Primero fue la empresa Aeromédica Canarias y, ahora, la Unión General de Trabajadores (UGT). El sindicato ha presentado ante la Consejería de Sanidad y el Tribunal Administrativo de Contratación Pública de la Comunidad Autónoma de Canarias el segundo recurso contra el concurso de ambulancias convocado el pasado 28 de enero por el Ejecutivo regional. Sostiene que las bases incumplen la legislación vigente de ordenación del transporte sanitario terrestre por plantear la subrogación de trabajadores sin reconocer la categoría de los Técnicos en Emergencias Sanitarias (TES), la única establecida en el convenio colectivo “para cuyo ejercicio debe estarse necesariamente en posesión de la titulación homologada” de formación profesional.
UGT expone en su recurso que el listado de los trabajadores a subrogar, incorporado en un anexo, clasifica a los profesionales que no son médicos o enfermeros, independientemente de su formación, como conductores o camilleros, categorías que, a diferencia de los TES, tienen la consideración de personal no sanitario y que, por tanto, no requieren del título y pueden ejercer simplemente con el correspondiente permiso de conducir.
La central sindical denuncia que los trabajadores cualificados como Técnicos en Emergencias Sanitarias aparecen en ese anexo con una categoría profesional, la de Técnicos en Transporte Sanitario (TTS), “distinta a la que legalmente les corresponde” y no homologable a ella, una circunstancia que provoca que reciban una retribución inferior a su titulación, además de dejarles en una situación de “incertidumbre laboral” con respecto a las funciones a desempeñar y ocasionar “un perjuicio que repercute en la prestación del servicio que se ofrece al ciudadano”.
A juicio del sindicato, los pliegos del concurso deben ser anulados porque infringen el Real Decreto 836/2015, por el que se establecen las características técnicas, el equipamiento sanitario y la dotación de personal de los vehículos de transporte sanitario por carretera. Entre otras cuestiones, ese decreto fija que tanto las ambulancias de tipo B (soporte vital básico) como las de tipo C (soporte vital avanzado, sanitarizadas y medicalizadas) deben contar necesariamente con un conductor y un ayudante que estén en posesión del título de formación profesional de Técnico en Emergencias Sanitaria, regulado por el Real Decreto 1397/2007. UGT pone de manifiesto que, a pesar de ello, la “más que confusa redacción” de las bases deja abierta la posibilidad de que el personal pueda ejercer en esos vehículos sin esa formación..
La central también considera vulnerada, por la misma razón, la Ley 44/2003 de Ordenación de Profesiones Sanitarias.
UGT entiende, en definitiva, que los pliegos del concurso de ambulancias suponen “un claro perjuicio” para los derechos de los trabajadores que prestan sus servicios en esta actividad, ante la “confusión e incertidumbre” respecto a las funciones que desarrollan y la equiparación de empleados cualificados con formación profesional a la de personal no sanitario a efectos “funcionales, convencionales y retributivos”.
Para el sindicato, resulta “incomprensible” que el Gobierno de Canarias trate como personal no sanitario a profesionales que, “por formación o experiencia, están reconocidos por los ministerios de Sanidad, Educación y Trabajo”. “No vamos a permitir que se excluya al personal sanitario para abaratar costes”, advierte su responsable del sector del Transporte, Iván Amador.
Autoridad pública
El sindicato recuerda además que los TES ostentan la consideración de autoridad pública, lo que les confiere un amparo legal del que carecen con categorías profesionales no sanitarias. Los artículos 550 y 551 del Código Penal contemplan penas de prisión para quienes agredan u opongan resistencia, con intimidación grave o violencia, a la autoridad. La central remarca que esta ausencia de reconocimiento ha provocado que “acontecimientos muy graves” para el personal que trabaja en las ambulancias, como agresiones o actos vandálicos, hayan tenido “una repercusión mínima para los agresores”.
Para UGT, se trata de un argumento más para paralizar la licitación y “reconducir la situación” de un sector que, en estos momentos, cuenta con “el mayor número de profesionales formados, la menor cantidad de recursos dignos para realizar su actividad y el peor servicio prestado a los ciudadanos”. La central resalta la falta de presupuesto denunciada por una de las empresas licitadoras, Aeromédica Canarias, y la ampliación de la vida útil de las ambulancias de los diez a los doce años como factores que agravan la situación.
UGT amenaza con acudir a los tribunales para “detener este despropósito” en caso de que el Gobierno no paralice el proceso.