En el pleno del pasado 4 de abril, la presidenta de Nueva Canarias en Telde, Carmen Hernández, aseguró tener “33 facturas por valor de 130.000 euros” procedentes de una empresa de seguridad que reclama el cobro al Ayuntamiento de Telde por haber prestado servicios de vigilancia en la Casa de la Condesa de Jinámar, desde las 23:00 y hasta las 7:00 horas.
María del Carmen Castellano respondió alegando que “eso lo resolveremos en los juzgados, no en el pleno”, ya que “no hay contrato, no hay consentimiento del jefe de servicio”, pero no concretó si haría efectiva una denuncia ni cuándo. Lo que sí hizo fue señalar al exconcejal de Nueva Canarias, Agustín Arencibia, como el responsable del envío de un email para contratar el servicio, sin figurar ningún acuerdo firmado.
Seguridad Integral Canaria se señala como la empresa que habría reclamado la deuda y es una de las 10 divisiones que Miguel Ángel Ramírez alberga bajo el Grupo Ralons. Sin embargo, los destrozos ocurridos en la Casa de la Condesa en los últimos años muestran una protección de la zona más bien escasa.
“Los daños suman más dinero que las facturas” y existen “30 o 40 partes a la policía por robos y daños”, alegó Hernández. La escena es dantesca: puertas forzadas, estancias revueltas con material inflamable, desechos humanos, cristales rotos o cables arrancados.
El edificio del siglo XIX presenta paredes con huecos que un día albergaron focos, las huellas de un salvaescaleras para minusválidos desaparecido, una fuente averiada y vallas de protección oxidadas.
Es difícil creer que antaño se grabaran programas de televisión en semejante paisaje. Un vecino responsabiliza de la mayoría de incidentes, incluidos algunos incendios, a menores de edad, algunos de ellos ya identificados por la policía. Prefiere no revelar su nombre por miedo a las represalias, pero comenta que cierto día, a las 11:00 horas de la mañana, vio a tres chicos jóvenes con mochilas escolares entrando a los baños públicos del parque contiguo a la Casa de la Condesa. Gritaban y golpeaban el interior.
Él, les llamó la atención; ellos le amenazaron con ponerle la tapa del retrete como collar. Los grifos de los lavabos han sido sustraídos. Cerca de allí hay un quiosco cerrado. Una verja tuvo que ser soldada para impedir que accedieran personas a pernoctar bajo la barra. No hay interruptores. Se los llevaron.
El parque infantil también ha sido víctima de estas agresiones contra el patrimonio y ya ha tenido que ser reparado en más de una ocasión, según los testimonios de los viandantes. Muchas farolas están decapitadas, sin luminarias ni cables. El tanatorio fue destrozado antes de su apertura...
Y, así, los 3.000 metros cuadrados que fueron testigos del veraneo de los Condes de la Vega Grande, hoy lo son de un vandalismo sin aparente solución. Las caballerizas, la capilla y las viviendas del servicio se convirtieron en el almacén de la inversión a fondo perdido y del intento de reactivar una zona deprimida, en balde.