La Unión General de Trabajadores (UGT) ha presentado un recurso contencioso-administrativo en el que solicita la anulación del concurso de ambulancias convocado -y ya adjudicado- por el Gobierno de Canarias, al entender que sus pliegos infringen el Real Decreto 836/2015, que establece las características técnicas, el equipamiento sanitario y la dotación de personal de los vehículos de transporte sanitario por carretera. La discrepancia se encuentra en la figura del Técnico de Emergencias Sanitaria (TES), una categoría profesional que no se reconoce en estas bases y que se equipara a la del conductor o camillero a pesar de las diferencias entre ambas.
Según expone la central sindical en su recurso, el mencionado decreto obliga a que los conductores y ayudantes sanitarios de las ambulancias de tipo B (soporte vital básico) y C (soporte vital avanzado, sanitarizada y medicalizada) estén en posesión del título de Formación Profesional de Técnico de Emergencias Sanitaria, una condición que, además, confiere a estos trabajadores un plus de seguridad legal al reconocerles como figuras de autoridad.
Sin embargo, el anexo de los pliegos incorpora un listado de personal a subrogar que omite esta categoría y encuadra a los profesionales, independientemente de su formación, como Técnicos en Transporte Sanitario, ya sea como conductores o como camilleros. A diferencia de los TES, estos trabajadores no tienen la consideración de personal sanitario y solo requieren para ejercer estar en disposición del carné de conducir B, el más habitual.
Las consecuencias de la “confusa redacción” de los pliegos son, a juicio del sindicato, perjudiciales para los trabajadores en posesión del título de Formación Profesional. Al quedar encuadrados en una categoría profesional “distinta a la que legalmente les corresponde” y “no homologable” con aquella en la que figuran en el anexo de las bases (TTS conductor o TTS camillero), este personal percibirá una retribución inferior a la que le corresponde por titulación. Además, les sume, siempre según la versión del sindicato, en “una incertidumbre laboral respecto de las funciones a desempeñar, que también son diferentes”, y genera “un perjuicio que repercute en la prestación del servicio que se ofrece al ciudadano”.
Esta acción de UGT, presentada el pasado 13 de enero, se produce después de haber agotado la vía administrativa tras la desestimación del recurso que interpuso por los mismos motivos en marzo del año pasado ante el Tribunal de Contratos Públicos de la Comunidad Autónoma. Este órgano, adscrito a la Consejería de Hacienda, Presupuestos y Asuntos Europeos del Gobierno regional, se limitó a afirmar que el órgano de contratación, en este caso la empresa Gestión para la Salud y la Seguridad de Canarias (GSC), era quien debía verificar si el personal que vaya a prestar los servicios cumple los requisitos de titulación exigidos en el pliego para asegurar la correcta ejecución del servicio conforme a la normativa de aplicación. Además, no entraba a valorar las alegaciones referidas a las categorías profesional el entender que excedía de sus competencias, reducidas al estricto ámbito de la contratación pública.
Otros dos recursos de empresas
Este recurso del sindicato UGT se une a los presentados por dos de las empresas licitadoras, Acciona-Icot y Atlantic Emergency, por su exclusión en determinados lotes pese a haber presentado ofertas más económicas que las adjudicatarias. También Aeromédica Canarias, una de las principales empresas del sector y, a falta de la formalización de los nuevos contratos, actual prestataria de algunos de estos servicios, se quejó tras la publicación de los pliegos de que el presupuesto de licitación era insuficiente para cubrir los costes. Finalmente, no concurrió.
A pesar de todas las vicisitudes, el concurso se terminó adjudicando a tres empresas (Tasisa, Acciona-Icot e Iscan) en diciembre, nueve meses después de que el Parlamento de Canarias aprobara por unanimidad, tras una enmienda de modificación de Nueva Canarias (NC) a una iniciativa promovida por UGT, encargar estudios técnicos y económicos para valorar la opción de desprivatizar el servicio y devolverlo a manos públicas. La consejera de Sanidad, Teresa Cruz, se llegó a reunir incluso con su homóloga en el Gobierno balear, Patricia Gómez, para estudiar el modelo de gestión pública que se ha implantado en este territorio, el mismo sistema que, con el barniz de las peculiaridades canarias, defiende el sindicato para el Archipiélago.
Hace pocas fechas afloraba un nuevo conflicto laboral en el transporte sanitario terrestre en las Islas. Más de una decena de trabajadores ha reclamado en los juzgados que se les aplique el convenio de la empresa pública GSC, a la que el Gobierno de Canarias tiene encomendado el servicio, en lugar del colectivo del sector que utilizan las adjudicatarias. Se amparan en una serie de sentencias que establecen que el transporte sanitario es una actividad propia del Servicio Canario de Salud (SCS) y que los profesionales subcontratados tienen derecho a percibir los salarios de la empresa principal, lo que se traduce en incrementos que oscilan entre los 8.000 y los 12.000 euros al año.