La principal fortaleza de la convocatoria ecologista en las capitales canarias, a la que, vista la respuesta ciudadana, se puede considerar un rotundo éxito (sobre todo en Santa Cruz de Tenerife), consistía en la heterogeneidad de sus propuestas bajo el manto del muy genérico lema de “Canarias tiene un límite”. Esta diversidad de argumentos, unos más conectados con el mensaje principal que otros, suponía asimismo su principal debilidad, al no apuntar a un objetivo concreto, resumible en una medida icónica capaz de resumir el sentir popular y darle sentido. Sin embargo, los manifestantes realizaron un esfuerzo notable de simplificación del mensaje, hasta poner el acento de la marcha en dos preocupaciones muy claras: la escasez de vivienda asequible y la presión sobre el territorio, con particular atención a los espacios naturales del Archipiélago.
Es paradójico: una manifestación crítica con el modelo turístico habló más de vivienda que de turismo. Y, eso sí, se apartó de un modo explícito de todo mensaje asociado con la turismofobia, un temor incubado en los días previos del que nadie tuvo noticia. En la multiplicidad de mensajes propios de toda convocatoria masiva, la manifestación de Santa Cruz de Tenerife exigió “cambios” a una “clase política”, por cierto, muy poco representada en la marcha ciudadana. Pero también les puso tareas: una política de vivienda con mejores resultados, sobre todo en la modalidad de alquiler, y la implantación de una tasa turística. Estos fueron mensajes directos repetidos en todas las islas.
Convocatorias como la del 20-A describen hasta qué punto la crisis habitacional se ha convertido en un asunto totémico. En eso, como en el análisis sobre los límites del turismo, Canarias no es diferente a muchos otros territorios, aunque con la particularidad de nuestro territorio y sus limitaciones físicas, que en todo caso empeoran una realidad endiablada, cuya solución no puede ser encomendada al mercado, pero que al mismo presenta un cumplimiento mediocre por parte de las administraciones públicas, a la espera del milagro en forma de leyes estatales y autonómicas que prometen alquimia, aunque ya se sabe que el camino al infierno está también empedrado de buenas intenciones.
El cronista percibió la letra de la manifestación chicharrera desde una hora antes, en un asiento del tranvía y asistiendo a medio metro de distancia a la charla de dos señoras de edad mediana que comentaban su motivo para acudir a la convocatoria: “Es que no hay modo de encontrar un piso, a mi edificio también ha llegado el alquiler vacacional, es lo que que nunca…”. Los defensores del alquiler vacacional en las Islas tienen, sin duda, serios motivos para estar preocupados por el mensaje dominante en la convocatoria, porque se habló más de ellos (a través de proclamas y carteles acompañadas por muchas banderas canarias con las siete estrellas verdes) que de los hoteleros, a los que se reclamó, con idéntica energía, una moratoria y mejores condiciones laborales para sus trabajadores. La presencia sindical, no obstante, cedió todo su protagonismo a un mensaje que se presentó como cívico a secas, huidizo respecto a una palabra, política, con la que tendrá que relacionarse si quiere ver cumplidos los objetivos de la marcha. Porque de otro modo será imposible.
La escasez no solo de vivienda social de titularidad pública, sino también de vivienda asequible en el mercado privado, se ha convertido en la principal enfermedad crónica de nuestra sociedad, y eso es algo que quedó muy claro en la convocatoria. Canarias se suma en este aspecto a una realidad ya patente en todo el mundo desarrollado: la concentración de la riqueza hoy se manifiesta a través de la propiedad inmobiliaria. Cada vez hay más personas y familias sin una casa en propiedad; cada vez hay más propietarios de varios inmuebles, y sin embargo cae el número de unidades familiares propietarias de una sola vivienda, el patrón dominante de la clase media tradicional de las últimas décadas. De modo que la crisis de la vivienda es sobre todo una crisis de la clase media, una realidad agudizada tanto por las insuficiencias de la política inmobiliaria en las Islas (a la cola de Europa en porcentaje de viviendas públicas sobre el parque residencial total) como por la pujanza de nuevas tendencias, como el citado alquiler vacacional. Resolver la crisis de la vivienda, o al menos acercarla a la racionalidad, es tarea esencial de los poderes públicos de las Islas, y ese mensaje no pudo quedar más claro en la convocatoria.
El otro gran mensaje del 20-A fue la expresión del hartazgo sobre la saturación de los espacios naturales de las Islas, asociado a su vez a un modelo productivo con claros signos de tentación depredadora. Pero los portavoces de la marcha en Santa Cruz de Tenerife hilaron muy fino con este asunto, en particular Felipe Ravina, portavoz del manifiesto final y una de las voces que han ganado peso y respeto en estos días de exuberancia ecologista. Siempre dejó claro que la manifestación no iba contra el turismo en sí, sino contra sus interacciones negativas, y pronunció acto seguido la otra palabra totémica del 20 de abril: ecotasa. Lo hizo con la virtud de asignarle una finalidad, la regeneración de los espacios naturales de las Islas, algo que, apostilló, iría “en favor del turismo”.
Sin duda, la implantación de algún tipo de impuesto o tasa turística ha subido varios escalones respecto a su verosimilitud. Ha encontrado lo que en teoría de la comunicación se llama ventana de Overton: un asunto de interés público al que hace años se podía definir como minoritario, para algunos incluso impronunciable, ha encontrado acomodo en la mayoría de la población y comienza a romper las barreras que hasta ahora lo constreñían al mundo del ecologismo. A favor cuenta con una opinión ciudadana favorable y al hecho cierto de que su implantación en otros territorios no ha supuesto una merma en la competitividad del destino. ¿En contra? No consta tampoco que la ecotasa o como se le llame haya resuelto ninguno de los problemas que busca solucionar.
Pasadas unas horas, las voces de la calle cedieron el protagonismo a la típica resaca de las convocatorias masivas, en las que se combina la retirada orgullosa con los símbolos en la mano y el muy saludable hábito del fin de fiesta (y más si es sábado) en forma de almuerzo familiar o amistoso propicio además para comentar la jugada y completar el día. La sociedad canaria reunió probablemente a un centenar de miles de personas en sus capitales -algo que, absténgase escépticos, es muchísima gente- y lanzó un mensaje quizá más nítido del que se podía esperar: mejor política de vivienda y contención al desgaste territorial mediante la tasa turística. Ahora corresponde a los poderes públicos mover ficha, en la certeza de que hablamos de conceptos de muy distinta resolución: la ecotasa se podría implantar mañana, revertir la crisis sistémica de la vivienda conllevará mucho tiempo y la adopción de medidas más expeditivas respecto a lo que estamos acostumbrados en esta tierra. El Gobierno canario tendrá que decir algo a partir del lunes próximo. O sea, ya.