El exletrado del Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife Ruymán Torres testificó este viernes en el juicio por el caso de Las Teresitas y declaró que de hecho los terrenos del frente de playa adquiridos en 2001 a los empresarios Antonio Plasencia e Ignacio González por 53 millones de euros eran de titularidad pública por una cesión desde 1967.
En la sesión también testificó el abogado Mauricio Hayek, quien asesoraba a la junta de compensación que vendió los terrenos en 1988 a Plasencia y González, propietarios de Inversiones Las Teresitas.
Hayek negó que estos terrenos fueran de titularidad municipal, admitió haber cobrado casi 1,8 millones de euros de los empresarios por “encargos de asesoría sobre planeamiento” y afirmó que nunca se reunió con los políticos procesados por el caso de Las Teresitas para tratar de la venta de los terrenos.
En su declaración, Mauricio Hayek negó que haya estado “al servicio” de los empresarios González y Plasencia a la vez que asesoraba a la junta de compensación.
Sin embargo, admitió que cobró de ellos tres pagos de 87 millones de pesetas por un asesoramiento técnico sobre planeamiento, pero negó cualquier relación con la operación de venta del frente de playa.
Hayek dijo que sus reuniones siempre fueron con técnicos de la gerencia de urbanismo, pero no con políticos.
Aseguró no recordar una reunión el 11 de enero de 2001, poco antes de aprobarse en el pleno municipal el acuerdo marco con Inversiones Las Teresitas.
A esa reunión, según consta en el acta de la sesión plenaria, asistieron Hayek, Plasencia y González, y los entonces alcalde, Miguel Zerolo, portavoz del PP, José Emilio García Gómez, portavoz del PSOE, Emilio Fresco, y concejal de urbanismo, Manuel Parejo.
En cuanto a si los terrenos adquiridos por el Ayuntamiento a los empresarios eran ya de propiedad municipal, el exletrado de la gerencia de urbanismo Ruymán Torres explicó que en 1967 los propietarios de los terrenos de la playa de Las Teresitas reunidos en la junta de compensación, el Ayuntamiento y el Cabildo acordaron acometer las obras para construir una playa artificial.
El acuerdo era financiar las obras a partes iguales, si bien, ante la falta de fondos de la junta de compensación, se convino que el Ayuntamiento aportaría los 50 millones de pesetas que correspondían a la parte privada a cambio de la cesión de la propiedad de los terrenos del frente de playa.
Los terrenos cedidos revertirían a la junta de compensación una vez satisfechos los 50 millones de pesetas, según ese acuerdo, pero sólo se abonaron 37 millones, no así los once millones restantes, por lo que el frente de playa que compró el Ayuntamiento en 2001 ya era de hecho suyo.
Ruymán Torres fue quien encontró en 2013 la documentación que probaría que los terrenos eran del Ayuntamiento, la cual fue presentada a la fiscalía por el alcalde, José Manuel Bermúdez, según explicó.
Revisando el expediente de Las Teresitas, el entonces letrado municipal encontró un requerimiento de pago por los 11 millones de euros con fecha de agosto de 2001, previo a la operación de compra de los terrenos a los dos empresarios, pero no constaba a qué obedecía esa deuda.
Toda la documentación estaba bajo llave en el despacho del secretario de la gerencia de urbanismo, Víctor Reyes, y cuando pudo acceder a ella, el letrado encontró los documentos sobre la cesión de la titularidad en 1967.
Había dos copias simples de la escritura de cesión, una de las cuales contenía anotaciones y subrayados que llamaron la atención de Ruymán Torres, porque en su opinión demostraban que “alguien había analizado antes la escritura con la idea de que la propiedad de los terrenos pudiera ser del Ayuntamiento”.
Tras comunicar el hallazgo al alcalde, Torres se dirigió a la tesorería municipal, donde las liquidaciones y notificaciones reclamando la deuda de once millones a la junta de compensación estaban guardadas bajo llave en una caja de caudales junto a otra documentación relacionada con los antiguos propietarios de los terrenos.
“Las reclamaciones dan a entender que se sabía” la posibilidad de que los terrenos adquiridos a Plasencia y González fuera de titularidad municipal, dijo Ruymán Torres a preguntas de la fiscal, y señaló que el incumplimiento del pago de los once millones de pesetas indica que “el Ayuntamiento puede recuperar lo que es suyo”.
El exletrado municipal también reveló que descubrió que en 2007 alguien había llevado a cabo en el servicio de cartografía algo que hizo él en 2013 cuando descubrió la documentación: una superposición en un plano de las parcelas cedidas en 1967 en el que se comprobaba que esos terrenos incluían no sólo la parte de la playa sino también terreno edificable.
El abogado de la junta de compensación de Las Teresitas, Mauricio Hayek, sostuvo sin embargo que los terrenos habían sido revertidos a sus propietarios originales porque la deuda de 50 millones de pesetas al Ayuntamiento había sido saldada.
Señaló que en el convenio firmado en 1986 entre ambas partes quedó sin efecto la cesión de 1967 porque los once millones de pesetas que restaban de pagar se liquidaron mediante un aval del Banco Popular de febrero de 1988 por 12 millones de euros.
Ese aval nunca fue ejecutado por el Ayuntamiento y, según aseguró Hayek, sigue vigente a disposición del consistorio.
Pero Ruymán Torres afirmó que ese aval es imposible de ejecutar porque no se extendió para cubrir la deuda del convenio de 1967 sino con otro propósito.
En realidad corresponde al 6% de unas obras de urbanización de la playa acordadas en el convenio de 1986 que debería asumir la junta de compensación, dijo.
La fiscal María Farnés Martínez preguntó sobre este asunto a Hayek y subrayó que el importe del aval es exactamente el 6% del importe total de las obras de urbanización, como se acordó en el convenio de 1986.