Peripecias y disparates

No es necesario incidir en la desastrosa gestión política que embadurna el procedimiento burocrático de aquellos desafortunados que, inmersos en un mercado laboral de precariedad creciente, se hallan en la penosa tesitura de tener que buscar con angustia un puesto de trabajo lo más digno posible desde el desolado escenario del paro, afrontando un patio de butacas de adversidad y rechazo, donde se les abuchea y maltrata con improperios y agravios que atentan contra su más elemental derecho a la dignidad de ser humano.

Para poder generalizar razonadamente esta reflexión, nada mejor que poner un ejemplo real y verídico que sirva como muestra del aluvión de casos similares que, para mayor escarnio, tienen la imposibilidad casi absoluta de contar sus penalidades y compartirlas con una opinión pública demasiado contaminada por discursos políticos y mendaces datos electoralistas.

Póngasele nombre a un trabajador de 50 años que lleva seis desempleado, tras 20 ejerciendo una misma actividad en varias empresas. Cobró las prestaciones correspondientes y el subsidio por cargas familiares. Inscrito desde el principio en el Servicio Canario de Empleo (SCE) como solicitante de un puesto de trabajo, con la obligación de presentarse con su firma para renovar la solicitud cada tres meses. A lo largo de estos seis años de precariedad, solo ha sido requerido dos veces para comparecer ante una empresa de trabajo temporal -las dos veces, en el último mes-. En la primera cita fue convocado para ser incorporado a diferentes planes de empleo mediante la realización de cursos de formación. Pero tras ser entrevistado al respecto, se desestimó su participación por no dar un perfil específico (cocinero, veterinaria…).

En la segunda convocatoria, 15 días después, fue requerido solo para dejar constancia de sus datos personales. Tuvo que aportar su NIF, vida laboral y currículum vitae (CV). Presentada la documentación, en la entrevista se le manifiesta que su CV ya no es válido; no por el contenido, que seguía siendo correcto e inamovible durante los últimos años, sino por el formato y la configuración -como que se había pasado de moda-. Tras explicarle que con ese currículum no le contrataría ninguna empresa, ¡el entrevistador lo apuntó a un curso sobre cómo realizar un CV correcto!, para que las posibles empresas contratantes tuvieran una constancia más vistosa de su perfil…

Fue citado para iniciar el curso en fecha próxima; pues hay que renovar el modelo y actualizarlo cada dos años, en un aparente e innecesario paripé, como no sea para desviar la atención de la propia funcionalidad del SCE con un cursillo más que sospechoso para, con esta artimaña, derivar en exclusiva la responsabilidad de encontrar trabajo hacia el propio desempleado, sin la pretendida ayuda del organismo oficial, que así se quita el muerto de encima.

¿Cabe mayor despropósito? Este caso puntual y concreto es un símbolo, por correlación, de cómo funciona todo lo demás. No solo en la cuestión laboral, sino en todo lo que afecta a una administración ineficiente y pervertida por una burocracia intencionadamente espesa y enfermiza.

Aquí se manifiesta el desastre total en el que nos ha sumido una errónea y fracasada estructura sociopolítica, en formato de 17 autonomías, incompatible con el tan cacareado Estado del bienestar por el despilfarro sistemático que supone un gasto público brutal, dedicado a emolumentos, privilegios materiales y vergonzosas prebendas de los innumerables cargos públicos, a costa de maltratar al pueblo con infames recortes y ruinosas actitudes de abuso sistemático como el aquí expuesto.

La gran chapuza: el desempleo está gestionado por dos entidades. La estatal SEPE (antiguo Inem), responsable de las prestaciones y los subsidios, y la autonómica SCE, que gestiona las demandas de empleo y la colocación laboral (tan nefastamente, como se ha explicado) y que a su vez externaliza la gestión final a artificiosas entidades particulares. Es la evidencia de que la transferencia de competencias -no solo en esta área- es una aberración insostenible. A la vista de los resultados, sobran las empresas privadas de empleo temporal, y sería menos gravoso y más racional que todas las funciones y cometidos se aglutinaran en un solo organismo centralizado que evitase la dispersión de sinergias.

Difícil solución tiene esto, pues quienes tienen el poder y la capacidad para resolver tanto desafuero son precisamente quienes más interesados están en que todo siga igual.

Un síntoma incuestionable: con qué premura se implantó de un plumazo la perniciosa reforma laboral… Y cómo se da largas a la urgentísima reforma electoral para minorar el vampirismo organizado contra un pueblo indefenso.

No es necesario incidir en la desastrosa gestión política que embadurna el procedimiento burocrático de aquellos desafortunados que, inmersos en un mercado laboral de precariedad creciente, se hallan en la penosa tesitura de tener que buscar con angustia un puesto de trabajo lo más digno posible desde el desolado escenario del paro, afrontando un patio de butacas de adversidad y rechazo, donde se les abuchea y maltrata con improperios y agravios que atentan contra su más elemental derecho a la dignidad de ser humano.

Para poder generalizar razonadamente esta reflexión, nada mejor que poner un ejemplo real y verídico que sirva como muestra del aluvión de casos similares que, para mayor escarnio, tienen la imposibilidad casi absoluta de contar sus penalidades y compartirlas con una opinión pública demasiado contaminada por discursos políticos y mendaces datos electoralistas.