“El afán especulativo de Antonio Plasencia e Ignacio González los llevó a ser colaboradores necesarios, inductores de la malversación al Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife. Sin ellos, no estaríamos hablando del caso Las Teresitas”. De esta forma definió la fiscal Anticorrupción María Farnés Martínez-Frigola la esencia de la “trama” que llevó a pagar de las arcas municipales tres veces más por once parcelas del frente de la playa de Santa Cruz de Tenerife, de las que, además, tres eran públicas.
La fiscal empleó más de diez horas en exponer su informe de conclusiones definitivas, desde la mañana y tarde del miércoles hasta el mediodía de este jueves. Y entre esas conclusiones destacó que “el enriquecimiento escandaloso” de los empresarios acusados, dueños de Inversiones Las Teresitas, no se limitó a los 8.750 millones de pesetas que el Ayuntamiento de Miguel Zerolo pagó por la playa (52,2 millones de euros), sino que la venta de los terrenos de la trasera de esta a la firma Desurcic “supuso un negocio de 92 millones de euros (más de 15.000 millones de pesetas), y esas ganancias no las conoce la gente”.
La Fiscalía solicita cuatro años de prisión para cada uno de ellos, penas que la acusación pública ha elevado a ocho años en caso de ser considerados inductores de los delitos de malversación y prevaricación.
En su informe, Farnés Martínez-Frigola señaló en diferentes ocasiones que la conducta de Plasencia y González (dos de los empresarios con más peso en la provincia tinerfeña durante décadas, expresidente de la patronal de la construcción y expresidente de la Cámara de Comercio, respectivamente) “fue imprescindible para que se llevara a cabo la malversación”.
“En el convenio urbanístico que ellos mismos redactan, el Ayuntamiento se compromete a convertir parcelas públicas en privadas, a variar Las Huertas en suelo residencial... No solo fijaron el precio, sino las condiciones”. No se le escapó que para redactar ese convenio urbanístico los empresarios contrataron a Javier Domínguez Anadón, quien ha actuado como perito en la vista oral.
La participación de Plasencia y González Martín en lo que la fiscal calificó como “trama” comenzó “mucho antes, desde junio de 1998”, y ello gracias a la capacidad de influencia de los dos empresarios que, “con una sociedad fantasma” (Inversiones Las Teresitas), lograron que se les concediera, por trámite de urgencia, un crédito de 5.500 millones de pesetas, “sin comprobaciones urbanísticas” y con un informe de viabilidad “en el que se referían a parcelas ya gestionadas, listas para iniciar obras y con más volumetría de la real”.
El cohecho velado
Aunque el cohecho (soborno) no ha podido ser demostrado durante la instrucción judicial del caso Las Teresitas, la fiscal se refirió a él al recordar los cuatro millones de euros que el expresidente de CajaCanarias, Rodolfo Núñez Ruano, recibió en varios pagos “no justificados” de empresas o cuentas de Antonio Plasencia en los meses siguientes a la concesión del préstamo multimillonario.
También recordó que CajaCanarias concedió el préstamo con el voto favorable de Ignacio González, que se sentaba en el consejo de administración de la entidad financiera, cuando Inversiones Las Teresitas solo estaba integrada por Plasencia y un humilde empleado del propio González. “Había un profundo interés por parte de la caja para conceder la operación”.
En cuanto las presiones que recibió otro consejero de la entidad, Amid Achi, por parte de Álvaro Arvelo, quien era director general de CajaCanarias, para apoyar esa concesión del préstamo, la fiscal indicó que no había prueba alguna de que las denunciara por despecho, “y siempre sus palabras han sido las mismas desde el inicio” de la investigación judicial.
¿Por qué el pelotazo?
La fiscal rebatió uno de los pilares de los abogados de la defensa, como son las dilaciones indebidas, dado que han transcurrido casi diez años desde que se presentó la denuncia por este supuesto “pelotazo”, al alegar la complejidad de la instrucción judicial, en la que en un principio figuraba como aforado Miguel Zerolo, para quien se piden ocho años de prisión por malversación y prevaricación.
“Si la causa es compleja, la dilación no puede ser indebida. Todos los hechos son conexos, se refieren a actuaciones conjuntas. El número de acusados, de testigos, de empresas investigadas, de comisiones rogatorias... Se ha hecho rápido. Es un éxito el tiempo de la tramitación”, aseveró.
Ello, dijo, se suma a que una reciente sentencia sobre una pieza separada de este caso, relacionada con los terrenos traseros de la playa y en la que los exdirigentes de la Junta de Compensación de Las Teresitas han sido condenados, ha desestimado ese retraso malicioso en la Administración de Justicia.
Pero la pregunta esencial es por qué. Por qué Miguel Zerolo, Manuel Parejo (ambos de CC) y los funcionarios acusados cometieron esa posible malversación que la fiscal calificó como una estafa al pueblo de Santa Cruz de Tenerife.
Sin motivo es difícil explicar un delito. Y la fiscal ha encontrado dos: el éxito electoral para Coalición Canaria que suponía la campaña de no edificación del frente de la playa, gracias a la buena acción de comprar su frente, y, quizá, el más importante: los 16 millones de euros que salieron de las cuentas de empresas de Antonio Plasencia y cerca de 500.000 euros que lo hicieron de cuentas de Ignacio González “con destino desconocido”.