Para las acusaciones particulares del caso Las Teresitas no cabe duda de que las posibilidades de fuga de Miguel Zerolo, condenado a siete años de prisión y 17 de inhabilitación por esta causa, son “altísimas”. Tan altas como la posibilidad de fugarse de otros tres condenados: Manuel Parejo y los empresarios Antonio Plasencia e Ignacio González Martín. Para los cuatro se ha pedido la prisión incondicional.
Es lo que ha manifestado la fiscal Anticorrupción, María Farnés Martínez, al tribunal de la Sección Segunda de la Audiencia Provincial de Santa Cruz de Tenerife, en la comparecencia (vistilla) que se ha celebrado este viernes para solicitar la adopción de medidas cautelares que garanticen el cumplimiento de la sentencia, aunque no sea firme y haya sido recurrida al Tribunal Supremo, de acuerdo con la Ley de Enjuiciamiento Criminal.
Esas medidas, personales unas (el arraigo) y reales otras (la fianza para cumplir con la responsabilidad civil), van desde el ingreso en prisión provisional hasta la liberad provisional con fianza, o la simple retirada del pasaporte y/o comparecencia en los juzgados cada mes o cada 15 días.
La petición de prisión provisional para Miguel Zerolo ha sido contundente. El exalcalde de la capital tinerfeña y exsenador por Coalición Canaria se volvió a sentar en el banquillo de los acusados al lado de otros dos condenados, los funcionarios Tomás Martín y Víctor Reyes (no acudieron los empresarios Antonio Plasencia ni Ignacio González, ni el exconcejal de Urbanismo Manuel Parejo, que cumple otra condena en la cárcel de Tenerife), y escuchó, negando con la cabeza, el repaso que la Policía Judicial hizo a sus cuentas bancarias y a las de su familia desde 1999 hasta 2006, cuando se presentó la denuncia ante la Fiscalía que iniciara esta causa.
La descripción de los hechos y supuestos sobre las posibilidades de fuga de Miguel Zerolo, “multiplicadas tras conocer la sentencia por la que ha sido condenado”, la llevó a cabo María Farnés Martínez. Para ello se basó en una sentencia del Tribunal Constitucional.
“No tiene actividad profesional actual, así que no tiene arraigo profesional aquí”. Entre 1999 y 2006, apenas ha habido movimientos en sus cuentas bancarias, con meses en esos años en los que ni siquiera se ha reflejado un gasto de supermercado o retirada de dinero en efectivo. Ningún gasto. “Tiene una cuenta encubierta. Ha tenido que disponer de dinero para su vida cotidiana. ¿De dónde lo ha sacado? Ni idea”, dijo la fiscal, quien añadió que el alcalde (al que se le califica en la sentencia como la cabeza de “una trama delictiva organizada”) no hizo durante la investigación judicial nada “para desmentir los indicios policiales”.
Los premios de lotería
Miguel Zerolo siempre ha afirmado que le tocó la lotería de Navidad y acto seguido la de El Niño, pero la fiscal se preguntó de dónde había obtenido el dinero para pagar una serie entera y gastar más de 2.000 euros, como tampoco se explica la compra de varios vehículos de gama media pagados en efectivo, entre 1999 y 2002.
Es el tiempo en el que se llevó a cabo la operación de Las Teresitas, es decir, desde que Antonio Plasencia e Ignacio González Martín, que eran los empresarios más poderosos de la provincia tinerfeña, crearon Inversiones Las Teresitas, SL, para comprar todos los terrenos de la playa y tres años después venderlos al Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife, la décima parte, el frente, por tres veces su valor.
Entre medias, sí aparecen gastos en las cuentas bancarias de Zerolo pero para ocio, como viajes a Senegal, Ghana, Argentina o Uruguay. La fiscal recordó al tribunal que, cuando en 2011 Zerolo fue nombrado senador por Coalición Canaria, hizo público que tenía acciones en diversas empresas, algunas de ellas mineras, por valor de más de 467.000 euros. “Es evidente y acreditado que tiene una patrimonio y una economía oculta”.
La sentencia de la Audiencia Provincial ha expuesto que la indemnización al Ayuntamiento por el perjuicio causado se acerca a los 62 millones de euros (52.588.156,75 euros, a los que se suman 9.159.884,67 de intereses), por lo que la Fiscalía y la acusación particular han solicitado que se lleve a cabo el bloqueo de cuentas bancarias, depósitos u otros productos financieros de los seis condenados para garantizar el pago, y que, en caso no se ser suficiente, se embarguen los bienes muebles e inmuebles que indirectamente pudieran tener.
Los arraigos en el extranjero
Las acusaciones particulares también destacaron las altas posibilidades de fuga de Manuel Parejo, pese a que ya está en prisión por el caso Mamotreto. Sin embargo, al cumplir una pena de poco más de tres años y poder obtener beneficios penitenciarios en nueve meses, las posibilidades de fuga son elevadas, máxime cuando está pendiente de que se celebre otro juicio por el caso La Ninfa, por el que puede ser condenado a seis años de cárcel. En total, más de 16.
Manuel Parejo, que era concejal de Urbanismo y mano derecha de Miguel Zerolo entre 1999 y 2001, tiene su familia y su trabajo en Tenerife, pero la fiscal desveló que Parejo tiene un hijo en República Dominicana, que a su vez tiene una empresa sin actividad mercantil clara, que arrancó con ocho millones de pesetas en 1999 y que en 2001 tenía un capital superior al millón y medio de euros.
“No tenía actividad en España pero había transferencias regulares de capital de República Dominicana a Tenerife y de Tenerife a República Dominicana, con las comisiones bancarias que ello supone. La explicación es que las certificaciones bancarias justificaban las salidas de capital al extranjero”, dijo la fiscal, por lo que cree probable que tenga algún patrimonio fuera de España.
Antonio Plasencia igualmente tiene familiares fuera. Su hija Ana reside en Estados Unidos y a su cuenta han llegado transferencias que superan los cinco millones y medio de euros. Además, prosiguió la fiscal, de las cuentas de Ignacio Plasencia e Ignacio González salieron 423 millones de euros y 170 millones de euros que “no se sabe dónde han ido a parar”, dijo Martínez.
A Ignacio González no se le conocen familiares en el extranjero, pero sí sus numerosas transferencias de capital a diversos países para la compra de inmuebles, como hoteles, por lo que la fiscal asimismo cree que existe riesgo de fuga. La acusación particular solicitó que, en caso de que no se dictase la medida cautelar de prisión, se le impusiera una libertad condicionada y una fianza de al menos el 10% de la responsabilidad civil, esto es, de unos seis millones de euros.
Los otros dos condenados por el caso Las Teresitas, Tomás Martín y Víctor Reyes, el exgerente y el exsecretario general de la Gerencia de Urbanismo, respectivamente, condenados a penas más bajas, de cuatro años y cuatro años y medio de cárcel, no tendrán que ir a prisión provisional, ya que las acusaciones no lo han solicitado.
“Es una anticipación de la pena”
El abogado defensor de Zerolo dijo sentirse “indignado” ante la petición de prisión porque se trataría de una “anticipación de la pena”, ya que ha recurrido la sentencia ante el Tribunal Supremo, pero centró su alegato en que “no se tiene prueba alguna de los hechos expuestos. El cohecho quedó fuera de la vista oral”, dijo.
Jorge Muñoz rebajó el dinero de las acciones de bolsa que tenía Zerolo a 150.000 euros porque “las acciones suben y bajan además del sobrecoste de tener dos hijos que estudiaban en Madrid”. En relación con el dinero en su bolsillo para la vida cotidiana, reprochó a la fiscal que no supiera que las retribuciones del alcalde como consejero de CajaCanarias y como miembro del consejo de administración de la Autoridad Portuaria tinerfeña “se pagaban en efectivo”.
“Son hechos subjetivos. Es inadmisible que se pida la prisión provisional. Como mucho, que se le retire el pasaporte”.
El abogado de Manuel Parejo coincidió con su colega en que la privación de libertad supondría una anticipación de la pena, cuando esta no es firme. “Si no hay sentencia firme, Parejo es inocente”, recalcó, y en cuanto al riesgo de fuga, lo considera imposible “porque antes se tendría que fugar de la prisión”.
Recordó que Manuel Parejo “ingresó voluntariamente en la penitenciaría de Tenerife cuando ya conocía la sentencia” del caso Las Teresitas, lo que le supone indicio sobrado para garantizar que no tiene intención de huir del país.
La defensa de Antonio Plasencia sostuvo que se estaba ante “un acto propagandístico”, para “tener buenos titulares”, porque dijo no explicarse cómo teniendo tan claro el alto riesgo de fuga la fiscal no había solicitado “el mismo día que se conoció la sentencia, el pasado 27 de abril, la adopción de las medidas cautelares”. “Mi cliente no ha venido hoy porque el tribunal se lo ha permitido. Tiene 80 años y está convencido de que se ganará este juicio en el Tribunal Supremo”, aseveró.
“Pretender que con 80 años quiera fugarse, y que ahora esté con otros delincuentes comunes haciéndose un pasaporte falso... Toda su familia está aquí, hijos, nietos. Si quiere yo le traigo su pasaporte ahora mismo. Hay medidas menos gravosas que la privación de libertad”.
El abogado del que fue presidente de la Cámara de Comercio tinerfeña, Ignacio González, defendió que “no concurren los requisitos para que se adopte ningún tipo de medida”, y en todo caso, añadió, “el ingreso en prisión ”es una medida excepcional“.
La “mala fe” del Ayuntamiento de Santa Cruz
Una vez decidido por los magistrados que la vista sería pública, el presidente del tribunal, Joaquín Astor Landete, dedicó unos minutos a reprocharle a la representante del Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife la “mala fe” de sus servicios jurídicos al adherirse a las peticiones de la Fiscalía tan solo unas horas antes de la celebración de la vistilla de este viernes.
El magistrado dejó claro a la letrada que “la presentación de los escritos la tarde del día anterior, cuando tenían conocimiento de esta comparecencia desde hacía días, no son las formas”.