Los sindicatos piden la destitución del jefe de la Policía Canaria
Los sindicatos CSIF, Co.bas y CCOO han solicitado por escrito al director general de Seguridad y Emergencias del Gobierno regional la destitución del comisario jefe de la Policía Canaria, Luis Alonso Santos Jara, por el nivel de “desprestigio” en el que, a su juicio, ha sumido al cuerpo con actuaciones “poco profesionales” que cuestionan “la viabilidad del proyecto”.
En el documento registrado el pasado miércoles, los representantes sindicales señalan la falta de recursos humanos, la “nefasta” gestión en materia de personal y la respuesta al denominado caso Ladrillo, en el que se encuentran imputados un subinspector y tres agentes, como las razones fundamentales por las que exigen que Santos Jara cese en el cargo.
Los sindicatos recuerdan que cuando accedió al cargo en 2011, el comisario jefe presumió de que el índice de bajas médicas en el cuerpo -formado por un centenar de funcionarios- era tan sólo del 0,8%, “el más bajo de cualquier colectivo de la Comunidad Autónoma”. Sin embargo, el índice actual de bajas en la base de Gran Canaria “ronda el 70%”, afirman desde esta plataforma, que vincula este incremento al “inexistente interés” de Santos Jara en los asuntos internos y sus intentos de “utilizar en su propio beneficio” los logros de la Policía Canaria para “apuntarse méritos”.
CSIF, Co.bas y CCOO precisan que más del 29% de la plantilla de Gran Canaria ha abandonado el proyecto buscando la salida a otros cuerpos, puestos de la Administración Pública o volviendo a su anterior destino. “Del total de policías que tenían plaza en otra administración, ha decidido dejar este cuertpo el 57%”, añaden.
En Tenerife manejan datos similares con el hecho “agravado” de que el comisario jefe “tuvo a bien traer como inspector, duplicándose la figura en esta base, a Rafael Mesa, el que fuera su mano derecha en la Policía Local de La Laguna”. Recalcan los representantes sindicales que esta situación está provocando la salida de toda le escala de mandos y oficiales “de excelente profesionalidad”.
En el escrito remitido al Gobierno de Canarias también ponen de manifiesto que Santos Jara no sólo no ha estimado la necesidad de recursos humanos y materiales, sino que además “ha desatendido las posibles infracciones” que les han comunicado los agentes y “ha incumplido reiteradamente” los acuerdos en las juntas y reuniones locales de seguridad, lo que ha provocado que otras fuerzas y cuerpos de de seguridad “no confíen en la asistencia” de la Policía Canaria, contribuyendo al “descrédito y desprestigio de la institución”.
También denuncian que las relaciones con la Guardia Civil se han visto mermadas después de que el comisario jefe realizara unas declaraciones en las que “insinuaba que la Guardia Civil imputaba a miembros de la Policía Canaria para lavar la imagen del Instituo Armado”.
Los sindicatos sostienen que el “desorbitado” número de expedientes disciplinarios que se ha abierto en los últimos tiempos es consecuencia de “la incapacidad” de la jefatura. En este sentido, subrayan que algunos de estos expedientes se han incoado a agentes que han pedido las órdenes por escrito al dudar de que estas se ajustaran a la legalidad.
Caso Ladrillo
Las centrales firmantes del documento tildan de “nefasta” la gestión de Santos Jara en el conocido como caso Ladrillo, en el que la Fiscalía pide penas de entre 4 y 6 años de cárcel para un subinspector -Carmelo Sosa- y tres agentes de la Policía Canaria que presuntamente falsearon las diligencias practicadas a un detenido para imputarle un delito de atentado a la autoridad en los carnavales de 2013 en Las Palmas de Gran Canaria.
“El comisario se alinea claramentecon el mando imputado, según se ha podido leer de las escuchas telefónicas practicadas por la Guardia Civil”, afirman.
Los sindicatos recuerdan que la jefatura fue “incapaz de tomar una sola decisión o media cautelar al respecto y mantuvo a los policías bajo el mando directo de un imputado”.
Por último, mencionan como “una muestra más de su nula capacidad de gestión” la nueva instrucción horaria, aprobada “sin negocias con los trabajadores” y que dispone de un total de 18 turnos para una plantilla que apenas alcanza los 90 miembros, es decir, “como si se estableciera un turno para cada cinco agentes”.
