PSOE advierte de irregularidades en las casas del ITER que imposibilitan su explotación turística

El Grupo Socialista en el Cabildo de Tenerife ha dicho este jueves que las 24 viviendas bioclimáticas del ITER, en Granadilla de Abona (sur de Tenerife), “suman tantas irregularidades urbanísticas, que no es viable su explotación privada” sin completar antes la regularización de sus instalaciones.

El PSOE en Tenerife asegura que estas viviendas llevan cerradas desde 2020, y que “suman una enorme lista de irregularidades” que hacen “inviable su explotación por parte de una empresa privada, tal y como es la intención de la presidenta insular, Rosa Dávila”.

Explican que estas instalaciones están concebidas como laboratorio a escala natural de proyectos de experimentación, y agregan que las casas no cuentan con escritura pública de obra nueva ni inscripción registral.

“No consta información sobre la referencia catastral de las mismas, ya que todos los metros cuadrados construidos en la zona figuran como oficinas”, señala el Grupo Socialista en el Cabildo insular.

El PSOE advierte, además, que no tienen licencia de primera ocupación, que reporta las condiciones de habitabilidad, y que solo dispone de licencia individual de primera utilización para su uso como laboratorio a escala natural.

Afirma el partido socialista que tampoco se dispone de conexión a los servicios municipales de agua y sí de un sistema interno de abastecimiento con una depuradora que se construyó sin permiso del Consejo Insular de Aguas, también ente del Cabildo de Tenerife.

El Grupo Socialista recuerda que en el mandato de Pedro Martín (PSOE) hubo que hacer frente a “numerosas irregularidades”, y a la “madeja administrativa” que, asegura el partido, dejó Coalición Canaria en el ITER, como la existencia de una perrera privada ilegal en el lugar y problemas retributivos del personal.

“Los cuatro años del pasado mandato supusieron un enorme esfuerzo por resolver las numerosas irregularidades detectadas, algunas ya resueltas y otras a las que el actual equipo debe continuar tramitando una solución definitiva”, asevera el PSOE.

Asimismo, el PSOE considera que el anuncio lanzado por el Cabildo obedece más “a una campaña constante de marketing en la que se encuentra inmersa, que a la seguridad jurídica de cualquier adjudicatario, que se habría de enfrentar a todo un cúmulo de presuntas ilegalidades en el recinto”.