Mercadona anunció este verano la inversión de 39 millones de euros para reformar seis tiendas y abrir otras tres en Canarias. Entre los edificios que la cadena de supermercados prevé inaugurar está el nuevo centro comercial de San Cristóbal de La Laguna, ciudad declarada Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO en 1999. El uso comercial de esta parcela, valorada en 4.580.000 de euros y con una superficie de 3.957 metros cuadrados, fue autorizado por la diputada de Coalición Canaria en el Congreso, Ana Oramas, durante su etapa como alcaldesa de La Laguna. En 2005, Oramas aprovechó la necesidad de crear un Plan Especial de Protección (PEP) que protegiera el casco histórico para recalificar este terreno, propiedad de su familia, a pesar de que ese no fuera el fin último del Plan. Este tipo de modificaciones atañen al Plan General de Ordenación. Hasta ese momento, el inmueble tenía uso residencial público y era utilizado como cochera de guaguas de Transportes Tenerife S.L., compañía mercantil conocida en la Isla como “La Exclusiva” o “La empresa de los Oramas”.
La elaboración del Plan Especial de Protección fue encargada a la empresa Arquitectura, Urbanismo y Cooperación (AUC), de la que forma parte María Luisa Cerrillos, también directora de la Oficina de Gestión del Plan Especial de Protección de San Cristóbal de La Laguna. De esta forma, tanto la elaboración como la ejecución del plan se concentraron en la misma persona. El documento elaborado para proteger el casco histórico incluyó como espacios protegidos determinadas zonas de la ciudad que sobrepasan el ámbito declarado Bien de Interés Cultural, entre ellas la finca de uso residencial de los Oramas ubicada en la calle Marqués de Celada y la Avenida Lucas Vega. “Dentro del Casco Histórico se identifican 21 sectores urbanos, particularmente sensibles porque suponen un área de oportunidad para el Conjunto Histórico y tienen importancia ambiental para subsanar agresiones urbanas, como tapar medianías”, subraya la Memoria de Ordenación y Propuesta del PEP, consultada por este medio.
El texto justifica además la ampliación a la zona donde está la antigua cochera de guaguas apelando a la “necesidad de proteger un determinado sector de manzanas del camino de San Benito”, por ser uno de los accesos históricos tradicionales más importantes y consolidados. Esta ampliación preveía además incluir en un catálogo 21 viviendas de esa misma calle por su interés histórico. Pero no ha sido hasta este año cuando la Gerencia de Urbanismo del Ayuntamiento ha catalogado estas casas por “presentar valores patrimoniales de interés”.
Cuando el borrador fue sometido a información pública, los consejeros delegados de Transportes de Tenerife S.L., Lorenzo Hernández y José Luis Hernández-Francés, presentaron una serie de alegaciones el 26 de febrero de 2004. Entre ellas, la propuesta de asignar a la parcela el uso comercial, “admitiendo como usos complementarios el residencial, hotelero, cultural y de ocio”. Concluido el plazo de información pública, el 16 de septiembre de 2004, los propietarios de Transportes Tenerife S.L. presentaron otro escrito a la alcaldesa Ana Oramas, reconociendo que la entidad mercantil había tenido “diversas reuniones con la directora y los técnicos del equipo redactor del PEP” en las que habían alcanzado un “principio de acuerdo” para formalizar las propuestas planteadas en las alegaciones al borrador.
En esta segunda comunicación, los consejeros de la empresa incorporan unos planos del lugar y solicitan a la alcaldesa que los admita. Ambas peticiones se cumplen y este solar aparece en el PEP como parcela con ordenanza especial. La finalidad de la ordenación era conseguir “equipamiento público y superficie comercial en una zona necesitada de este uso, así como amplios estacionamientos”. Este periódico ha contactado con la diputada Oramas, que ha respondido que “desde que salió del Ayuntamiento no habla de temas municipales”.
Los objetivos del Plan Especial de Protección son, según el propio documento, gestionar y ordenar el Conjunto Histórico de La Laguna para preservar sus valores históricos, culturales y patrimoniales. Esta norma también prevé la ordenación pormenorizada de los terrenos y construcciones, detallando sus características y su destino urbanístico. El PEP también tiene la finalidad de catalogar las edificaciones mediante el establecimiento de los grados de protección adecuados y de los tipos de intervención permitidos en cada supuesto para garantizar la conservación de los valores arquitectónicos del casco histórico.
El documento definitivo determina que el PEP pretende eliminar la posibilidad de sustituir edificaciones antiguas mediante la reducción de los aprovechamientos volumétricos para que sean similares a los existentes, “garantizando la recuperación de la homogeneidad”. Otro de los propósitos es corregir la “tendencia a la excesiva concentración de usos terciarios” dentro del Conjunto Histórico, y así “potenciar los usos residenciales”.
La propiedad del terreno ha cambiado de manos en, al menos, tres ocasiones hasta llegar a Mercadona, pasando incluso por las del influyente e investigado empresario de Lanzarote Juan Francisco Rosa. En 1977, Leoncio Oramas Díaz Llanos, abuelo de la diputada de CC, aportó la finca a Transportes Tenerife S.L., que utilizaba el establecimiento como cochera de guaguas. En abril de de 2007, con el Plan Especial de Protección ya aprobado, esta compañía se disolvió en favor de siete entidades. El 65% de la finca pasó a ser de Juan Francisco Rosa a través de las sociedades Construcciones y Urbanizaciones Insulares S.A. y Meridian Lanzarote S.L. El 10% pasó a Canarias Rent & Investment S.L., administrada por el promotor Rafael Lasso, investigado en 2011 por la concesión masiva de licencias ilegales en el municipio de Yaiza (Lanzarote).
Otro 5% pasó a Velanza S.A., que tiene como administrador único al arquitecto Miguel Ángel Armas Matallana, acusado en el caso Stratvs junto a Rosa por la edificación de una bodega industrial en un Espacio Natural Protegido. Otro 10% se dividió entre Investment Las Coloradas S.A. y Promociones Inmobiliarias de Lanzarote S.A. El 5% quedó en manos de Eugenio González y Carmen Martínez Socias, la misma notaria que validó la disolución y división de Transportes Tenerife en las mencionadas empresas.
Dos meses después del reparto, en junio de 2007, todas estas sociedades aportaron sus porcentajes a la entidad mercantil Urbanización Tacoronte Naranjeros S.L., que pasó a tener el pleno dominio de la finca. Esta empresa fue creada en Lanzarote en noviembre de 2004, siete meses antes de la aprobación definitiva del Plan Especial de Protección. La sociedad tiene como administrador único a Bodegas Stratvs S.L. –también propiedad de Juan Francisco Rosa– y como apoderado a Antonio Curbelo Robayna. El 27 de agosto de 2020, Mercadona se convirtió en titular del pleno dominio de la finca, según un documento emitido por el Registro de la Propiedad de San Cristóbal de La Laguna.
Mercadona ha confirmado a esta redacción que ya está trabajando en la parcela, sin embargo “la obra aún se encuentra en la fase inicial” y se desconoce cuándo comenzará a funcionar el supermercado. El cartel del Ayuntamiento colocado en el exterior del terreno detalla que la sociedad obtuvo el 3 de agosto de este año la licencia para derribar dos edificaciones al completo y eliminar algunos elementos del inmueble protegido para su recuperación durante un plazo de dos años.
Para tratar de cumplir con el objetivo de “conseguir equipamiento público” con el que se recalificó la parcela de los Oramas, el entonces concejal de Urbanismo de La Laguna y luego expresidente del Gobierno de Canarias, Fernando Clavijo, acordó la cesión al Ayuntamiento de 18 plazas de garaje en esta parcela. El pacto se suscribió en julio de 2008 mediante la figura del convenio urbanístico, firmado por Clavijo y por Antonio Curbelo Robayna, de Urbanización Tacoronte Naranjeros S.L.
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