La reorganización del escaso personal y un nuevo aplicativo informático provocan un caos en Dependencia en Canarias

Mayor carga de trabajo, estrés y numerosas bajas. Es el panorama que describe el personal de Dependencia del Gobierno de Canarias. Tanto el comité de empresa de Las Palmas como el de Santa Cruz de Tenerife han solicitado el cese de la directora general del área, Concepción Ramírez Cuélliga. Los trabajadores y trabajadoras apuntan que desde su llegada se han tomado decisiones radicales, reorganizando el trabajo del escaso personal e instaurando un nuevo aplicativo informático sin ofrecer la suficiente formación. Todo ello, se ha reflejado en los datos de febrero, en los que se ha producido un desplome en las estadísticas del IMSERSO (con 493 resoluciones menos en el Programas de Atención Individualizada). Desde la Consejería de Bienestar Social afirman que ese nuevo sistema ha provocado desajustes pero que se subsanará en las estadísticas de marzo. 

Yolanda Cívicos (Intersindical Canaria) es portavoz del comité de empresa de Las Palmas y cuenta que lleva trabajando en Dependencia desde hace 17 años. Expone que la nueva dirección general no ha tenido en cuenta el trabajo previo que se venía haciendo por el anterior equipo de la Consejería y que se ha decidido cambiar toda la organización del servicio. En la misma línea se muestra Francisco Barrios (CCOO), del comité de empresa de Santa Cruz de Tenerife, que indica que una de las decisiones ha sido la de trasladar a profesionales que estaban a cargo de la gestión de los Programas de Atención Individualizada (PIA) a realizar valoraciones a domicilio sin experiencia previa. 

Barrios explica que en la época de Inés Rojas también se apostó por promover las valoraciones y por no desarrollar la segunda parte del proceso (los PIA) y que se atascaron las solicitudes. Cuando llegó Miguel Montero a la dirección general de Dependencia en 2019 se encontró cajas y cajas amontonadas con expedientes. Explica que más tarde, con Marta Arocha, se continúo agilizando los plazos, promoviendo las prestaciones económicas. Insiste en que en el inicio de la Ley en 2007 no se desarrolló y no había recursos para ofrecer a las personas dependientes. “He estado en esta casa 17 años y hay déficit de personal y falta de recursos asistenciales para el dependiente”, resume. 

Cree que ese mal punto de partida de la Ley se empezó a revertir en la legislatura pasada, por lo que no comprende ese cambio en la organización del trabajo. Una de las cuestiones que afea Barrios es que se quiera aumentar la ratio de valoraciones, ya que el personal sale a los domicilios cuatro veces por semana y hace una media de tres valoraciones al día y once a la semana. Él es valorador y explica que en cada visita debe estudiarse el caso, hacer las entrevistas a los usuarios, tomar nota, valorar, tomar decisiones y después redactar el informe. Por ello, siempre ha sido necesario un día de trabajo en oficina a la semana para poner al día la información. Tanto él como Cívicos inciden en que aumentar la ratio podría suponer que se den errores a la hora de valorar los grados de las personas dependientes. 

Así mismo, insisten en que para solucionar el problema de la dependencia en Canarias hacen falta recursos y que mientras en Castilla y León hay 800 valoradoras para una población de 2,4 millones, en Canarias hay apenas 64 para un número similar de habitantes y donde la población se ha envejecido. Ambos profesionales destacan que las contrataciones que ha anunciado la Consejería son en realidad para cubrir vacantes y bajas, pero que realmente no se ha producido un aumento en las plantillas. 

Externalizar servicios y decisiones “contradictorias”

Otra de las decisiones que reprochan tanto Cívicos como Barrios es que se haya externalizado el servicio para concertar las citas de ayuda a la dependencia. Ahora es el 012 el que se encarga de ello sin haberles formado, subrayan. “Esto ha sido un desastre”, señala la portavoz del Comité de empresa de Las Palmas. “Esto hace que las personas que van a los domicilios a valorar se encuentran con que no pueden hacer las citas y nadie se lo informa. Se han encontrado, por ejemplo, con que el usuario ya fue valorado hace un mes y no está en el sistema, o porque tenía cita médica, porque se le ha dicho que tiene que estar en el domicilio del cuidador cuando en realidad es en el que vive, o si está hospitalizado no se le informa de que se puede ir a valorar al hospital si lleva ahí 6 meses…” son algunas incidencias que enumera. 

Cívicos también añade que hay documentación que está entrando y no se está derivando a dónde procede y que hay decisiones contradictorias. Y a todo ello se suma que se haya instaurado un nuevo aplicativo informático, para el que asegura que no se ha contado con la formación suficiente, que no se ha implantado por fases para ir subsanando errores y que de momento está ralentizando mucho más el trabajo. 

Desde la Consejería de Bienestar Social han señalado a este periódico que la directora general no hará declaraciones pero sí añaden que la Consejería mantiene reuniones con los representantes de los trabajadores para consensuar medidas y que todo lo que se lleve a cabo se hará con los trabajadores. Inciden en que cuando se toman nuevas medidas pueden provocar desajustes pero que todas son intención de mejorar y agilizar procedimientos. 

Los representantes sindicales confirman que sí que se han producido reuniones con la Consejería. Cívicos hace hincapié en que en que ha visto predisposición por parte de la consejera Candelaria Delgado, pero que se le ha pedido que “frene” este “despropósito”. “Los resultados se van a  repetir en los próximos meses si no se para esta situación”, incide. “Se empeñan en aumentar las ratios cuando no tenemos los medios, dedicas poco tiempo en las casas y la gente necesita que les informes y les asesores correctamente”, apunta. “Hay que mejorar la calidad y en tener una red de servicios públicos, pero el Gobierno se centra en los números y no en la calidad”, agrega Francisco Barrios. 

El último informe de la Asociación de Gerentes y Servicios Sociales destacó que el tiempo de tramitación de un expediente en Canarias es aún de 647 días (el dato más alto del país). Según los datos de febrero, en las Islas hay 46.327 personas con derecho a prestación y de ellas hay 5.871 aún pendientes de resolución del Programa de Atención Individualizada.