El concejal de Izquierda Unida Canaria (IUC) en el Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife Ramón Trujillo ha considerado “preocupante” que el Cabildo haya decidido la compra de un edificio por 23 millones de euros para destinarlo a actividad sociosanitaria al empresario Antonio Plasencia, condenado a penas de prisión por la compraventa ilegal de parcelas en Las Teresitas. Trujillo ha asegurado que, si lo hubiera construido el Cabildo, habría costado siete millones de euros menos.
El portavoz municipal de IUC cree que hay que explicar las razones por las que la compra del edificio, ubicado en Cabo Llanos, coincide con la compra de un solar anexo al Hospital Universitario de la Candelaria por 5,5 millones de euros, por parte del Gobierno de Canarias, sin que aún haya sentencia definitiva sobre la anulación del Plan General de Ordenación de Santa Cruz de Tenerife.
El concejal de IUC ha afirmado que “sorprende” el gasto de 29,1 millones de euros en la compra y rehabilitación del edificio de Cabo Llanos para albergar a los 270 pacientes del Hospital Febles Campos mientras se construye el Febles Campos II, que estará acabado en 2021, costará 16,7 millones y tendrá 205 plazas.
Trujillo ha advertido que la adquisición del edificio de Cabo Llanos supone unos 107.800 euros por plaza, frente a los 81.400 euros que habrá costado cada plaza cuando se construya el Hospital Febles Campos II. Detalló que cada plaza en Cabo Llanos costará 26.400 euros más y se trata, en principio, de un uso provisional, que durará unos dos años.
Precisó que, en suma, el edificio de Cabo Llanos costará 7,1 millones de euros más del precio que tendría si lo hubiera construido el Cabildo con el mismo coste por plaza que el Febles Campos II. Por lo tanto, según Trujillo, “lo menos que puede diagnosticarse es incompetencia en la planificación de las necesidades sociosanitarias por parte del Cabildo de Tenerife”.
Trujillo dijo que la compra de la parcela anexa al Hospital Universitario de la Candelaria debiera esperar hasta que la sentencia sobre la anulación del Plan General de Ordenación de Santa Cruz de Tenerife se haga firme, porque, si la anulación del Plan es revertida, cabe la posibilidad de expropiar la parcela considerada como sistema general sanitario, apuntó el edil.
En cualquier caso, afirma Trujillo, “la sentencia que anula el Plan General muestra cómo la incompetencia política sería la que provoca la compra de la parcela a un precio desmesurado, pues la sentencia afirma que no se justifica que la parcela esté sujeta a expropiación porque, al establecer el sistema general sanitario en su superficie, no se han concretado las necesidades a las que será destinada”.
La sentencia, de julio de 2017, afirma que el cambio de calificación de la parcela anexa al Hospital de la Candelaria en 2005 “no se ha ejecutado” y que hay “una gran incertidumbre sobre la posibilidad futura de su ejecución”, o una “extrema indecisión” sobre el uso futuro. “Esto quiere decir que si se hubiera concretado el uso específico de esa parcela y, además, se hubieran dado los pasos oportunos para llevarlo a la práctica, se habría podido aplicar la expropiación y ahorrar dinero público”, aclaró Trujillo.