Teresa Cruz ha roto su silencio catorce meses después de su fulminante destitución como consejera canaria de Sanidad. La ahora diputada socialista fue cesada el 25 de marzo de 2020, en los primeros compases de la pandemia de COVID-19, cuando el Archipiélago presentaba los indicadores epidemiológicos más favorables de todo el país. Cruz atribuye esa decisión a la presión ejercida por una persona dentro del Ejecutivo regional que “desde el minuto uno estaba interesada en que no formara parte del Gobierno porque le parecía incómoda”. “Que se defienda la sanidad pública y ser honesta parece que no son valores para estar al frente de la Consejería”, ha afirmado en una entrevista (la primera tras su salida) concedida al programa Trópico Distópico de Televisión Canaria, que este miércoles ha abordado, en su tercer capítulo de la temporada y bajo el título de Concertada, las debilidades del sistema público de salud en las Islas y su relación con el sector privado.
De su corta etapa -apenas ocho meses- al frente del departamento con el mayor presupuesto de la comunidad autónoma, Cruz extrae una conclusión: la administración pública manda mucho menos de lo que debería en la sanidad canaria. La socialista ha reconocido que, como gestora, “no estaba en disposición” de acabar con los conciertos con las clínicas privadas porque “tenía una sanidad pública paupérrima”. Entre esas “ineficacias” del sistema, ha aludido al caso de pacientes que ocupan camas de agudos en los hospitales pese a que lo que precisan es atención sociosanitaria. “El problema es que parece que a determinados gestores en esta comunidad autónoma les ha interesado tener esas camas ocupadas, porque mientras esas camas están siendo ocupadas, yo tengo que hacer derivaciones a la privada”, ha explicado la socialista. “Es fuerte, pero es una realidad”.
¿Ejerce el sector privado presión para influir en la toma de decisiones? “Ahí están los datos de cómo concierta Canarias frenta a cómo concierta el resto de las comunidades autónomas. Habrá gestores que se han dejado presionar”, ha contestado Cruz, que considera que no es lo mismo gobernar con mayoría absoluta y, por tanto, con mayor margen de maniobra, que en un pacto con otras formaciones, como en el caso de Canarias (junto a Nueva Canarias, Sí Podemos y Agrupación Socialista Gomera), puesto que “las cosas son más complicadas, hay que negociar y no todos quieren lo mismo”.
La exconsejera ha recordado la oposición que se encontró nada más asumir el cargo. “Tomé posesión el 18 de julio. El lunes 22, Comisiones Obreras (CCOO) decía que estaba muy preocupada por el giro que estaba dando la sanidad canaria con esta consejera, que llevaba solo cuatro días al frente y con un fin de semana por medio”. Los sindicatos mayoritarios -además de CCOO, UGT y Satse- llegaron a amenazar en dos ocasiones con una huelga debido a las discrepancias con respecto a las ofertas públicas de empleo (OPE). “Yo heredo un calendario ficticio, que nunca lo hubiera podido cumplir. Y ese calendario era bueno para ellos sabiendo que no era real”, resume Cruz, que ha admitido que además causó “mucho malestar” en esas centrales su decisión de dar “el mismo valor” a todas las organizaciones sindicales en la mesa sectorial, con independencia de su número de representantes, y de acabar con una práctica institucionalizada por el anterior equipo de la Consejería, que negociaba los asuntos de enjundia con los sindicatos mayoritarios antes de la celebración de esas reuniones, dejando al margen a los minoritarios. La exconsejera sostiene que los intereses de al menos dos de esos sindicatos con más representación se alinean con los de la sanidad privada.
Su nombramiento fue también cuestionado por el hecho de no ser sanitaria (es diplomada en Trabajo Social). “No me queda la menor duda de que (esa crítica) es porque soy mujer. Antes que yo estuvieron al frente de la Consejería de Sanidad siete hombres que no eran sanitarios y no hubo ningún problema”, ha manifestado Cruz, a quien le llama la atención que, en cambio, no sorprenda que Román Rodríguez, licenciado en Medicina, pueda asumir Hacienda o que Sebastián Franquis, que estudió relaciones laborales, lleve Obras Públicas.
“Tenía un reto claro, que era el de humanizar la sanidad, que una persona no estuviera esperando en una lista de espera más allá de lo que fuera aceptable. Yo creo que la sanidad canaria necesita no solo que pongamos sobre el papel que el paciente está en el centro, sino que de manera efectiva lo pongamos en el centro”, ha concluido la socialista.
Medicina Nuclear e investigación del TSJC
En el programa también han intervenido los dos consejeros que precedieron a Cruz. Para Jesús Morera, en el cargo desde mediados de 2015 hasta enero de 2017, la gestión de la sanidad pública en Canarias está influenciada por “los medios de comunicación, los poderes fácticos y las grandes empresas”. El neurocirujano, que también ha sido gerente del Hospital Doctor Negrín, señala que no está en contra de la sanidad privada ni de la concertación, pero considera que debe estar “dimensionada, en su justa medida” y que la sanidad pública debe recurrir a ella pero “siempre que haya utilizado al máximo” sus propios recursos.
Durante la pasada legislatura se produjo un enconado enfrentamiento entre el PSOE y Coalición Canaria, tras la ruptura del pacto de gobierno que suscribieron en 2015, a propósito del servicio de Medicina Nuclear del Hospital Doctor Negrín de Gran Canaria, explotado por una empresa privada. Morera ha recordado que hay estudios que avalan que en el medio plazo sería más rentable la gestión pública que la externalizada. Pero, además de la económica, habla de una eficiencia social. “El ejemplo más común es cuando dicen: En lo que ustedes operan cinco cataratas en la pública, en la privada hacemos siete. Sí, pero se olvidan de que en los hospitales públicos se hace docencia, enlentecemos los procesos por una cuestión de calidad. Chequeos continuos, equipamientos... Sé que no se hace igual en la privada”.
Su sucesor en el cargo, el matemático José Manuel Baltar (enero 2017-mayo 2019), se muestra como un “profundo convencido” de la idea de que el ámbito público debe colaborar con el privado. “Todos debemos aportar, tengamos en cuenta que la sanidad es uno de los pilares de nuestro Estado del Bienestar y seremos más ricos si somos más sanos”. Su procedencia del sector privado -era gerente de Clínicas San Roque cuando Clavijo lo llamó para sustituir a Morera- levantó suspicacias. Máxime cuando meses antes de acceder al cargo había manifestado en una radio que con 16 millones de euros el sector privado solucionaba las listas de espera. Para Baltar, ese titular “había que entenderlo en el contexto” en el que lo dijo. Hablando sobre “el grado de concertación y si se iba a hacer un plan especial para reducir las listas de espera, valoraba lo que en aquel momento se sacaba de las clínicas privadas. Cuando me pasé al otro lado, lo que no sabía es que no podía entender solo de las listas de espera que salían de los centros concertados, tenía que entender de toda la lista de espera, que era más numerosa”.
El Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC) investiga la prórroga que el equipo que el consejero dirigía concedió la pasada legislatura a las clínicas privadas para que cumplieran unos requisitos que debían acreditar desde 2006. “Las empresas de las que procedía siempre cumplieron los procesos de homologación”, ha señalado Baltar. “El modelo de concertación, si está defendido o atacado, es por su evolución en el tiempo. No creo que sea yo, y menos por mi experiencia en la Consejería, que no fui precisamente el que más concerté, el que tenga que defenderlo”, ha añadido el exconsejero, que ha recordado que se inhibió en las decisiones que atañían a las derivaciones a las clínicas privadas por su pasado en San Roque y que califica de “éxito” el concurso que permitió “poner blanco sobre negro y actualizar a nivel legal” los conciertos sanitarios, algunos de los cuales se arrastraban desde la época preconstitucional al margen de la Ley de Contratos del Sector Público.
Las opiniones de Ricardo Redondas y Sebastián Sansó son contrapuestas. El primero, alto cargo socialista que fue gerente de Atención Primaria hasta el pasado mes de septiembre, afirma que en Canarias existe un lobby sanitario que interfiere en los flujos de pacientes, en los flujos de dinero e, incluso, “en quién es el consejero de Sanidad o el director del Servicio Canario de Salud” y que los malos resultados en los indicadores están vinculados a un mayor grado de privatización. Para el segundo, presidente de la asociación de las clínicas privadas de Las Palmas, “no es verdad que el mayor negocio de la sanidad privada sea la sanidad pública”. Es el turismo, sostiene el también gerente de Hospitales San Roque Maspalomas, que considera que el sistema nacional de salud ha introducido “un sistema de desigualdades” que provoca, por “bruto que pueda parecer”, que “tenga más probabilidades de sobrevivir un vasco con cáncer que un canario con cáncer”.
El negocio de la salud y las desigualdades
Para Beatriz González López-Valcárcel, investigadora de Economía de la Salud, la sanidad se convirtió “en un sector atractivo desde el punto de vista de un inversor, en un nicho de mercado en un país como España en el que no hay tantos sectores de actividad que sean realmente prometedores”. La catedrática de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria (ULPGC) aprecia una deriva “lenta, pero con un rumbo claro” hacia un aumento de la financiación privada de la sanidad, a través del gasto de bolsillo o de las primas de los seguros de salud. “Es lo que llamamos el riesgo a la latinoamericanización de la sanidad española. En la medida en que las clases medias contraten estos seguros (en Canarias ya lo tiene el 22% de las familias) y dejen de usar la sanidad pública, salvo para gastos catastróficos, se produce una deslegitimación del Sistema Nacional de Salud”.
A González le preocupa la “sostenibilidad social” de este sistema, que considera el mayor logro del Estado del Bienestar. Es decir, “que las clases medias digan: si yo no utilizo la sanidad pública, ¿para qué la voy a pagar con mis impuestos?” Para la investigadora, el principal problema es de acceso: las listas de espera, los tiempos de demora. “Con la COVID se ha agravado. Hay una lista enorme de pacientes invisibles que quedan fuera del radar del sistema público (...) Ni siquiera han llegado a la consulta. Es un problema de saturación”.
Joan Benach, director del grupo de investigación en desigualdades de la Universidad Pompeu Fabra de Barcelona, explica que los determinantes sociales, laborales y ambientales, “la vivienda, el trabajo, la precariedad, el entorno”, generan desigualdades que se manifiestan de una forma “clamorosa” en el hecho de que los colectivos más privilegiados viven de media “6, 8 o 10 años más” que los grupos con menos recursos, más pobres. “La atención sanitaria debe ser básicamente pública. Y no solo pública, sino además de calidad. No puede ser que la mitad de la población del planeta no tenga acceso a medicamentos esenciales y, al mismo tiempo, se produzca una medicalización de la sociedad que hace que en países como Estados Unidos el mal uso de la medicación y los tratamientos médicos se hayan convertido en la tercera causa de muerte”, concluye el experto.