Con el voto en contra del Grupo Popular, el Parlamento ha aprobado una propuesta de Nueva Canarias por la que el Gobierno de Canarias debe adoptar “las medidas necesarias que permitan dar cobertura sanitaria a aquellas personas, como los inmigrantes irregulares residentes en el Archipiélago, que la han perdido” desde el 1 de septiembre.
Esta propuesta fue una enmienda aceptada por la nacionalista María del Mar Julios en la que, también con el voto en contra de los conservadores, pide al Ejecutivo central que derogue las medidas más polémicas del real decreto de abril sobre la sostenibilidad del Sistema Nacional de Salud.
“No podemos dejar morir en la calle a la gente por falsa hipocresía”, afirmó Julios, quien recordó que “asistir a los inmigrantes en urgencias será más caro que si se les atiende como hasta ahora”.
“Ha sido una torpeza política y un error sanitario”, insistió Rodríguez, quien también denunció que “en cinco años de crisis se ha colocado a la opinión pública que el problema son los servicios públicos, y no es verdad, porque es el sistema productivo y la deuda privada y la ausencia de crédito”.
Junto a la cobertura sanitaria a los inmigrantes “sin recursos”, la iniciativa defendida por Julios incluye el destierro del nuevo sistema de copago, “ya que penaliza a los enfermos crónicos, a las rentas más pobres y a los ciudadanos sin recursos, tanto en el acceso a los medicamentos como al transporte sanitario no urgente”.
Además, la Cámara pide al Ejecutivo que preside Mariano Rajoy “no excluya de la cartera básica del Sistema Nacional de Salud las prestaciones cuya provisión se pueda realizar mediante dispensación ambulatoria”, como pueden ser las mamografías.
Los grupos parlamentarios, salvo el PP, también han pedido que, “por cohesión y garantías financieras del Sistema Canario de Salud”, se establezca que el Fondo de Garantía Asistencial, “con carácter extrapresupuestario, se dedique a compensar los gastos producidos por el traslado de los pacientes de Canarias que han de desplazarse entre islas o entre estas y la Península para recibir atención sanitaria”.
Por último, han aprobado que “se mantenga la obligatoriedad de prescribir por principio activo” y que el Gobierno de España “retome el cauce institucional del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud y consensúe un Pacto por la Sostenibilidad y Calidad del Sistema Sanitario con los necesarios consensos políticos, institucionales y sociales”.
La conservadora Mayte Pulido acusó a CC y al PSC de “intentar confundir a la sociedad e introducir miedo, pero los españoles van a comprobar que la sanidad para todos será prestada”.
“Lejos de colaborar, están instalados en la confrontación más absoluta”, insistió Pulido, quien garantizó que el Ejecutivo central tiene una “clara apuesta por la universalización de la Sanidad”, aunque “evitando el descontrol de que por el mero empadronamiento se tuviera derecho a la asistencia sanitaria”.
“Ningún ciudadano extranjero quedará desatendido”, concluyó Pulido.