El plátano canario tiene un problema (y parece gordo) que se reproduce todos los años o al menos así ha ocurrido en las campañas más cercanas, cuando los datos obtenidos de retirada se pueden considerar desorbitados.
El año pasado, en 2016, los cosecheros de plátanos en las islas tuvieron que mandar a la basura (y no cobrar nada por ellos); o sea, retirar o inutilizar por el derrumbe del mercado peninsular (el único destino de la exportación, más algo en Portugal), como gusta decir a Asprocan, cerca de 16 millones de kilos de esa fruta (15,4 millones contabilizada la semana 34 del año pasado, del 22 al 28 de agosto).
Poco menos de un año después, solo un mes antes de tener los registros completos de agosto, la situación se asemeja a la de 2016: al cierre de julio de este año; esto es, hasta la semana 30 (24-30 de julio), la fruta cortada que no se ha comercializado ya llega a los 11 millones de kilos; sí, 11 millones. El envío total por semana a la Península está en torno a 6,5 millones de kilos y la marca de corte semanal ronda los 7,5-8 millones.
Ello quiere decir que, de mantenerse el ritmo actual de destrucción de plátano, el acumulado de 2017 puede estar en niveles cercanos a 2016 o incluso por encima de ese umbral. Si así fuera, se daría otro récord, pero en un plano muy negativo para el plátano isleño. Ahora bien, no hay que adelantar acontecimientos, pues todo dependerá de lo que ocurra en las cuatros semanas de este agosto, mes en el que el mercado peninsular todavía se mantiene muy bajo, caído, hundido...
Esos hasta ahora 11 millones de kilos acumulados, que es la suma de la llamada pica autorizada por la Consejería de Agricultura del Gobierno de Canarias previa solicitud de kilos de retirada formulada por Asprocan (Agricultura ha aceptado bastante menos kilos de pica que los pedidos por la organización que agrupa a las seis OPP de Canarias y ahora preside el palmero Domingo Martín, tras el cese de Henry Sicilia), han tenido como destino los siguientes lugares: Banco de Alimentos (en torno al 25% de los 11 millones), la menor parte (en todo 2016 esa institución de beneficencia recibió en Península unos tres millones de kilos de la fruta inutilizada entonces, con costes pagados por los agricultores isleños); explotaciones ganaderas locales, en teoría para el alimento de los animales, y gestores de residuos autorizados o complejos ambientales.
Esta es la versión oficial sobre lo que se hace con ese residuo agrícola no peligroso que siempre traslada Asprocan, pero casi todo el mundo sabe, y así mismo ha sido denunciado, que en determinadas explotaciones pecuarias, por ejemplo para evitar el abono de tasas en los complejos ambientales o el pago a gestores autorizados, se acumula más plátano del razonable atendiendo al número de cabezas existentes en ellas, como ocurre y hay casos localizados en la isla de La Palma.
La pica total de plátano representó en 2016 en torno al 4% de la producción que se comercializó el año anterior, unos 375 millones de kilos, según datos de la propia Asprocan que ha avalado la Consejería de Agricultura. Este año, el valor relativo de la retirada respecto a lo comercializado en 2016 se prevé que sea menor por la combinación del alza de la producción en ese periodo anual y el aumento de envíos a la Península (hubo unos 390 millones de kilos vendidos).
A diferencia de lo detectado el año pasado, cuando en efecto hubo mayor oferta de fruta por cuestiones meteorológicas (fueron más benignas o propicias), lo que se utilizó de argumento por Asprocan (se le oyó decir cientos de veces a Henry Sicilia, entonces presidente de esa entidad platanera) para justificar la retirada tan grande de fruta (los más de 15 millones de kilos), en 2017 eso no ha ocurrido así, o al menos en los mismos niveles. Pese a ello, y por lo que aportan los datos estadísticos en estos momentos, se va camino de estar cerca del umbral de destrucción de plátano el año pasado.
El plátano isleño tiene un problema, y este puede convertirse en estructural, al que no se le halla solución. No lo hacen los agricultores, o sea, Asprocan, y tampoco se ha conseguido con el apoyo del Gobierno de Canarias, que reparte año tras año entre todos los productores locales 141 millones de euros en ayudas del Posei, dinero que procede de fondos de la Unión Europea (unos 0,38 euros por kilo de fruta comercializada según la campaña de 2015, con 375 millones de kilos vendidos).
En estos momentos, es una realidad que las islas producen más de lo que pueden vender tal y como está estructurado el corte de la fruta. Hay más de la necesaria cuando el mercado peninsular pide menos, en primavera y sobre todo en verano, y además el precio de la venta que recibe el cosechero está peor remunerado en este periodo. Se trata de una enfermedad para la que, por lo que se ve, aún Asprocan (los agricultores canarios) no encuentra el antídoto.