Los sindicatos UGT y CCOO en Canarias abogan por que se busque un acuerdo “que tenga anclaje constitucional y no pueda ser tumbado judicialmente” para poner fin al abuso de temporalidad de cerca de 4.000 empleados públicos de la administración general de esta comunidad autónoma.
Antes de participar en Santa Cruz de Tenerife en la manifestación con motivo del Día del Trabajador, el secretario general de UGT en Canarias, Manuel Navarro, ha aludido a este asunto y ha avalado la decisión de aplazar la firma del acuerdo entre el comité de huelga y el Gobierno regional porque, a su juicio, “parchear una parte” de este problema “no es importante”, sino “darle una solución global”.
Navarro, ha señalado a Efe que la de la temporalidad en el sector público “es una cuestión nacional que repercute en muchísimos sectores, como el sanitario, el educativo, en las administraciones...”, ha enumerado.
Por eso, ha insistido en que UGT considera que “es mejor hacer un acuerdo general y que se pueda solucionar, respetando los principios constitucionales, el problema de todos los trabajadores temporales públicos”.
Por su parte, el secretario general de CCOO, Inocencio González, ha dicho a Efe, antes de participar en la manifestación convocada en Las Palmas de Gran Canaria, que, “evidentemente, los trabajadores afectados por el abuso de la temporalidad tienen todo el derecho del mundo a reclamar un proceso de consolidación”
González Tosco ha recalcado que los procesos de consolidación, estabilización y acceso a la Función Pública “están regulados por una normativa, con criterios constitucionales”, por lo que ha estimado que “dentro del marco legal vigente hay procedimientos que garantizan, a través de concursos de méritos, la consolidación de empleo, al menos en el ámbito del personal laboral”.
“Nosotros estamos dispuestos a apoyar cualquier tipo de medida que con el marco legal vigente o el que pueda haber en un futuro, porque parece que el Estado está replanteándose modificaciones aunque no sabemos en qué dirección, se proceda a la convocatoria de los procesos de consolidación que sean más beneficiosos sean para los empleados públicos”.
A juicio de CCOO, “la fórmula que se pactó entre el comité de huelga y la Consejería de Presidencia, que se limita a no convocar las plazas hasta su extinción, no está dentro del marco legal, no tiene encaje tampoco constitucional”, de ahí que con ella “se podría estar dando esperanzas o argumentando soluciones que al final no van a poderse ejecutar”.
Hay que buscar la solución más favorable para estos trabajadores que, a la vez, “tenga un soporte que judicialmente no se pueda tumbar porque”, de lo contrario, “estaríamos vendiendo una fórmula de solución que no tiene encaje en estos momentos”, ha aseverado el dirigente de CCOO.