Podemos denuncia un gasto “irregular” de 204 millones en el Cabildo de Tenerife
El portavoz del grupo de Podemos en el Cabildo de Tenerife, Fernando Sabaté, aseguró este lunes que, durante el ejercicio de 2015, el Gobierno insular de CC-PSOE gastó de “forma irregular” más de 204 millones de euros, según se desprende del informe de fiscalización económica realizado por la Intervención General, departamento del propio Cabildo insular, sobre las cuentas de 2015.
“Tanto la multimillonaria cuantía de ese gasto irregular con fondos públicos como el tipo de reparos de legalidad formulados por la Intervención contra la política de gasto del equipo de Gobierno nos parecen absolutamente preocupantes y escandalosos”, resaltó Podemos en un comunicado.
En este se matiza que el gasto “irregular” afecta solo a la Corporación insular, o sea, sin tener en cuenta las posibles anomalías cometidas en organismos públicos, sociedades, consorcios y fundaciones del Cabildo, con lo que “la suma total de dinero gastado en contra del criterio de legalidad de la Intervención durante 2015 incluso puede ser mucho mayor”.
Sabaté avanzó que el grupo de Podemos está “realmente sorprendido con lo que está encontrando en los informes de fiscalización económica”, y dijo que va a “profundizar en el análisis económico de 2015 para intentar entender lo ocurrido y para dilucidar si hay indicios de delito” en las decisiones adoptadas por el grupo de Gobierno insular.
El reparo de legalidad más importante emitido en 2015 por la Intervención, detalló Sabaté, guarda relación con una operación financiera de más de 188,7 millones de euros, y añade que, además, este órgano de fiscalización económica mostró discrepancias con el gasto de otros 14,8 millones referidos a numerosos incumplimientos en materia de contratación de obras, servicios y suministros, así como encomiendas de gestión, convenios y subvenciones, muchas de ellas asignadas “de forma directa” por departamentos del Gobierno que preside Carlos Alonso, de CC.
En cuanto a las principales irregularidades detectadas por la Intervención, Sabaté aludió “al otorgamiento de subvenciones directas sin que se justifique en el expediente la imposibilidad o la dificultad de realizar una convocatoria pública” -la anomalía más frecuente- y la “falta de justificación de subvenciones concedidas anteriormente a los mismos perceptores y por los mismos conceptos”.
El portavoz insular de Podemos también añadió que abundan las advertencias a gastos “que, bajo el concepto de representativos o protocolarios, encierran verdaderas subvenciones en especie”.
Además, añadió que la fiscalización realizada incide en los contratos menores y de patrocinio, así como en los convenios de colaboración“, que, dada su naturaleza y contenido, deben quedar sometidos a la Ley General de Subvenciones”.
Sabaté remarcó que también abundan las referencias técnicas sobre “ausencia de la correcta acreditación de estar al corriente de las obligaciones tributarias y con la Seguridad Social”, sobre “falta de adecuada justificación del gasto según la finalidad para la que fue concedida” la subvención y sobre que “no se someten a las obligaciones de publicidad” que marca la legislación vigente en materia de subvenciones.
Presidencia se lleva la palma
En cuanto al número de reparos por áreas, batió el récord Presidencia, con un total de 20 advertencias de vulneración legal, y le siguió con 14 reparos el área de Innovación, Educación, Cultura y Deportes.
Turismo, Internacionalización y Acción Exterior recibió 10 reparos, mientras que Empleo, Comercio y Desarrollo Económico protagonizó nueve. Agricultura, Ganadería y Pesca tuvo ocho. Otras cinco consejerías se repartieron entre cuatro y dos reparos de legalidad.
Como recoge el informe del que se dio cuenta al pleno insular el pasado mes de diciembre, para poder gastar ese dinero, a pesar de las discrepancias legales formuladas por el área de Intervención, el presidente del Cabildo, Carlos Alonso (CC), levantó vía decreto un total de 64 reparos que afectaban a 201.096.281 euros.
Por otra parte, el pleno insular acordó el levantamiento de 12 reparos de legalidad que sumaban una cuantía total de 2.654.338 euros. A fecha 31 de diciembre, quedaban por levantar nueve reparos para poder llevar a cabo el abono de 680.056 euros, cuyo gasto había sido comprometido durante ese año.
