La Universidad de La Laguna avisa de que debería recibir 13 millones más de presupuesto para afrontar costes

Imagen de archivo del campus central de la Universidad de La Laguna.

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El Consejo Social de la Universidad de La Laguna ha aprobado este martes el presupuesto para este año, que asciende a 174 millones de euros, un 0,39% más que en 2024, sobre lo que la Gerencia ha advertido de que serían necesarios 13 millones más para hacer frente a los costes.

De esta manera se ha pronunciado la gerente de la Universidad de La Laguna (ULL), Teresa Covisa, quien ha afirmado que si se tiene en cuenta el aumento de la inflación y las cuantías no percibidas de ejercicios anteriores, el centro debería recibir 13 millones de euros más para hacer frente al incremento de costes, salarios y a la cobertura de los grandes contratos de mantenimiento de la institución.

El contexto del presupuesto de 2025 es por tanto el de contención del gasto y de aplicación de las reglas fiscales en la restricción del uso de los remanentes de tesorería, añadió Covisa. 

Con todo, indicó, se garantiza la continuidad de los servicios clave así como los contratos recurrentes, al tiempo que se reforzará la plantilla por vía de los ahorros internos de la Universidad y la eficiencia del gasto.

“Falta una financiación estructural de base estable, incrementada y segura en un modelo plurianual por parte de la Comunidad Autónoma para eliminar la incertidumbre con la que en cada ejercicio se elabora este presupuesto”, afirmó Covisa al final de su intervención, indicando además que esta es una exigencia de la Ley Orgánica del Sistema Universitario.

El presidente del Consejo Social, Francisco Almeida, estuvo de acuerdo en que la financiación del centro académico es insuficiente y necesita además de un horizonte económico más clarificador, al margen de que haya que mejorar algunos procedimientos internos y de control de la propia institución universitaria, como el de presencia del personal.

El rector, Francisco García, añadió que se han conseguido tres millones extrapresupuestarios, uno de los cuales se dedicará enteramente a infraestructuras. 

“Somos una de las comunidades con menores tasas de matrícula a estudiantes, lo cual nos parece razonable, pero esto no es compensado por aportaciones adicionales del Gobierno autónomo”, señaló el rector, para quien se necesitan más recursos para captar talento.

Sin embargo, esta situación se agrava por el retraso de gestión por parte de la Consejería de Universidades en la autorización de las convocatorias de contratación de docentes, algunos de los cuales se extienden desde el pasado mes de agosto, precisó.

El órgano de gobierno también conoció durante la sesión la propuesta del vicerrector de Investigación y Transferencia, Antonio Aparicio Juan, de creación de Biogás Canarias SL, una entidad dedicada a la generación de metano a partir de la digestión de residuos orgánicos, y que estará liderada por tres investigadores del centro académico. 

Aparicio Juan presentó igualmente al órgano colegiado la creación de otra unidad investigadora, denominada Instituto Mixto de Investigación en Enfermedades Tropicales y Salud Pública de Canarias, cuyo objetivo es incorporar en el instituto ya existente a la Consejería de Sanidad del Gobierno de Canarias, lo que permitirá mayores sinergias, al tiempo que compartir personal, medios y publicaciones, y avanzar así en la producción investigadora en esta materia. 

El instituto mixto se articula a través de un convenio de cuatro años, prorrogable por el mismo periodo, y la aportación de un millón de euros por parte del Servicio Canario de la Salud, a falta de la aprobación definitiva por el Gobierno de Canarias.

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23 años de cárcel

En Canarias Ahora podemos atestiguar que el Lawfare existe. Lo vivimos de cerca entre 2015 y 2022 cuando informamos con todo detalle de cómo el exministro José Manuel Soria (PP) y el exjuez Salvador Alba conspiraron para acabar con la carrera política y profesional de la magistrada Victoria Rosell (Podemos). Y lo volvemos a vivir ahora con el intento de Alba de vengarse en la persona del director de nuestro periódico, Carlos Sosa, tras haber sido descubierto, juzgado y condenado a los tres delitos más graves que puede cometer un juez (cohecho, prevaricación y falsedad en documento judicial) a seis años y medio de prisión y 18 de inhabilitación.

Con la ayuda de una jueza de Madrid que ha desoído incluso al Ministerio Fiscal, Alba ha conseguido que Carlos Sosa se siente en el banquillo para responder a una petición de 23 años de prisión y a una indemnización de 422.500 euros simplemente por haber informado con todo rigor de sus delitos y de sus trapisondas para eludir la acción de la justicia.

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El Consejo Social también dio su visto bueno a su propio presupuesto para este ejercicio, valorado en 731.500 euros, y al de la Fundación General de la institución docente, como medio propio del centro académico. 

La formación, la innovación y transferencia, la empleabilidad y la gestión de los encargos de la universidad son los principales ámbitos de actuación de esta última entidad, que contará en 2025 con un presupuesto de 16 millones de euros, destacó su director gerente, Julio Brito.

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