El plan de reincorporación de la plantilla de empleados públicos de la Seguridad Social a sus puestos de trabajo de forma presencial contempla la reapertura de la mayoría de centros de la provincia de Las Palmas en la fase dos con cita previa. Sin embargo, los sindicatos CCOO y UGT denuncian que se ha optado por no abrir la oficina de Arucas, que atiende al menos a cuatro municipios del norte de Gran Canaria y que se ha pretendido cerrar en otras ocasiones. “Tememos que se trate de un desmantelamiento”, afirma Gustavo Martín, secretario general de la Federación de empleados de servicios públicos de UGT en la isla.
Tanto los sindicatos UGT, CCOO como el alcalde del municipio de Arucas, Juan Jesús Facundo (PSOE) han mostrado su rechazo a que este centro se mantenga cerrado. Gustavo Martín explica que en un principio la dirección provincial del INSS en Las Palmas aseguró que esta decisión se justificaba en la falta de personal, pero al afearle que sí que existe plantilla para ello, se alegó que el espacio no reúne las condiciones. Sin embargo, subraya que no existe ningún informe técnico que lo determine y que con la cita previa no debería haber ningún problema para garantizar la distancia social. Así mismo, considera que se podrían habilitar otras medidas como la instalación de mamparas e incluso, si fuese necesario, buscar otro centro donde prestar esa atención asistencial, pero en ningún caso dejar de contar con este espacio.
Los sindicatos afirman que en Las Palmas de Gran Canaria tan solo se mantendrá abierta al público la oficina del Puerto, mientras que la principal, ubicada en la calle Pérez del Toro, estará cerrada a la atención presencial y se trabajará a puerta cerrada. Por ello, consideran que esta situación generará una merma del servicio volviendo a los problemas para conseguir hora de atención. Aunque se requiera cita previa para controlar el aforo, lo cierto es que, antes de la crisis sanitaria, obtenerla era una auténtica odisea, con un teléfono colapsado y un servicio web continuamente saturado que impacientaba a la ciudadanía y generaba ya numerosos problemas para arreglar estos trámites.
Gustavo Martín explica que en esa zona norte de la isla existe mayor población de edad avanzada y que no tiene recursos electrónicos al alcance para realizar diversos trámites. Uno de ellos es precisamente la jubilación, y cree que se expondrá a los habitantes de este municipio, Teror, Firgas y Moya a mayor riesgo por tener que desplazarse a otras oficinas más lejanas. Además, insiste en que no es la primera vez que se quiere cerrar este centro, lo que sería una merma para el servicio ya que el objetivo debe ser “la cercanía con el ciudadano” y no mantener una atención “centralizada” con las oficinas en la capital de la isla.
El alcalde de Arucas, Juan Jesús Facundo (PSOE), se ha mostrado en la misma sintonía que los sindicatos. En un comunicado, resalta que este cierre le parece “una solución radical como para tomarla de manera precipitada”. Sostiene además que esta decisión supondrá un mayor tiempo en el traslado de los empleados públicos y de la ciudadanía a las oficinas y coincide en que la medida de los usuarios tiene edad avanzada, población por lo tanto “sensible y de riesgo”.
Así mismo, subraya que “deben existir soluciones tecnológicas y logísticas que permitan cumplir con la distancia social exigida sin empeorar las condiciones laborales de los empleados públicos ni recentralizar los servicios de los ciudadanos”.
Los sindicatos han enviado un escrito argumentando sus motivos para no apoyar el cierre de esta oficina a la Delegación del Gobierno, que de momento no ha contestado a la pregunta de este medio sobre esta decisión. Gustavo Martín explica que de cara a la vuelta a la “nueva normalidad” habrá profesionales que sigan teletrabajando, ya que los que tienen 60 años o patologías no podrán incorporarse y otros trabajarán a puerta cerrada como en el caso del centro de información y atención de Pérez del Toro.