manera que la financiación quede vinculada al coste del servicio que prestan y no al grado o nivel de dependencia del beneficiario.
Esta ha sido una de las conclusiones extraídas de la celebración, los pasados 20 y 21 de octubre, del XVII Congreso de la asociación en Madrid. En este encuentro, los directores y gerentes de Servicios Sociales han incidido en la necesidad de prevenir la exclusión social y favorecer la creación de empleo en la actual situación.
La asociación ha recordado que, de las 740.000 personas que actualmente reciben una prestación o servicio del Sistema de Atención a la Dependencia, 420.000 lo hacen a través de ayudas para cuidados en el entorno familar y no profesional, mientras que tan solo 117.670 son atendidas en un centro residencial y 121.000 con ayuda a domicilio.
El coste medio del servicio residencial en el Estado es casi seis veces mayor que el de la ayuda familiar o no profesional (2.017 frente a 360 euros mensuales). Por ello, la asociación de Directores y Gerentes solicita que se tenga en cuenta el coste del servicio prestado por las Comunidades Autónomas a la hora de establecer el reparto, más allá del grado de dependencia de la persona que reciba la prestación.
“Por cada 100.000 personas que pasasen de recibir la ayuda para cuidados en el entorno familiar a un servicio residencial, se generarían más de 30.000 puestos de trabajo directo”, señala la asociación, que coincide en sus planteamientos con lo que solicitan, “con toda justicia”, las regiones más avanzadas en la aplicación de la ley.
También abogan por sustituir los cuidados familiares o no profesionales por un servicio profesionalizado de ayuda a domicilio que permitiría la creación de 10.000 empleos, además de mejorar la atención a las personas en situación de dependencia.
Por otra parte, los directores de Servicios Sociales apuestan por la declaración de riesgo familiar por quiebra económica para evitar los desahucios por impago de las hipotecas. Mediante esta declaración, los Servicios Sociales Básicos de las entidades locales se convertirían en agentes mediadores que elaborarían un Plan de Reflotamiento Familiar para movilizar recursos públicos de empleo, educación o servicios sociales.
Un reparto ''injusto y mejorable''
La consejera de Cultura, Deportes, Políticas Sociales y Vivienda del Gobierno de Canarias, Inés Rojas, afirmó este lunes en comisión parlamentaria que el reparto de los fondos estatales de la Ley de Dependencia es “injusto y manifiestamente mejorable”, en respuesta a la pregunta sobre su opinión acerca de la penalización impuesta por el Ministerio de Sanidad, Política Social e Igualdad a Canarias por su retraso a la atención a las personas dependientes.
En esta línea, coincide en parte con lo expuesto en el Congreso de Directores y Gerentes de Servicios Sociales, al afirmar que la financiación global se estipula en los presupuestos generales del Estado año a año y se reparte entre las Comunidades autónomas en base al número de personas dependientes, su grado y nivel, “no al coste real de los servicios”. Así, Rojas ha denunciado que las Comunidades autónomas “están otorgando prestaciones económicas, en vez de los servicios, que son mucho más caros”, lo que, a su juicio, es “pervertir la ley”.
Los últimos datos revelan que Canarias sigue a la cola del ranking de comunidades respecto a las personas beneficiarias con prestaciones de la Ley de Dependencia en relación a los habitantes. El Ejecutivo regional tendrá 1.618.382 euros menos este año, un recorte del 18,4% respecto a 2010, para atender a los dependientes porque la administración estatal premia a las comunidades que mejor aplican la ley, es decir a las que tienen a más dependientes reconocidos y recibiendo las prestaciones que les corresponden.
Según datos de la asociaión de Directores y Gerentes de Servicios Sociales, Canarias es la tercera región que menos invierte en la materia en el conjunto del Estado, con 137,5 euros anuales por habitante, solo por detrás de Baleares y Valencia y lejos de la media nacional, que asciende a 256,3 euros.