La Federación de Servicios Públicos de la Unión General de Trabajadores (Fesp-UGT) ha criticado al Gobierno de Coalición Canaria por convertir a las Islas en “un cementerio de ambulancias” y, por ende, por tratar a los ciudadanos del Archipiélago como “enfermos de segunda”. El sindicato responsabiliza al Ejecutivo regional de permitir que vehículos de transporte terrestre sanitario puedan seguir circulando con 12 años de antigüedad a pesar de que en el resto de España el límite es 8 años.
El responsable del área de ambulancias de UGT Canarias, Iván Amador, considera que el servicio de transporte sanitario terrestre está “sumido en el caos” por culpa del abandono del Gobierno regional, puesto que el concurso vigente “quedó anulado en 2011 y 2012, tanto por adjudicaciones a dedo como por dar un lote a una empresa sin aval. Posteriormente, tras vencerse el concurso en 2013, se prorrogó hasta 2015 y se mantiene en precario hasta la actualidad”.
Por ello, el 28 de enero, la empresa pública Gestión de Servicios para la Salud en Canarias (GSC) convocó un nuevo concurso que “ha traído consigo una serie de contratiempos: se han aplazado fechas en varias ocasiones y anulado hasta dos veces el procedimiento; recientemente se ha retrasado la fecha de apertura de sobres para conocer las diferentes ofertas económicas”.
El sindicato estima que el procedimiento no debería seguir adelante porque, además, afirma que ha sido “viciado de nulidad”, “ya que el consejero de Sanidad, José Manuel Baltar, hizo público los datos de la empresa Aeromédica Canaria (una de las licitadoras al concurso) y además, un sobre del concurso, el de la oferta económica, fue encontrado abierto, lo que deja bajo sospecha la licitación”.
“Un sector donde ya sobrevuela la sospecha histórica de ser adjudicado a dedo y donde se intuye que se está prevaricando no puede seguir adelante”, ha dicho Amador. Así, el sindicato insta a los partidos políticos “a pronunciarse sobre todos estos hechos y que soliciten al Gobierno de Canarias la paralización de todos los procedimientos” y se encaminen hacia la internalización del transporte sanitario terrestre.
Amador afirma que con la externalización de un servicio esencial para la ciudadanía se está “subastando un servicio sanitario”.