El Foro Canario de Víctimas del Franquismo y la Plataforma de Familiares de Fusilados de San Lorenzo temen que el proyecto para exhumar la fosa común del Cementerio de Las Palmas, antigua necrópolis de Vegueta, no siga adelante y que finalmente se instaure sobre ella un monolito en recuerdo de las personas que fueron asesinadas y enterradas en este lugar.
Ambas asociaciones cargan contra la gestión del Ayuntamiento de la ciudad sobre este tema, puesto que es una reivindicación que llevan haciendo desde el inicio del nuevo mandato (formado por PSOE, LPGC Puede y Nueva Canarias). El Consistorio se comprometió a poner de su parte para que la iniciativa saliera adelante y, sin embargo, creen que se ha estado dilatando. “No entendemos a qué obedecen tantos obstáculos a la exhumación”, puntualiza Francisco González, portavoz de la Plataforma de Familiares de Fusilados de San Lorenzo.
El alcalde de Las Palmas de Gran Canaria, Augusto Hidalgo, ha dicho públicamente que su intención es que la fosa se abra y que se encuentra a la espera de dos informes que se han encargado para determinar la viabilidad de proceder a la exhumación. Es en este punto donde estas plataformas encuentran diferencias, ya que consideran que el estudio que el Consistorio debe tener en cuenta es el que se ha ofrecido a realizar Santiago Carcas, presidente de la ARDF Desaparecidos, quien apuesta por la exhumación y creación de un banco de ADN para poder identificar a las víctimas. Sin embargo, Francisco González Tejera asegura que esta asociación no cuenta con la suficiente información y que se encuentra a la espera de que el Ayuntamiento le envíe más documentos tras la visita que hizo su presidente a la isla el pasado mes de abril.
Por el contrario, se manifiestan en contra de otro informe encargado a Pedro Alberto García Bilbao, miembro de la Federación Estatal de Foros de la Memoria Histórica, puesto que consideran que es “partidario de la instalación de monolitos y no de exhumar la fosa”. González Tejera sostiene que esta asociación “se rige por las directrices del PCE y recuerda que este partido firmó en 1977 la Ley de Amnistía”, señala.
El Consejo Asesor de Memoria Histórica de la ciudad, por su parte, indica que están a la espera de estos dos informes y que no se ha determinado una decisión sobre el asunto. Asimismo, la Federación Estatal de Foros de la Memoria Histórica se desmarca de tener vinculación con el PCE. Además, matizan que sí que están a favor de que se lleven a cabo exhumaciones de fosas comunes judicializadas.
“No queremos que la apertura de la fosa se politice”, insiste el portavoz de la Plataforma de Familiares de Fusilados de San Lorenzo, quien asegura que su única intención y la de estas dos plataformas es recuperar los restos mortales de sus familiares, puesto que creen que este de “justicia” y que es un “derecho”. Además, según González Tejera, también autor del libro Tormenta en la memoria, donde se aborda la represión franquista en Canarias, el pasado 21 de mayo se celebró en Madrid una reunión de organizaciones de memoria histórica, y que en ella la Federación Estatal de Foros por la Memoria “se opuso a que se firmara una petición dirigida al Ayuntamiento de la capital grancanaria para exigir la exhumación de la fosa”.
Con la intención de aclarar este asunto y que se dé más información a los familiares sobre el proyecto de exhumación de esta fosa, ya han solicitado una reunión con Augusto Hidalgo. Y es que, estas dos asociaciones consideran que el alcalde de la capital grancanaria es el “único” interlocutor válido y arremeten contra la gestión del concejal Sergio Millares, del que creen que debe apartarse de este proyecto si no va a ponerlo en marcha o que incluso debe ser cesado. Por sus desacuerdos con la gestión, ambos colectivos se han desmarcado del Consejo Asesor de Memoria Histórica tras asistir a una primera reunión.
“No podemos esperar más”
El portavoz de la Plataforma de Familiares de Fusilados de San Lorenzo recuerda que su padre Diego González, de 90 años, espera poder cumplir su sueño de recuperar los restos mortales de su padre, el sindicalista Francisco González Santana, que fue enterrado en esta fosa junto al que fuera alcalde del entonces municipio, Juan Santana Vega en marzo de 1937. En este sentido, explica que conoce el lugar exacto donde se encuentran sus restos mortales, a un metro y medio bajo tierra, por lo que no comprende que “no se facilite la exhumación”.
Asimismo, insiste en que si el Consistorio no quiere o no puede financiar esta iniciativa, se encargarán de buscar los recursos para ello y recuerda que el Cabildo de Gran Canaria también ha mostrado ya su apoyo para que se proceda a la exhumación.
En esta línea, el autor de Tormenta en la memoria también explica que en la visita de los expertos para examinar la posibilidad de exhumar la fosa, descubrieron en los archivos del cementerio que hay más víctimas del franquismo enterradas en este lugar de las que se ha estimado oficialmente. Por ejemplo, destaca a los “30 ahogados de La Laja”, ya que han constatado que en las fechas de la muerte no coinciden con ningún naufragio ocurrido en el lugar, pero sí que podría concordar con las personas que eran arrojadas a la Marfea.
A la campaña para que familiares de víctimas de la represión que hayan sido enterrados en esta fosa contacten con estas asociaciones a fin de proceder a la identificación de estas personas, se han sumado ya 28, aunque estiman que puedan ponerse en contacto muchas más. Hasta ahora, lo han hecho desde distintos puntos de la isla y de España.
González Tejera indica que si al agotar las vías con el Ayuntamiento no logran cumplir su objetivo, recurrirán a las acciones jurídicas en base a la Ley de Memoria Histórica y a las directrices internacionales en materia de derechos humanos y crímenes contra la humanidad.