La Autoridad Portuaria de Santa Cruz de Tenerife tendrá acceso directo a la documentación de La Candelaria, filial tinerfeña de Contenemar, empresa que en el año 2010 entró en concurso de acreedores en toda España. El Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC) apoya la creación de un comité de gestión en el que estarán presentes dos miembros de Puertos y otros dos de la empresa, hoy desaparecida tras dejar un reguero de deudas en la isla.
La Candelaria, que operaba en la Dársena de Los Llanos, se opuso a la creación del comité al entender que ya había caducado la concesión. Un argumento que rechaza el TSJC al recordar que el recurso se presentó unos pocos meses antes de la declaración del concurso de acreedores.
En caso de que el fallo tenga un contenido idéntico en el Tribunal Supremo (TS), se creará un comité de gestión que textualmente: “estará investido de todas las facultades necesarias para acceder a la documentación e información general de la Entidad y, en particular, sobre la actividad de la empresa, información económica y contable y la relativa a costes de explotación, personal de la empresa, salarios, así como de las materias que son propias del conocimiento de los Administradores”.
Fue a principios de 2013 cuando el Juzgado de lo Mercantil Número 9 de Madrid dio por finalizado el concurso de acreedores de Contenemar. Este paso supuso que ya se sabía el montante total de las deudas y del dinero con el que se contaba para poder cubrirla.
En aquellos momentos se calculó que la empresa propiedad de la familia Seguí adeudaba sólo en Tenerife a la Autoridad Portuaria más de 20 millones por la ocupación del suelo, un millón a la Seguridad Social y otro tanto a los trabajadores. Por el contrario, en los ingresos apenas se contabilizaron poco más de 600.000 euros que se correspondían a la venta de 700 contenedores y cinco grandes grúas cuyo destino fue servir de chatarra.
Hasta el momento de declararse la quiebra, la naviera llegó a sostener el 30% del tráfico de contenedores de la isla, ya que operaba con entre diez y doce barcos de forma simultánea. Desde el momento del cierre se produjo un retroceso de alrededor del 10% en el tráfico de mercancías. De forma paralela esta actividad se tuvo que canalizar a través de otras navieras que trabajan con la Compañía Auxiliar del Puerto (Capsa), en la terminal de contenedores frente al barrio de María Jiménez.
Tras su desalojo de La Candelaria parecía más cercano el objetivo acariciado por la ciudad de dedicar este espacio de alrededor de 50.000 metros cuadrados a una marina con usos recreativos, náuticos, al ocio y a la restauración al estilo de la que se construyó en la Barcelona Olímpica. Sin embargo, poco después el lugar que dejaron los contenedores fue ocupado por las enormes plataformas petroleras que llegan al puerto para ser arregladas.
Además, para que la Dársena vuelva a la ciudad se debe iniciar el proceso con el fin de declarar que este suelo no tiene uso portuario, lo que puede alargarse durante cerca de una década. El argumento que se utilizará es que el escaso calado de esta parte de la bahía la hace inoperativa para las maniobras de grandes embarcaciones.