El concejal de SxTF-Equo en el Ayuntamiento de La Laguna, Nacho Viciana, le pide al alcalde, Fernando Clavijo, que cumpla con su promesa de transparencia y haga llegar de una vez a su Grupo los expedientes de las ayudas concedidas a Ricardo González Martín y María José Castañeda Cruz por la situación de las viviendas de Las Chumberas.
Viciana, que solicitó además los informes de Intervención que deben constar en los mismos al tratarse de resoluciones que generan obligación económica para el Ayuntamiento, recuerda que se pidieron hace 10 días y seguimos sin recibirlos, algo que no casa bien con la promesa de transparencia hecha por el alcalde el día en que se hizo pública su imputación.
SxTF-Equo no entiende la demora pues son los mismos expedientes que en su día tuvieron que entregar a la Policía por orden del juez, y basta con fotocopiarlos.
“Se trata de ayudas de emergencia social, que deben contar con los informes preceptivos de Intervención, que es la principal garantía para valorar si la concesión de la misma cumple o no la legalidad”, apunta en un comunicado.
En este contexto, apunta que “más allá de que sea cierto que las Bases de las ayudas económicas del área de Bienestar Social recogen en su artículo 7.2. que para recibir una ayuda de emergencia social se podrá prescindir de los requisitos de renta que debe cumplir cada unidad familiar por situaciones de carácter humanitario y de fuerza mayor; se exigen criterios técnicos para valorar que existan las razones de carácter humanitario y de fuerza mayor que habiliten a prescindir de los requisitos legales”.
Al respecto, apunta que “las razones humanitarias tienen que ver con los ingresos de la unidad familiar y las de fuerza mayor con una hipotética orden de desalojo que les obligara a dejar su vivienda”.
Nacho Viciana adelantó, además, que pedirán un informe técnico de las visitas periódicas e inspecciones de seguimiento de los edificios y viviendas afectadas de Las Chumberas, las anomalías detectadas y las propuestas realizadas conforme al grado de habitabilidad y otro con las ayudas que se han concedido a cada unidad familiar afectada, las que se han denegado si las hubiere, y los motivos que justifican tales decisiones.
Viciana insiste finalmente en que, sin prejuzgar si la actuación de los responsables municipales es constitutiva de delito o no, los datos que siguen apareciendo en los medios de comunicación dejan claro que el Gobierno municipal ha hecho trampas.