La Fiscalía de Santa Cruz de Tenerife pide 9 años de prisión y el pago de 300.000 euros por transmitir el VIH a su novio

La Fiscalía de Santa Cruz de Tenerife ha solicitado que se le imponga a una mujer una pena de 9 años de prisión y el pago de 300.000 euros a un hombre que fue su pareja y al que supuestamente transmitió el Síndrome de Inmunodeficiencia Adquirida (VIH). El juicio iba a tener lugar en el mes de junio pero quedó suspendido hasta la próxima semana.

La relación se inició en junio de 2018 pero desde 2014 ya sabía que estaba diagnosticada de esta enfermedad, por lo que a pesar de tener perfecto conocimiento de ello y del grave riesgo de contagio mantuvo relaciones sexuales durante un año sin informar a su novio y sin tomar las medidas de protección adecuadas. La consecuencia es que el hombre resultó contagiado por la mujer de lo que éste tuvo conocimiento el 16 de diciembre de 2019, momento a partir del cual precisa de un tratamiento médico a lo largo de toda su vida. Además, está obligado a tomar las medidas de cuidado necesarias para no contagiar la enfermedad a terceros, circunstancias todas ellas que afectan notablemente a su calidad de vida desde entonces.

El varón optó por denunciar los hechos ante la policía nacional a finales de 2019 y ahora el Ministerio Público ha considerado se trata de un supuesto delito de lesiones. Una vez que la acusada cumpla la posible pena de privación de libertad se le prohibiría acercarse a menos de 100 metros del perjudicado durante diez años y medio así como de comunicarse a través de cualquier medio. De los 300.000 euros fijados como indemnización, 150.000 se corresponden al tratamiento que deberá afrontar el infectado a lo largo de su vida y la cantidad restante servirá para compensar los sufrimientos morales causados, más el interés legal que sea fijado según la legislación.

En el juicio están llamados a declarar varios médicos forenses que han examinado a la mujer y del Servicio Canario de Salud (SCS) que informarán sobre la evolución de la enfermedad. En su momento se abrió la correspondiente pieza de responsabilidad civil con el fin de que la acusada prestase una fianza para hacer frente a la posible indemnización.