El consejo de administración de la Autoridad Portuaria de Santa Cruz de Tenerife celebró este martes una sesión ordinaria bajo la presidencia de su titular, Ricardo Melchior, una cita que probablemente ha sido la última de Melchior como presidente del principal órgano de representación de los puertos estatales en la provincia occidental de Canarias, tras la propuesta de este lunes del Gobierno de Canarias de que ese puesto pase a ser ocupado por Pedro Suárez, del PP. La llegada de Suárez está pendiente de que el nombramiento se publique en el BOE.
Por ese motivo, el político de CC Ricardo Melchior agradeció a los consejeros presentes el apoyo prestado en estos “tres años difíciles, que finalmente han arrojado buenos resultados”.
También los consejeros presentes mostraron su reconocimiento a la labor prestada por el presidente de la Autoridad Portuaria tinerfeña y le brindaron un cálido aplauso que Melchior agradeció.
En lo que al orden del día del consejo se refiere, sus miembros conocieron el documento correspondiente al Plan de Empresa 2018 de esta Autoridad Portuaria y acordaron la adjudicación de los servicios de consultoría y asistencia técnica para la redacción de los proyectos de trazado y constructivos del viario de conexión del puerto de Granadilla con la autopista TF-1 a la licitadora integrada por Teno Ingenerios, SL, e Intecsa Inarsa, SAU, con un presupuesto de 360.000 euros y un plazo de veinticinco meses.
La futura obra de viario de conexión del puerto de Granadilla con la autopista TF-1 contará para su ejecución con financiación del Fondo Europeo de Desarrollo Regional (Feder 2014-2020) y con fondos del propio sistema portuario, concretamente del Fondo Financiero de Accesibilidad Terrestre-Portuaria, instrumento decisivo para acelerar la construcción de accesos terrestres a los puertos al considerarse la adecuada conectividad de estos como un factor estratégico para la economía española.
El consejo de administración acordó asimismo el otorgamiento de autorización administrativa a Sestife Sagep para la ocupación del edificio de la estación de Muelle Norte en el puerto de Santa Cruz de Tenerife, para su uso como oficinas administrativas, con el fin de desarrollar las actividades propias de su objeto social y por un periodo de tres años.