Sabaté niega que el Cabildo de Tenerife pretenda favorecer a los areneros condenados en Güímar

El portavoz del grupo de Sí Se Puede-Podemos en el Cabildo de Tenerife, Fernando Sabaté, ha rechazado este martes (25 de octubre) las informaciones que aseguran que la proposición de ley para la protección de los barrancos de Güímar que propone la Corporación insular pretenda librar de la multa a los tres areneros condenados [el cuarto ha recurrido y no es firme] por la extracción ilegal de áridos.

Esta opinión de Sabaté, que lidera ese grupo de izquierdas en el Cabildo (con tres consejeros de Sí Se Puede y dos de Podemos, aunque uno de estos dos ya está más cerca de la primera de esas formaciones políticas), no ha sido compartida en todos sus extremos por la parte que representa a Podemos en la misma administración insular, pues, según han afirmado a este medio, no se tiene del todo claro, que es justo lo que a día de hoy se sigue estudiando, si la ley que se propone “concilia la protección del medio ambiente en la zona con la necesidad de que los areneros con sentencia firme [entre ellos Antonio Plasencia] paguen su condena de forma plena”. 

En declaraciones a la Cadena SER recogidas por Europa Press, Fernando Sabaté ha querido recordar que esta iniciativa legislativa se viene promoviendo en el Cabildo desde 2014, dos años antes de que los empresarios areneros José Enrique Morales, Pedro Sicilia y Antonio Plasencia fueran condenados a un año y tres meses de prisión por un delito contra el medio ambiente.

El portavoz considera que las informaciones publicadas el pasado fin de semana son debidas a una “posible confusión” o a “un enfrentamiento vinculado a las tensiones en el pacto de Gobierno de Canarias o a determinadas pugnas entre las élites del Archipiélago que le quieren dar una patada al Cabildo y a su presidente”.

Sabaté ha querido dejar claro que su partido, al menos Sí Se Puede, apoya esta iniciativa legislativa porque entiende que es el resultado de un esfuerzo para buscar una solución definitiva y que Güímar deje de ser un “coto de mineros”. “Si esta iniciativa sirve para ese propósito, [Carlos Alonso] nos tendrá trabajando y arrimando el hombro”, apostilló. Hay que recordar que los cinco consejeros de este grupo apoyaron en 2015, en un pleno del Cabildo, la propuesta legislativa impulsada por Carlos Alonso.

El consejero de Sí Se Puede-Podemos reconoce que con el presidente del Cabildo de Tenerife tienen “profundas” discrepancias en muchos asuntos, aunque cree que Carlos Alonso “tiene razón” cuando dice que esta ley no ha sido concebida para favorecer a los areneros, pues, insistió, esta ley estaba “lista y terminada” en 2014.

Aclaró, además, que la propia iniciativa legislativa ya preveía en su disposición adicional un apartado que decía que “había que ejecutar los planes de restauración y rehabilitación sin perjuicio de que las autoridades competentes exijan las responsabilidades en que incurrieran por esos incumplimientos”.

Según Sabaté, los responsables de lo que ha pasado en Güímar son todas las administraciones públicas, y la que más la Consejería de Industria del Gobierno de Canarias y su sección de Minas, que es “la que ha permitido que se hiciera lo que se hizo”. A su vez, ve paradójico que sea la Consejería de Industria la que diga que esta ley es inconstitucional. “Inconstitucional es lo que hicieron”, subrayó.