El Ayuntamiento de San Bartolomé de Tirajana ha aprobado este jueves en el pleno la “declaración extraordinaria y de urgente necesidad pública” para la tramitación y aprobación de una ordenanza provisional municipal que permita compatibilizar el uso residencial y el turístico en el municipio. El objetivo es dar respuesta a las personas que están siendo multadas por no ceder sus apartamentos a un explotador turístico y querer residir en ellos. Se trata de multas que han superado los 2.000 euros. Esa sanciones se han paralizado pero el Gobierno de Canarias ha dejado la pelota en el tejado de los ayuntamientos y ha dado un plazo para regularlo en sus ordenanzas municipales.
La iniciativa fue aprobada por los partidos que sustentan el gobierno municipal y el PSOE, mientras que NC votó en contra.El primer teniente de alcalde, Alejandro Marichal (CC) ya explicó que la declaración de “extraordinaria y urgente necesidad pública” la tramitación de la Ordenanza Provisional Municipal tenía el fin de compatibilizar los usos residencial y turístico en parcelas cuyo uso actual sea el de apartamentos y/o casas vacacionales, villas y bungalows.
Dicha declaración es el paso previo para empezar con la tramitación de la Ordenanza Provisional y su posterior aprobación. En este sentido, el Ayuntamiento defiende que en este primer año de gobierno se han iniciado los trámites para la modificación del planeamiento que permitirá “consolidar el uso residencial existente en la zona turística”.
El alcalde, Marco Aurelio Pérez, remarcó en el pleno que fue la propia Consejería de Turismo del Gobierno de Canarias la que ha mandatado al Ayuntamiento la redacción de la ordenanza provisional para poder actuar sobre las sanciones. “Se trata de una ordenanza municipal que se tramitará y aprobará en este Ayuntamiento y contra ella el Gobierno de Canarias sólo podrá actuar en los tribunales, porque este ayuntamiento es soberano y está capacitado para aprobarla”, dijo.
Para la Plataforma de Afectados por la Ley Turística, esta declaración de urgencia va a aliviar la situación que están atravesando los propietarios de un apartamento en el sur en el sur de Gran Canaria desde la Ley de 2013, que se ha manifestado en las multas que les han llegado y que puede ocurrir en otros municipios.
La portavoz de la plataforma, Maribe Doreste, recuerda que “hasta 2013 vivíamos tranquilos” y añade que, hasta entonces, estos pisos no podían explotarse turísticamente si no lo aprobaba un 51% de la comunidad de propietarios; “era una cualidad añadida el poder explotarse”, apunta. “Cuando habla la ley de la licencia obtenida para poder explotarse, la licencia la obtiene el 51% del complejo y no les quitaba el derecho al 49% restante para el uso residencial”, destaca.
“Una cosa importantísima es que lo que hemos tenido siempre es la posibilidad de ir al uso turístico y dejarlo en explotación si nos convenían las condiciones y volver a recuperar nuestra propiedad y lo que trae la Ley 2/2013 es que una vez lo dejas en uso turístico ya no hay vuelta atrás y eso es muy importante que la gente se entere”, subraya Doreste. “Por eso es muy importante lo que estamos haciendo ahora”, indica.
“Lo que hoy se votaba era un problema social, no un problema político”, incide Dorste, que aplaude que CC, Agrupación de Vecinos-PP y PSOE “estuvieron a la altura de las circunstancias” al votar a favor.
Exceso de oferta turística y déficit de oferta habitacional
El Ayuntamiento de San Bartolomé de Tirajana explica en un comunicado que desde la aprobación del Plan General de Ordenación Maspalomas Costa Canaria (POMCC) en 1964, la zona ha experimentado un crecimiento turístico significativo. “Originalmente, se esperaba alojar a 60.000 personas en una franja costera de 2.000 hectáreas, pero la falta de una estructura urbanística clara ha llevado a una urbanización inconexa y caótica”, apunta.
En 1995, con la aprobación del Plan Insular de Gran Canaria (PI), “se intentó regularizar esta situación, diferenciando áreas de uso turístico y residencial permanente”. Sin embargo, l“a coexistencia de ambos usos ha persistido, complicando la gestión urbanística y la oferta de servicios”.
Entre los problemas identificados por el consistorio se encuentran “el exceso de oferta turística”, que produjo la “saturación de plazas alojativas y llevó a una venta y arrendamiento desmedido de inmuebles destinados originalmente al turismo, transformándolos en residencias permanentes o segundas residencias”. Por otro lado, el “déficit de oferta habitacional” debido a la falta de suelo habilitado para vivienda permanente, lo que “ha causado trasvases de población a otros municipios y ha incrementado la demanda de alojamientos en la zona; por último la incoherencia normativa debido a la coexistencia de usos turísticos y residenciales que no ha sido adecuadamente regulada, generando disfunciones en la ordenación del territorio”.