La construcción de un taller de reparación de megayates en el istmo de Santa Catalina, en el muelle de El Refugio de la capital grancanaria, ha movilizado a varios colectivos que han presentado en el Consistorio más de 200 firmas “de asociaciones vecinales y movimientos sociales y ecologistas de la ciudad” reclamando que elabore un informe de impacto medioambiental.
Federación Foro de La Isleta o Gran Canaria Renace consideran que el proyecto tendrá un impacto visual con el Castillo de La Luz y “comprometerá la salud y la calidad de vida de los ciudadanos” de la zona. Por ello, piden que se traslade su ubicación a otra zona dentro del Puerto de la Luz y de Las Palmas.
La obra fue adjudicada a la empresa Rodritol y está pendiente de que “el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria termine el proceso para otorgar la licencia”, explica Luis Ibarra, presidente de la Autoridad Portuaria de Las Palmas, entidad que sacó a concurso el proyecto “hace más de tres años”.
Ibarra defiende que la obra no tendrá ningún impacto visual con el Castillo de La Luz ni tampoco un impacto medioambiental negativo. “El Muelle de El Refugio siempre ha tenido instalaciones, ha albergado fábricas de hielo o almacenes de pesca. Lo que se pretende ahora es construir un taller para reparar yates, labores de carpintería, reparaciones eléctricas o cambios de motores” y “actuaciones de pintura que se realizarán en una nave cerrada sin que tenga ninguna afección al medio ambiente”, asegura.
Aunque entiende las reivindicaciones de los vecinos, Ibarra no comparte su visión porque “la línea de atraque de la Autoridad Portuaria está colapsada y no hay ningún espacio libre para poder subir yates y repararlos”. Además, sostiene que esta actividad “generará economía” en la zona y se hace en varios puertos del mundo.
El taller contará con tres edificaciones y una de ellas alcanzará los 24 metros de altura. Varios colectivos manifestaron su preocupación por la construcción de esta obra entre marzo y junio de este año, remitiendo un escrito a la Dirección General de Salud Pública para que revisara el proyecto y este órgano remitió al Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria un informe en el que resalta que la obra puede suponer un “notable riesgo para el medio ambiente y para las personas”.
En dicho documento, también se refleja que es “una actividad peligrosa” por las propiedades de las materias primas utilizadas en este tipo de actividades, “al contener metales pesados, hidrocarburos o aceites minerales y otros productos tóxicos, que pasan al aire, al agua o al suelo en forma de gases contaminantes, aguas residuales y partículas sólidas”.
Además, considera que se expone a este tipo de elementos “tóxicos” a una población de 7.700 personas, quienes también pueden sufrir por la “emisión de ruidos” con el “chorreado de superficies metálicas o la soldadura”. Y, por otro lado, la estructura de 24 metros de altura “empeoraría” el paisaje al bloquear la vista del Castillo de La Luz desde el frente marítimo.
Ibarra desestima este informe “hecho por un funcionario sin tener el proyecto”, algo que, según asegura, “nunca” ha visto. “Con ese documento se tergiversa la realidad”, añade el presidente de la Autoridad Portuaria de Las Palmas.
El área de Urbanismo Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria decidió paralizar el proyecto cuando recibió el informe y pide un informe de evaluación ambiental al Cabildo, pero en octubre la Corporación respondió que no era de su competencia, por lo que el Consistorio decidió levantar la suspensión cautelar.
Ante esta tesitura, los colectivos que se oponen a que la obra se construya en el Muelle de El Refugio han amenazado con elevarlo a la Fiscalía si el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria concede la licencia sin elaborar una evaluación de impacto ambiental, tras un encuentro celebrado este mes en el Real Club Victoria.