Los empleados en huelga de la administración pública canaria han dado el paso previo a la interposición de una demanda contra el Gobierno regional por lo que consideran un incumplimiento del acuerdo alcanzado el año pasado para estabilizar a los trabajadores en situación de abuso de temporalidad. Este colectivo ha solicitado en vía administrativa la ejecución de ese pacto firmado el 23 de abril de 2021, al entender que no se ha materializado en los términos previstos, ni en lo que respecta a la identificación del personal afectado por el fraude en la contratación temporal ni en lo que concierne a la búsqueda de fórmulas jurídicas para garantizar la continuidad en sus puestos de trabajo.
El comité de huelga, que está siendo asesorado por el abogado Manuel Martos, ya ha anunciado que llevarán a los juzgados este conflicto laboral en caso de que la administración mantenga su postura. El último desencuentro tuvo lugar este jueves, en una reunión convocada por la directora general de Función Pública para aportar el listado con la identificación de los puestos a incluir en los procesos extraordinarios de estabilización de empleo temporal.
Según este colectivo, ese listado está incompleto y, además, no respeta el criterio fijado en la mesa de trabajo constituida tras el acuerdo, que estableció el corte para detectar todos los casos de empleados públicos en situación de abuso de temporalidad en el 31 de diciembre de 2020. “Los listados que nos han presentado son de 2017”, precisa Yolanda Cívicos, una de las portavoces del comité de huelga, que explica que, de aceptar ese documento, se estarían quedando fuera de los procesos una importante cantidad de trabajadores afectados. Sostiene que ese listado es “fruto de la valoración unilateral por parte de la administración”.
Otro de los puntos de discordia es la fórmula que se pretende aplicar para estabilizar al personal temporal. El Gobierno de Canarias se ampara en la norma estatal, la Ley 20/2021 aprobada el pasado mes de diciembre, y en las orientaciones que el Ejecutivo estatal ha dado a las comunidades autónomas para tratar de armonizar los criterios para estos procesos extraordinarios que aspiran a situar por debajo del 8% la tasa de temporalidad.
La ley estatal contempla dos escenarios. El primero, el concurso de méritos para aquellos trabajadores que hayan ocupado con contratos temporales plazas estructurales de forma ininterrumpida durante, al menos, los cinco años anteriores al 1 de enero de 2016. El segundo, un proceso extraordinario de estabilización a través de un concurso-oposición para el resto de afectados. Como criterio orientador para este segundo supuesto, la Secretaría de Estado de Función Pública establece una fase de oposición que se valorará con el 60% de la puntuación total y que puede no ser eliminatoria. En la fase de concurso (el otro 40%) se recomienda que los méritos profesionales pesen, como máximo, un 90% y los académicos, como mínimo, un 10%. Se prohíbe cualquier convocatoria restringida (solo para el personal afectado) y se prevé una compensación (de veinte días de salario por año trabajado) para aquellos aspirantes que no superen los procesos selectivos, que pasarán a formar parte de una bolsa de empleo.
Yolanda Cívicos señala que la ley estatal prevé ceses e indemnizaciones y, a diferencia del denominado acuerdo 23-A entre el comité de huelga y el Gobierno canario, no es garantista para resarcir los derechos del personal abusado, no se compromete a la permanencia en sus puestos de los afectados. La portavoz de los trabajadores incide en que las orientaciones de la secretaria de Estado de Función Pública “son solo recomendaciones, no son de obligado cumplimiento” y, en cambio, el pacto canario sí lo es. “La administración canaria tenía capacidad para ejecutar y se ha plegado a las directrices de Madrid. De abril (fecha del acuerdo) a diciembre (fecha de la aprobación de la norma estatal) no se buscó ningún fórmula”, añade.
Esas orientaciones hablan de la estabilización de “plazas, no de personas” y, además, establecen la posibilidad de ofrecer, de forma previa y a través de un concurso de traslados, esos puestos a funcionarios de carrera o a personal laboral fijo. La portavoz del comité de huelga de la administración general de la comunidad autónoma canaria rechaza la vía estatal e insiste en que Canarias dispone de plena capacidad para ejecutar el acuerdo del 23 de abril, que contemplaba que “todo el que estaba (en abuso de temporalidad) se quedaba”.
Esta misma semana, el consejero de Administraciones Públicas, Justicia y Seguridad del Gobierno de Canarias, Julio Pérez, manifestaba en una comparecencia en el Parlamento regional que no todo el personal temporal se podrá quedar, que no se puede garantizar la fijeza “de forma automática”. El dirigente socialista defendió que se había cumplido el acuerdo de abril y que se mantenía abierto a mantener la negociación con los trabajadores.
Frente a esta posición, Yolanda Cívicos recuerda cuál es el punto de partida de este conflicto. “A partir de los tres años (de contratación temporal para ocupar una plaza estructural) ya se ha cometido el fraude. Es la administración quien ha cometido una ilegalidad. El acuerdo canario es garantista para resarcir los derechos de los trabajadores, pero no se ha cumplido en ninguna de sus dos premisas”, destaca.
La portavoz del comité de huelga denuncia que el Gobierno de Canarias ha separado, incluso, por procesos, y que se da la circunstancia de que personal que lleva en la administración desde antes de 2005 puede verse abocado a una tercera vía, que también se resuelva a través de un concurso-oposición y no del concurso de méritos. “Es un drama”, señala. El colectivo estima que estos procesos selectivos pueden “dejar en la calle” a entre un 15 y un 20% de afectados.
El comité achaca a la administración una “falta de voluntad política” para resolver una situación “que pondrá en jaque los servicios públicos, prescindirá de material humano especializado y dejará a miles de familias canarias en situación de exclusión social y precariedad, siendo el 70% del colectivo afectado mujeres”. A juicio de los trabajadores, el Gobierno regional “sigue vulnerando el derecho a la huelga y no da cumplimiento al acuerdo 23-A alcanzado entre las partes y que está obligado a ejecutar”.