Han pasado 20 años desde que el Gobierno de Canarias pidiera tranquilidad a los arrendatarios de las viviendas en régimen especial, de promoción privada y propiedad de la empresa pública Visocan. Una carta firmada por el entonces director general de Vivienda, Miguel Ángel Pulido (CC), aseguraba a los inquilinos de las promociones ya entregadas y de las futuras que podrían acceder a la propiedad. Un alquiler con opción a compra en toda regla, aunque de boquilla: al comprador se le deducirían todas las cuotas que hubiera pagado en concepto de alquiler hasta ese momento, pero todo ha quedado en papel mojado.
Y es que dos décadas después, este compromiso está en el aire. Hace cinco meses el Ejecutivo se dirigió a los vecinos para manifestarles que el precio de la venta no podría ser inferior al del mercado, que no se les descontaría la cantidad de la renta abonada hasta la fecha y que deberían reunir las condiciones establecidas para ser solicitantes de vivienda protegida. Las reacciones ante esta carta no se hicieron esperar. El embrollo ha sido tal que el Gobierno trata de buscar soluciones a la desesperada en plena campaña electoral. El presidente canario Fernando Clavijo (CC) espera que una consulta vinculante a la Agencia Tributaria sobre la aplicación del decreto 114 le de clave para contentar a los inquilinos.
La odisea de estas 2.907 viviendas en Canarias comenzó a finales de los 90. Las familias son adjudicatarias del II Plan de Vivienda (1992-1995), cuya gestión se encomendó a Visocan. Las llaves fueron entregadas con el compromiso de que en un plazo de 10 años podrían obtener la titularidad. En aquellos años comenzaron a escucharse rumores sobre la imposibilidad de acceder en un futuro a la posesión de estos inmuebles. Estos supuestos bulos fueron rápidamente silenciados por el Gobierno, asegurando que estas afirmaciones eran erróneas y que habían sido difundidas con el objetivo de crear malestar.
En diciembre de 2002 un modelo de contrato con opción a compra a suscribir con Visocan comenzó a rondar entre los arrendatarios. En el acuerdo se solicitaba que los actuales inquilinos cumplieran con los requisitos para ser adjudicatarios de una Vivienda de Protección Oficial (VPO) y se ratificaba que al valor del inmueble se le descontarían las cantidades pagadas en concepto de renta. Nada se ha sabido desde entonces.
Se trata de familias que no pueden acceder a viviendas del mercado libre pero que tampoco reúnen los requisitos para acceder a una social. A pesar de ello, las condiciones que se valoraban eran las mismas: análisis de las rentas, cargas familiares… El problema se agrava por la dejadez y el descuido de sus casas por parte de Visocan. Problemas estructurales, humedades en los espacios comunes, filtraciones de agua en los garajes, azulejos rotos… Es el estado de algunos bloques del municipio grancanario de Telde.
Hace años denunciaron la falta de mantenimiento de los edificios y fue el mismo Tribunal Superior de Justicia de Canarias quien falló a favor de los inquilinos. Una sentencia de 2011 obliga a la empresa a la rehabilitación de los edificios. Ocho años después todo sigue igual. La directora del Instituto Canario de Vivienda, María del Pino León, explicó a este periódico que “sí que es cierto que Visocan, durante los años de la crisis, tuvo una incapacidad para abordar la rehabilitación de las casas”. León aseguró que en 2017 se comenzaron a dar subvenciones para la restauración que se alargarían hasta 2021.
20 años batallando y esta guerra no tiene fin. Años de reuniones y promesas incumplidas. El pasado 17 de diciembre los arrendatarios de las promociones de Telde recibieron una carta del gerente de Visocan, Víctor N. González, que desplomaba sus posibilidades de obtener la propiedad y donde se resumía que “el precio no podrá ser inferior al de mercado” y que no se descontaría “la cantidad abonada hasta ahora en concepto de arrendamiento”.
Es decir, la opción que barajaba el Gobierno hace cinco meses era vender estas viviendas, con innumerables deficiencias, a precio de mercado: 70.000 euros. El acuerdo se llevaría a cabo con los vecinos que ocupan los inmuebles en régimen de alquiler, pero con la condición de que cumplan los requisitos para demostrar que no pueden acceder al mercado libre. Además, se romperían todas las promesas de un posible alquiler con opción a compra. La justificación del Ejecutivo para tomar esta decisión es que de no ser así se incumplirían los reglamentos jurídicos y Visocan entraría en riesgo de disolución.
Después de este escrito, los vecinos decidieron echar toda la leña al asador. Grandes pancartas reivindicativas lucen en las fachadas de los edificios de El Caracol y Ojos de Garza. Han sido especialmente duros con el vicepresidente y vecino de Telde, Pablo Rodríguez, al que han nombrado “persona non grata en el barrio”. Tampoco se olvidaron de Visocan, con enunciados como: ¿Y la casa pa’ cuándo? o Gobierno de Canarias y Visocan estafan y engañan hacen privado lo público
A días de las elecciones, el Gobierno trata de revertir la situación. La solución que ha buscado es la de encargar un informe en el que se pueda aplicar el decreto 114, a través del cual se posibilita a los adjudicatarios de viviendas construidas antes de la vigencia del I Plan Canario de Vivienda y cedidas en régimen de alquiler, la compra de estas, con una subvención del 50% de su valor. “La única duda eran las consecuencias tributarias. Si Hacienda interpreta que el precio es 100 y ellos lo compran en 40 les pueden hacer una liquidación paralela por esos 60 y eso tendría consecuencias para los compradores y para Visocan”, explicó Fernando Clavijo a este periódico tras una reunión del Consejo Asesor.
“Hemos hecho una consulta vinculante a la Agencia Tributaria”, apuntó. El Ejecutivo está a la espera de la respuesta del Ministerio para decidir qué tratamiento se le dará para que “el inquilino sepa exactamente lo que le va a costar”. Sobre qué persona u organización ha avalado este informe, el presidente respondió que estaba firmado y avalado por los servicios jurídicos de la Comunidad Autónoma. Este periódico ha tenido acceso al documento y es el Catedrático de Derecho Administrativo Francisco José Villar Rojas, asesor de cabecera de Clavijo, quien lo ratifica.