Carlos Alonso amenazó al PSOE con romper el pacto en el Cabildo si no lo secundaba en un plan para sortear la 'crisis Plasencia'

El sorprendente cambio de criterio del presidente del Cabildo de Tenerife, Carlos Alonso (CC), sobre la compra a dedo de un edificio en Cabo Llanos (Santa Cruz de Tenerife) a una empresa de Antonio Plasencia por 23 millones de euros ha venido precedido de unos días convulsos con su socio de gobierno, el PSOE.

A principios de esta semana, el lunes por la tarde-noche, Carlos Alonso convocó una reunión política a la que asistieron consejeros socialistas y de CC en la Corporación insular y en la que este dejó claro que, o el PSOE lo acompañaba en una estrategia para salir del fango en el que se había metido ante la opinión pública con aquella compraventa a unos meses de las elecciones, o maquinaría excusas para romper el pacto político en febrero. Así de claro fue Carlos Alonso en esa cita; ese fue su ultimátum.

Este jueves, el mismo mandatario insular sorprendió con un extraño viraje tras haberse erigido en el máximo defensor de la compra a dedo del edificio de Plasencia, con su propuesta de que este viernes en el consejo rector del Instituto de Atención Social y Sociosanitaria (IASS) su presidenta, Juana María Reyes (CC), va a dar marcha atrás a esa compraventa, acordada el pasado 28 de diciembre con apoyo inicial de PSOE y PP (Podemos se abstuvo) y tras desmarcarse ambos partidos a los pocos días y dejar sola a CC en tan polémico asunto.

La solución ahora es convocar una oferta pública para la búsqueda de un edificio capaz de albergar 220 camas sociosanitarias en un plazo de 10 meses, condiciones que tendrá que justificar el IASS, pues son las mismas por las que adquirió el inmueble a Plasencia sin concurso público y pueden parecer hechas a la medida del conocido constructor; o sea, que la nueva fórmula “de la transparencia” es muy probable que conduzca al mismo lugar.

En la caldeada reunión convocada por Alonso el lunes pasado, estuvieron presentes Juana María Reyes y el consejero insular de Turismo y portavoz de CC en el Cabildo, Alberto Bernabé; por parte del PSOE asistieron Aurelio Abreu, Miguel Ángel Pérez y José Antonio Valbuena.

CC advirtió en esa cita que si los socialistas seguían con sus ataques a la operación y no buscaban una salida para que se hiciera esa compra, que puede ser la que este viernes se propondrá de forma oficial en el consejo rector del IASS, se rompería el acuerdo de gobierno en una semanas. ¿Cómo? Presentando mociones arteramente comprometedoras para los socialistas, de modo que Alonso pueda acusarlos de deslealtad y entonces, por pérdida de confianza, expulsarlos del equipo de gobierno. Por supuesto, CC no podía dar a entender a la sociedad que esa ruptura se producía por el asunto de Plasencia, y menos a las puertas de unos comicios.

Tal amonestación de Carlos Alonso ha encolerizado a un sector del PSOE en el Cabildo, el grupo partidario de dar un golpe sobre la mesa y que sean los socialistas los que tomen la iniciativa de romper el pacto de gobierno, dado el enorme descrédito que supone esa adquisición sin concurso público y en extrañas circunstancias a un empresario doblemente condenado por el caso Las Teresitas (que fue precisamente denunciado por los socialistas) y por el caso Áridos.

Es más, en el PSOE del Cabildo hay quienes están convencidos de que el edificio de Plasencia vale menos de lo que se pretende pagar por él y de que todo este asunto es un “auténtico escándalo”. Para ese sector díscolo del PSOE, alejado de las tesis de Aurelio Abreu, resulta imprescindible que un funcionario del Cabildo haga una tasación propia del inmueble que se pretende adquirir, aunque todo parece indicar que su actual jefe de filas en el Cabildo, Aurelio Abreu, no está por la labor de abandonar el grupo de gobierno.

El expediente “chapucero” del IASS

Llama además poderosamente la atención que el expediente administrativo lo ha intentado vender Alonso como un trámite impecable y una operación ventajosa para el Cabildo por la supuesta idoneidad del edificio, pero la realidad, como ha ido publicando Tenerife Ahora, es que la documentación genera una duda tras otra y contiene sospechosos entresijos y rapidísimos trámites para una lenta Administración pública.

Tantas sombras tiene el expediente que en la oposición del Cabildo casi todos ya lo dan como una obra “chapucera”, y “huele tan mal” que en Podemos se plantean llevarlo a la Fiscalía, si es que CC da por zanjada la polémica sin más explicaciones, como si no hubiera pasado nada.

Para empezar, la oferta de Plasencia llegó por registro de entrada al IASS el 14 de diciembre, pero en todos los informes se menciona que era conocida desde octubre, por lo que el Cabildo estuvo trabajando en esa compraventa antes de que hubiera ofrecimiento formal por parte de ese empresario a través de la firma Carlacand.

A ello se une que el IASS encargó una tasación del inmueble a Tinsa, también a dedo,  la misma empresa que infló el precio de las parcelas de Las Teresitas a la medida de Plasencia, como quedó probado en 2017 en la sentencia judicial -aún no firme- por la que fue condenado el conocido empresario. Pues bien, el IASS aceptó pagar 23 millones a Plasencia, más otros 6,1 para que el propio constructor adaptara el bloque de oficinas de Cabo Llanos a uso sociosanitario.

Y todo eso pese a que ningún funcionario público ha tasado el edificio, sino que el precio fijado por Tinsa, poco más de 300.000 euros menos que el pedido por Plasencia, lo validó el mismo servicio técnico del IASS que precisamente había reconocido en un informe anterior que carecía de medios, formación y datos para poder calibrar el precio de mercado.

Precisamente en la oposición del Cabildo, los críticos con esta operación de compraventa a dedo creen que esta Administración pública tiene por supuesto funcionarios capacitados para tasar ese inmueble, como la propia Pía Oramas, cuyo papel fue clave para desmontar la compraventa de Las Teresitas, ya que su tasación, cuando era arquitecta funcionaria en el Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife, por valor muy inferior al precio pagado, se ocultó en el expediente y se tomó como referencia la de Tinsa, que infló la cuantía con parámetros irreales en contacto con los vendedores, según la sentencia judicial.

Las prisas a finales de diciembre fueron tantas que el interventor del IASS primero se negó a hacer su informe por el escaso plazo para examinar la documentación y luego, pospuesta la convocatoria del consejo rector un día después (del 27 de diciembre al 28), solo avaló iniciar el trámite, pero no efectuar ningún pago, al tiempo que cuestionó la ausencia de concurso público por no estar bien justificada.

El interventor expone que, si la razón de la compra a dedo era la urgencia por realojar a los pacientes del hospital Febles Campos, no consta ningún informé técnico que advierta de que las instalaciones de ese antiguo centro están en tan mal estado que es preciso hacer la compra por el método directo. Es más, desde el PSOE ya se han fijado que en este mismo mandato se ha invertido en el Febles Campos medio millón de euros.