El Cabildo y los 31 ayuntamientos de Tenerife han acordado este miércoles presentar un recurso para que el Gobierno regional modifique el reparto del Fondo de Desarrollo de Canarias (Fdcan) en materia de empleo, de forma que los proyectos en ese ámbito los coordinen las corporaciones insulares y no directamente los ayuntamientos, como lo aprobó el Consejo de Gobierno y como quería el PSOE, socio en el Ejecutivo autonómico.
El presidente del Cabildo de Tenerife, Carlos Alonso, señaló en declaraciones a los medios de comunicación de que el objetivo de ese recurso es que el Ejecutivo canario acepte la propuesta que la Corporación insular y los ayuntamientos habían presentado para la consignación de los fondos de empleo, la línea 3 del Fdcan, el programa que se financia con recursos no abonados al Estado del extinto IGTE (160 millones por año).
Esa decisión ha sido tomada en el Consejo de Administración Territorial del Cabildo de Tenerife, en el que han participado representantes de todos los ayuntamientos tinerfeños, junto al presidente de la Corporación insular, Carlos Alonso, y su vicepresidente, el socialista Aurelio Abreu.
El recurso se plantea después de que la Federación Canaria de Islas (Fecai) acordara el pasado lunes que los siete cabildos canarios presentaran un recurso al Gobierno de Canarias para que modifique “cuanto antes” el acuerdo sobre las políticas activas de empleo, que representan el 20% de los recursos del Fdcan (32 millones de euros para todas las islas).
Carlos Alonso señaló, tras la reunión del Consejo de Administración Territorial del Cabildo de Tenerife, que se ha decidido crear una comisión entre ayuntamientos y cabildo para analizar cuáles serían las implicaciones en caso de que el Gobierno de Canarias no aceptara el recurso y qué efectos tendría sobre el presupuesto de la Corporación insular.
Alonso explicó que el Cabildo contaba con unos ingresos adicionales que, como consecuencia de la decisión del Gobierno de que sea el Servicio Canario de Empleo el que se ocupe de los recursos de empleo, ahora no los tendrá.
En caso de que el Ejecutivo canario no acepte el recurso, eso afectaría a las cuentas de la Corporación insular para 2017, detalló Alonso, razón por la que se ha decidido convocar la comisión paritaria Cabildo-ayuntamientos.
Con este recurso, reiteró, se pretende que el Cabildo de Tenerife, y no el Servicio Canario de Empleo, sea el que gestione las políticas activas de empleo del Fdcan y así distribuya los recursos a los ayuntamientos de la isla que corresponda.
Aunque no votaron, Alonso preguntó al final a todos los representantes de los ayuntamientos si se adherían de forma política al recurso y estos asintieron, explicó el presidente insular.
Sobre el reparto de los fondos destinados a infraestructura, que suponen el 75% del Fdcan, en base a la triple paridad, Alonso ha dicho que Tenerife no pierde recursos y que el Cabildo ha hecho “un ejercicio de solidaridad” para que las islas que tienen más dificultades reciban “algo más de dinero que el que les correspondería” con otro reparto.
Para Alonso, el acuerdo de distribución del Fdcan es “bueno para todos” y “lo único” que lo ha quebrado es que el Servicio Canario de Empleo haya ido por su cuenta al presentar un proyecto que beneficia a los ayuntamientos, cuando estos no pueden disponer de los recursos porque están integrados en un programa conjunto e integral con el Cabildo.
El Cabildo de Tenerife, junto a los ayuntamientos, presentó en su momento un programa integral para el desarrollo de la isla, el Marco Estratégico de Inversiones, MEDI, capaz de movilizar más de 2.200 millones de euros en diez años, en cincos ejes, cuyo principal objetivo es la creación de empleo a través de la capacitación, el apoyo a los sectores, el desarrollo de infraestructuras, el aumento de la acción social y el desarrollo sostenible.
Durante la celebración del Consejo de Administración Territorial del Cabildo de Tenerife, se dio a conocer el presupuesto del Cabildo para 2017, que asciende a 809 millones de euros. Esta cifra supone un incremento del 24,85% en relación con el año anterior, lo que lo convierte en el mayor presupuesto de la historia de la Corporación insular.
La inversión prevista, que crece el 47,7%, alcanzará en 2017 los 216,3 millones de euros en unas cuentas en las que el gasto social supone el 55%.