La Federación de Servicios a la Ciudadanía de Comisiones Obreras en Canarias (FSC-CCOO) ha avanzado que los trabajadores de ambulancias en el Archipiélago irán a la huelga a partir del 1 de abril con el fin de exigir al Gobierno regional el “rescate” del servicio de ambulancias ante el “reiterado incumplimiento” del pliego de condiciones por parte de las empresas concesionarias.
Para los trabajadores la “única” solución a los problemas que sufren “durante décadas” es la gestión directa del servicio, según ha informado el sindicato en nota de prensa donde, matiza, han llegado a esta decisión “tras agotar la ronda de reuniones” con los grupos parlamentarios canarios, el consejero de Sanidad del Gobierno canario, Blas Trujillo, y la directora del Servicio Canario de Salud (SCS), Elizabeth Hernández.
En relación a estos encuentros subrayan que “se ha acreditado la ineficacia fiscalizadora” de la administración y del Gobierno de Canarias para “garantizar el cumplimiento de las condiciones establecidas en los últimos pliegos concursales”, a lo que añaden que también “se ha evidenciado la falta de interés del Gobierno canario en resolver estas deficiencias”.
Para los trabajadores de ambulancias se están produciendo “gravísimos incumplimientos” respecto al pliego de condiciones citando cuestiones como en el número de vehículos contratados y el personal asignado a los mismos, la uniformidad o el hecho de que las bases de trabajo “no estén acondicionadas según normativa vigente”.
Todas ellas, puntualizan, “irregularidades” que se extienden al ámbito laboral “como salarios por debajo de las actuales tablas salariales del III Convenio Colectivo para la Comunidad Autónoma, la contratación precaria abusando de los contratos en prácticas y temporales o la extensión de la jornada laboral con incumplimientos de los descansos”, a lo que añaden que “no se están abonando” conceptos como dietas y horas extraordinarias.
A modo de ejemplo, aseguran que en la isla de La Gomera y el Hierro “coaccionan a los trabajadores para que abaraten el coste de sus horas extras hasta en un 50 por ciento o que intenten descolgarse del convenio actual por cuestiones económicas aún sabiendo que esto es motivo para rescindir” el contrato por parte de la administración.
En el caso de la empresa que presta el servicio en Lanzarote, Fuerteventura y parte de Gran Canaria, afirman que “se supera la jornada laboral mensual de los trabajadores por encima de las 160 horas que marca el convenio en vigor”, todo ello para “aumentar los beneficios empresariales ahorrándose puestos de trabajo que son pagados por parte de la administración con dinero publico”.
Sobre Gran Canaria, apunta que las dos adjudicatarias “no se quedan atrás” ya que aseguran que “con medidas coactivas hacia los trabajadores interpretan según, su conveniencia, el convenio en vigor e incumplen con los pliegos concursales no abonando conceptos salariales como son dietas, tablas salariales o interpretaciones del pago de festividades distintas a lo marcado”.
Por último, señalan que en Tenerife y La Palma, al tratarse de la misma empresa, tienen las “mismas pautas de actuación, con puestos de trabajo estructurales cubiertos por contratos temporales, irregularidades en materia de contratación, abusos del contrato en prácticas, falta de uniformidad, bases no acondicionadas, solapamiento de vehículos contratados y dotación incompleta” de los mismos.
FSC-CCOO asegura que toda esta situación “ha sido acreditada” en tres informes presentados a los grupos parlamentarios, al consejero de Sanidad y a la directora del Servicio Canario de Salud.