El cierre de playas en Tenerife por la presencia de la bacteria E.coli es ya casi una tradición veraniega. Sobre todo en el mes de septiembre, cuando el mar se calma y la quietud de las aguas facilita su aparición en las zonas de baño. Pero ¿cómo llega al mar una bacteria que se encuentra en el intestino de los humanos?
Pablo Martín es biólogo marino y frente a la Playa de los Abriguitos, en Abades, explica la problemática: “A tan solo 200 metros de la orilla y a unos nueve metros de profundidad hay una tubería expulsando de forma continuada toda la mierda que viene directamente desde las casas del pueblo”. Se trata de un emisario ilegal que expulsa aguas fecales que ni siquiera han pasado por un proceso de depuración. “Este es un punto muy frecuentado por buceadores. Los cebadales que hay en esta zona hacen que este espacio sea un lugar muy atractivo para todo tipo de fauna marina, especialmente para las tortugas. Es una pena que nos lo estemos cargando”, lamenta.
Ya en la orilla, se pone las aletas y se sube el neopreno mientras comenta lo comunes que son estos vertidos a lo largo de los 336 kilómetros de costa que tiene Tenerife. Tras unos cuantos minutos nadando, Pablo da con el famoso emisario. Su dedo señala el lugar exacto en el fondo, pero la turbidez del agua en este punto no deja ver con claridad. “Cuidado con tragar agua ahora”, advierte. Al rato, una gran nube amarillenta aparece. Ahora sí se aprecia la desembocadura de la tubería. Pablo desciende con su cámara acuática y graba unos cuantos planos de cerca; demuestra tener unos buenos pulmones. La nube se va disipando y las partículas de los restos fecales se pueden observar a simple vista. A los pocos minutos vuelve a salir otra aún mayor. Esto no para.
Durante la vuelta a nado a la orilla Pablo se da cuenta de algo: las olas están arrastrando todas estas partículas a la zona de baño. Efectivamente, a medida que la orilla se acerca, el agua parece estar más sucia. Ya fuera, unas señoras se secan tras su baño mañanero mientras hablan de lo que les espera para comer hoy. “Lo peor es que toda esta gente probablemente ignora lo que pasa allí abajo”, dice Pablo resignado.
El plan del CIATF
La Isla está rodeada por multitud de emisarios que vierten al Atlántico, sin depurar, las aguas que desecha la población al tirar de la cisterna, fregar la loza o poner una lavadora. En 2015, cuando se redactó el último Plan Hidrológico de Tenerife (PHT), aún en vigor, solo 11 de los 31 municipios de la Isla cobraban una tasa por depurar las aguas negras generadas por sus vecinos. Dicho plan achaca estas carencias a dos factores: en primer lugar, a la incapacidad económica de buena parte de los ayuntamientos para hacer frente al mantenimiento de las depuradoras. En segundo lugar, al papel secundario que ha ocupado tradicionalmente el saneamiento en las prioridades de los municipios.
Estos son algunos de los argumentos que esgrime el Consejo Insular de Aguas de Tenerife (CIATF) para apostar por sistemas de depuración de ámbito comarcal que estén bajo su gestión, ya que, al poder aprovechar la economía de escala, los consideran más eficientes que las instalaciones municipales: “El nivel de recuperación de costes es mayor en las grandes ciudades y en los sistemas comarcales gestionados por el CIATF”, se asegura en el Plan Hidrológico de Tenerife.
Sin embargo, algunos ayuntamientos no consideran esta opción la mejor para sus municipios y se oponen a este sistema industrial y comarcal que pretende imponer el Consejo Insular de Aguas. Es el caso de Antonio González (Sí Se Puede), alcalde de Buenavista del Norte. Su ayuntamiento lleva desde 2017 reclamando, sin éxito, que se instalen depuradoras naturales en su municipio para así dejar de verter las aguas residuales a una suerte de pozo negro. “En la Isla Baja [como se denomina a esa parte de la isla de Teneirfe] esa economía de escala no se da. Al final, el volumen de aguas que se va a manejar es muy pequeño. La propuesta del Consejo Insular de Aguas es matar moscas a cañonazos”, critica.
El sistema comarcal que promueve el CIATF pasa por tratar las aguas residuales de diferentes municipios en un único emplazamiento. Para llevar a cabo esta opción no solo se requiere la estación de tratamiento en sí, sino que se necesita también la conexión de las diferentes redes de saneamiento municipales de la comarca y una estación de bombeo que impulse el agua hasta la estación depuradora, que en el caso de la Isla Baja iría ubicada en el barrio buenavistero de Las Canteras, a una altitud de 160 metros sobre el nivel del mar. Una vez depurada, el agua sería enviada al mar a través de un emisario submarino.
Esto supondría, por tanto, una inversión en infraestructuras y unos costes energéticos notablemente superiores a los de la depuración natural, que utiliza la fuerza de la gravedad y la fotosíntesis de las plantas para tratar el agua. “Sostenibilidad –y lo llevamos diciendo desde 2017– no es solamente que la energía que se utilice venga de una fuente verde; sostenibilidad es utilizar la menor cantidad de energía posible”, argumenta González. El alcalde recuerda que los costes del proceso de depuración acabarán siendo asumidos por los vecinos en la factura del agua, por lo que cuanto más barato sea depurar, menos tendrán que pagar los ciudadanos.
La lucha de la Isla Baja
Pero el de Buenavista no es el único municipio que defiende la depuración natural frente a la industrial del CIATF. En esta zona de Tenerife siempre ha habido consenso entre las corporaciones locales con respecto a este tema. Y es que la Isla Baja es una de esas comarcas tinerfeñas que no cuenta aún con un sistema que depure sus aguas. Los municipios que la componen (Buenavista, El Tanque, Garachico y Los Silos) han sido sancionados en diversas ocasiones por la Unión Europea debido al incumplimiento de la Directiva 91/271/CEE, por la que se regulan los vertidos de aguas residuales urbanas.
“No somos la cloaca de la Isla Baja”, reza uno de los tantos carteles que cuelgan de los balcones del casco histórico de Los Silos. El año pasado ya se tuvo que cerrar al baño los famosos charcos de la costa silense por “motivos sanitarios”, después de que aparecieran flotando en su interior algunos peces muertos. La necesidad de depurar las aguas que se vierten al mar a través del emisario del Charco de la Araña es un asunto que lleva siendo objeto de debate en el municipio desde hace más de un lustro. En 2017 nació la Plataforma Los Silos - Isla Baja, que desde entonces reclama con insistencia la instalación de depuradoras extensivas en la comarca.
Lejos de atender esa demanda, la alcaldesa del municipio silense, Macarena Fuentes (CC), apuesta ahora –después de haberse posicionado en contra– por conectar las aguas residuales de Garachico con las de Los Silos. Este cambio en su posición se materializó el pasado mes de diciembre a través de la firma de un convenio con el CIATF, por el cual se permite el vertido de las aguas residuales de Garachico a través del emisario submarino de su municipio.
Este convenio supone un avance dentro de la hoja de ruta del Consejo, que pretende conectar los diferentes sistemas de saneamiento de la comarca para unificar sus aguas residuales. Sin embargo, la alcaldesa nacionalista no considera que esto sea un impedimento para avanzar hacia la alternativa que llevan años reclamando en la Isla Baja. Desde Buenavista, González se muestra tranquilo. Dice tener la palabra de su homóloga silense para seguir trabajando en la línea de la depuración descentralizada y cree que la firma del convenio era “algo inevitable”, ya que estaba incluido dentro del primer ciclo del Plan Hidrológico de Tenerife.
La firma del acuerdo con el CIATF le costó a Fuentes las críticas de buena parte de los vecinos, que han llevado a cabo diversas protestas contra lo que consideran una “traición al pueblo” y “una cesión frente a los intereses del CIATF”. En la tarde del pasado jueves 27 de enero, alrededor de 200 vecinos se congregaron en la Plaza de La Luz, frente al Ayuntamiento de Los Silos, para protestar contra la decisión del grupo de gobierno y reclamar la instalación de una depuradora natural.
Mediante una comparecencia online, Fuentes (CC) y su socia de gobierno, Raquel González (PP), aseguraron que el convenio es una solución provisional que regularizará los vertidos ilegales. Y es que esa tubería que lleva décadas expulsando aguas negras al océano no se encuentra autorizada por el Gobierno de Canarias. Además, tras una observación realizada en 2017, esta administración reconoció un impacto en el medio marino: “En el entorno de la zona en la que se produce el vertido, se observa un fondo deteriorado por la presencia de residuos procedentes de este”. Sin embargo, legalizar no significa depurar. Con la firma de este convenio no se soluciona el problema de los vertidos, solo se consigue que el consistorio no siga recibiendo multas.
Un Consejo interesado
La guía de Procesos Extensivos de Depuración de las Aguas Residuales, publicada por la Comisión Europea en 2001 y basada en las experiencias con estos sistemas en Francia, sí avala la depuración natural para pequeñas y medias colectividades. Según este documento, “los costes de inversión de los procesos extensivos son generalmente inferiores y las condiciones de explotación son menos difíciles, más flexibles y más económicas en cuanto a energía”. Además, resalta: “estas técnicas necesitan menos personal y menos especialización que en el caso de las intensivas”.
Pese a todo, el Consejo Insular de Aguas sigue adelante en su idea de implantar una red comarcal de depuradoras industriales sin atender a las peculiaridades de cada municipio. Y es que el CIATF mantiene fuertes vinculaciones con el sector privado. Su actual gerente, Javier Davara, trabajó durante años para empresas del sector como el Grupo Agbar y la multinacional Suez, que el pasado año se hizo con la propiedad total de la empresa Canaragua, operadora del ciclo del agua en varios municipios de Canarias.
Por otra parte, la Junta del Consejo Insular de Aguas está compuesta por un total de 50 personas, de las cuales solo 24 son representantes públicos frente a 26 del ámbito privado. Entre estos últimos hay representantes de empresas del sector del agua, como Emmasa o Aqualia, del sector de la ingeniería, como Imtech y de organizaciones agrarias y empresariales.
El alcalde de Buenavista, Antonio González no niega la histórica relación del CIATF con el sector privado, pero cree en la profesionalidad de su gerente: “Yo no me atrevo a decir eso” [que las decisiones del Consejo Insular de Aguas estén condicionadas].“Creo que Javier Davara es una persona altamente cualificada para el puesto que desempeña y le tengo un respeto muy grande a nivel profesional”, sentencia.
Sin embargo, sí cree que la hoja de ruta que sigue el CIATF está desactualizada con respecto a los objetivos de sostenibilidad que se persiguen: “Esa planificación se llevó a cabo hace mucho tiempo, en otro contexto –sobre todo desde el punto de vista energético– y creo que se pretende seguir apostando por un planteamiento que está completamente desfasado, al menos para esta parte de la isla”, asegura.