Ramón Trujillo, concejal de Izquierda Unida Canaria (IUC) en el Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife, ha presentado una denuncia para que la Fiscalía Provincial investigue si las palabras dirigidas por Dámaso Arteaga, concejal de Bienestar Comunitario y Servicios Públicos, a un grupo de trabajadores del ayuntamiento pudieran ser constitutivas de delitos de coacciones, acoso laboral, o ambos.
El texto de la denuncia, presentada este jueves, se apoya en el documento firmado con huellas dactilares por un grupo de trabajadores, en el que se da cuenta de cómo Arteaga exigió “lealtad política con sus decisiones”, y afirmó que “quien no estuviera de acuerdo debería pedir traslado a otro servicio”. Según Trujillo, en la reunión que tuvo lugar el pasado 18 de junio, el concejal “prohibió” que saliera ningún documento sin que hubiera pasado primero por su control político.
Arteaga también prohibió verbalmente que, en los expedientes referidos a contratistas y concesionarias, consten comunicaciones efectuadas por correo electrónico, pese a que esa vía es usada para comunicar incumplimientos de obligaciones por parte de las empresas y, asimismo, para acreditar que el funcionario ha cumplido con su deber, apunta Trujilo. El concejal de CC, según el representante de IUC, también prohibió que en los expedientes figuren “informes contradictorios”, algo, señala, que coarta el correcto ejercicio de las funciones públicas.
El edil de IUC, que pasó a formar parte de la corporación municipal tras los últimos comicios, sostiene que la conducta del concejal Arteaga debiera conllevar su cese inmediato por su interferencia en la independencia partidista con que deben trabajar los empleados públicos.