Los lodos del territorio

Una primera lectura del borrador del anteproyecto de Ley del Suelo de Canarias nos deja atónitos con algunos de los razonamientos que se arguyen para justificar la salida al mundo de las leyes de este texto. El inusitado esfuerzo que hace este preproyecto por enfrentar desarrollo económico con la protección de los recursos naturales resulta un planteamiento tan arcaico que tendríamos que remontarnos a fechas prediluvianas (antes de la Cumbre de la Tierra de 1992) para encontrar aseveraciones tan retrógradas como estas. Parece como si de un plumazo se quisiera ignorar toda la aportación que ha significado el concepto de desarrollo sostenible, suficientemente explicado en documentos internacionales desde el pasado siglo, y consagrado en la Declaración de Río de Janeiro que afirmaba: “A fin de alcanzar el desarrollo sostenible, la protección del medio ambiente deberá constituir parte integrante del proceso de desarrollo y no podrá considerarse en forma aislada” (Principio 4 de la Declaración de Río).

Pero cuando se sigue con la lectura de la exposición de motivos y se comprueba cómo se prodigan las ocurrencias, por ejemplo, cuando se afirma que en los momentos de expansión económica la balanza del desarrollo sostenible debe tender a la conservación mientras que “en un momento de crisis, la misma debe moverse hacia la generación de riqueza”, uno empieza a corroborar el nivel en el que está sumergido el nuevo Ejecutivo canario de CC- PSOE, y comienza a tener temores fundados de lo que puede uno encontrarse en el texto normativo.

Y el temor se asienta cuando se comprueba que, con esta propuesta de norma, el presidente del Gobierno canario ha decidido demoler, ya de manera definitiva, la construcción legal que nos hemos ido dotando desde hace más de quince años, reduciendo el valor de las directrices (que antes, por su propia naturaleza, desempeñaban un papel central); abandonando el principio de planificación previa frente a determinados proyectos lo que supone, como dice Ben Magec, planificar a golpe de ocurrencia; liquidando la Cotmac (aunque parece que el último borrador la resucita, no sabemos cuánto tiempo); eliminando la calificación territorial a la par que se otorga mayor permisividad de construcciones en el suelo rústico (nuestro recurso natural por excelencia) abriendo la posibilidad a los usos residenciales y turísticos. Nunca un presidente de Gobierno había entrado como elefante en una cacharrería con tanta soltura y desparpajo.

Se trata de la sempiterna versión local de las viejas fórmulas desreguladoras que, en los últimos años, se han ido introduciendo lentamente a través de diversas modificaciones legales y que ahora se intenta, de forma abrupta, dejar definitivamente instalada, a través de un menor control público en el proceso de elaboración del planeamiento y toma de decisiones territoriales, lo que, desde mi punto de vista, pone en grave riesgo nuestros recursos naturales. Por eso no está de más recordar que estos lodos territoriales en forma de borrador de proyecto de ley vienen de aquellos polvos que siempre fueron alegremente apoyados por PSOE-CC-PP.

En el fondo, con estas simplezas, el tripartito acredita que siempre ha carecido de un modelo de desarrollo sostenible para Canarias y esa incapacidad política la rellenan con ese mantra neocon de liberalizar el suelo (incluso el suelo rústico) para generar más crecimiento y que, pasado el tiempo, siempre acredita su fracaso económico y ambiental. No debemos permitir este retroceso, hemos desarrollado un modelo integrador desde la Ley de Directrices en el que hay que seguir profundizando, exigiendo mayores recursos (humanos y materiales) para consolidarlo, pero nunca abandonarlo por estos cantos de sirenas floridas. Si las fuerzas políticas y sociales de progreso fueran conscientes de lo que suponen estos cambios legales y se movilizaran en defensa del territorio, al presidente del Gobierno le auguro un calvario como el que sufrió con el PGO de La Laguna.