Decenas de cartas están llegando a los propietarios de licencias de taxis de Las Palmas de Gran Canaria informándoles de la obligación legal de darse de alta en el régimen de autónomos de la Seguridad Social en el caso de que las estén explotando, según informó un dirigente del sector este miércoles. Las advertencias de la Tesorería General de la Seguridad Social se producen como consecuencia de las diligencias penales de investigación abiertas para hacer aflorar la actividad de los llamados floteros, empresarios que explotan numerosas licencias al margen de las ordenanzas municipales, en régimen de explotación laboral de los conductores y sin que los titulares de esos taxis estén cotizando a la Seguridad Social, por lo que ni se les practican retenciones de IRPF, ni se abona IGIC ni se cumple con la obligación de todo cotizante que genere ingresos.
La noticia ha sentado como una bomba en el sector, acostumbrado a regirse por un modelo de negocio al margen de la legalidad vigente. Naturalmente, en las cooperativas han empezado a culpar a los denunciantes de esa trama de floteros de ser los responsables de este repentino interés de las administraciones por cumplir y hacer cumplir la ley.
Sin embargo, fuentes del sector han asegurado que el Ayuntamiento de la capital grancanaria les ha mostrado su apoyo y ha restado importancia a estas advertencias de la Tesorería de la Seguridad Social.
Asamblea de los asalariados
En este ambiente entre crispado y de temor, la Asociación de Asalariados del Taxi de Las Palmas celebrará este jueves, a las seis de la tarde, en el antiguo seminario menor de Tafira Baja una asamblea para pulsar la situación del sector y continuar con la adopción de medidas en favor del taxi de la capital grancanaria.