El presidente del Cabildo de Tenerife miente: ningún funcionario tasó el edificio de Plasencia

El Servicio de Ingeniería y Mantenimiento del Instituto de Atención Social y Sociosanitaria (IASS), organismo autónomo del Cabildo de Tenerife, ha admitido en un informe que carecía de medios y formación para poder hacer una tasación del edificio de 13 plantas con oficinas que esa entidad pública, el IASS, ha decidido comprar a la sociedad mercantil Carlacand, SL, una compañía de la familia del empresario tinerfeño condenado por el caso Las Teresitas Antonio Plasencia.

Por esa razón, ese servicio público insular decidió encargar la valoración a una empresa externa, en este caso Tinsa (la misma que infló el precio de los terrenos del frente de playa de Las Teresitas que el Ayuntamiento de Santa Cruz compró a una empresa de Antonio Plasencia e Ignacio González), que fijó el precio en 23,3 millones de euros teniendo en cuenta su uso previsto para oficinas, cifra casi clavada a los 23 que pidió la empresa Carlacand. 

Por lo tanto, no existe garantía alguna de funcionario, o sea, una tasación pública, de que ese sea el valor aproximado de mercado del bloque de oficinas ubicado en Cabo Llanos (Santa Cruz de Tenerife). Ese servicio del IASS solo se reconoció incapaz de hacer una valoración propia y al final el expediente de compraventa se ha montado y aprobado en su inicio con la única tasación de Tinsa, hecha a toda prisa, en tiempo récord.

Contrastan esas circunstancias con las declaraciones del presidente del Cabildo de Tenerife, Carlos Alonso (CC), que ha defendido ante los medios de comunicación esa compraventa con el argumento de que “todo se ha hecho sobre la base de una tasación oficial de un funcionario público”, y no es así.

La realidad es que el 3 de octubre, se supone que dos días después de que Carlacand entregara de manera oficiosa su oferta al IASS (el escrito lleva fecha del 1 de ese mes pero por Registro General figura, sorprendentemente, sellado el 14 de diciembre), dicho servicio activó la búsqueda de presupuestos de empresas tasadoras, “siguiendo instrucciones de la Gerencia” y con la directriz de que se diera la tasación “en el menor plazo posible”.

Así mismo consta en un informe técnico del 3 de octubre, a su vez inserto en otro del mismo servicio elaborado el 17 de diciembre, en el que, literalmente, se justifica que se encargue a una empresa externa la fijación de un precio con el siguiente argumento: “No existen medios propios ni formación específica del personal adscrito a este servicio [del IASS], ni conocimiento actualizado de precios de mercado que permitan acometer la realización de la citada valoración”.

Tinsa, otra adjudicación a dedo en el expediente

Sin que se conozcan en el expediente entregado a los grupos políticos de la oposición en el Cabildo qué otras empresas tasadoras fueron contactadas y qué presupuestos se recibieron, el IASS adjudicó el encargo a Tinsa, por 7.811 euros (IGIC incluido) y con un plazo de entrega de la tasación meteórico, apenas 10 días. 

No hay más explicaciones para esa elección que “la necesidad de realizar la citada valoración, la urgencia de esta y el importe que se ajusta a precio de mercado”. Y en efecto, el 18 de octubre, dos días antes del ya corto plazo para acabar el trabajo, Tinsa entrega su tasación, prácticamente clavada al precio que pedía Plasencia (apenas 319.373 euros más) en el escrito con su oferta de fecha de 1 de diciembre pasado, el mismo que luego se registró el 14 del mismo mes.

Se da circunstancia de que esa tasadora es la misma que, como quedó probado por la sentencia del caso Las Teresitas dictada en 2017 por la Audiencia Provincial, infló de forma artificial el precio de las parcelas del frente de playa en contacto con el arquitecto de los dueños de los terrenos, el propio Antonio Plasencia e Ignacio González, ambos condenados por esa venta al Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife, que ahora le va a reclamar los 52 millones pagados más intereses desde el año 2001, una vez la sentencia sea firme.

La tasación privada como única referencia

El Servicio de Ingeniería y Mantenimiento del IASS valida el 17 de diciembre de 2018 el dinero solicitado por Plasencia a cambio de su edificio de oficinas en Cabo Llanos, para convertirlo en geriátrico, en un informe firmado por un arquitecto técnico, quien afirma que el valor “no solo se ajusta al precio de mercado, sino que resulta incluso inferior, ya que se oferta en 23.000.000 euros, resultando una tasación de 23.39.373,80”. Da por bueno, por tanto, el técnico del IASS el importe de la compra del inmueble poniendo como única referencia la tasación de Tinsa.

Comoquiera que también la oferta de Carlacand incluye hacer igualmente la obra de adaptación del inmueble a centro sociosanitario por 6,1 millones de euros, el funcionario del IASS compara esta compra con otra oferta por otro centro ya en funcionamiento en Santa Cruz, cuya negociación se frustó en junio de 2017 porque el propietario pedía más que lo tasado. Así, frente a los 2.637 euros por metro cuadrado en que se ofreció la residencia Mirador de Ifara, en el caso del edificio de Plasencia la cantidad bajaba a 1.712 euros por metro cuadrado.

El autor del informe, Carlos Alonso Labrador, elogia la “excelente oportunidad” de la oferta de Plasencia para realojar a los pacientes del Hospital Febles Campos y de la residencia de Ofra, en el propio municipio de Santa Cruz, y tan solo con ejecutar obras de adaptación (cuyo coste, de 6,1 millones y que ejecutará el propio vendedor, también valida el funcionario).

Alonso advierte, eso sí, de que “resulta relevante destacar la enorme dificultad” de buscar inmuebles que cumplan las condiciones requeridas por el IASS, “lo que complica la valoración comparativa de inmuebles similares que puedan establecer precios de referencia para un centro de estas características”.