Los trabajadores de la empresa Valora Gestión Tributaria, organismo autónomo dependiente del Cabildo de Gran Canaria, iniciarán el lunes una huelga indefinida ante la negativa de la corporación a sentarse a negociar un convenio colectivo del que carecen desde hace nueve años.
En un comunicado remitido por CCOO y UGT, el comité de huelga recuerda al presidente de la corporación insular, Antonio Morales, que el derecho a la negociación colectiva tiene rango constitucional y es de “enorme relevancia para quien se considere progresista”.
En la nota se señala además que, pese a lo que ha informado el Cabildo, los trabajadores no han aprobado el calendario laboral, lo cual entienden que es “sintomático de la dejadez y del desprecio negociador de la corporación”.
Los trabajadores lamentan también que el consejero de Hacienda y Presidencia del Cabildo, Pedro Justo Brito, a su vez presidente de Valora, “no se haya dignado a reunirse con la representación de los trabajadores en ninguna de las dos reuniones celebradas este jueves y viernes”.
Añaden que la ausencia del consejero el jueves en la Mesa General de Negociación Conjunta puede provocar que se anule y se quejan de que en la reunión del viernes con el comité de huelga, el Cabildo no hizo ninguna propuesta en relación a la negociación del convenio colectivo.
Los trabajadores en el comunicado critican también que Valora les notificara un nuevo decreto de servicios mínimos incluyendo en él a los trabajadores que han venido secundando los paros, “en un acto de represión sindical impropio de un gobierno insular que se denomina progresista”.
Recuerdan también que la homologación salarial de 2015, “de la que saca pecho el consejero”, no es un logro de esta corporación, pues es el obligado cumplimiento de un laudo arbitral a instancias de Tribunal Laboral Canario y que la dotación presupuestaria “ya estaba incluida en los presupuestos de ese año gracias a la corporación anterior”.
Los trabajadores desmienten también en el comunicado que existan mejoras para el personal laboral de Valora “cuando ni siquiera se tiene un convenio colectivo que regule las condiciones de trabajo” y destacan que sin convenio el personal queda sometido “a la arbitrariedad de las normas que se aplican careciendo de una mínima seguridad jurídica que lo ampare”, señala la nota.