Críticas cruzadas en el Cabildo de Tenerife por el proyecto de reforma del Auditorio Adán Martín. El director de Hacienda, Juan Carlos Pérez Frías, informó este viernes de que la corporación insular había llegado a un acuerdo con el arquitecto que lo diseñó, el valenciano Santiago Calatrava, para que se hiciese cargo de la restauración de un recinto que, según expresó recientemente la presidenta Rosa Dávila, “se cae a cachos”.
El grupo de gobierno, liderado por Coalición Canaria (CC), acusa al anterior, del PSOE, de haber sido “incapaz” de avanzar durante cuatro años en la resolución del conflicto para la rehabilitación de un edificio que fue inaugurado en 2003, que costó el triple de lo previsto (74 millones de euros) y que ha sufrido la caída del mosaico, filtraciones, humedades y problemas estructurales. “Desde que asumimos las responsabilidades, en el Cabildo hemos logrado desbloquear una situación enquistada, retomando unas negociaciones que estaban rotas”, ha manifestado el director insular de Hacienda.
El gobierno insular asegura que el proyecto de restauración estará concluido en noviembre de 2024. El presupuesto inicial de reparación, establecido en 2018, asciende a 18,1 millones de euros, incluyendo una partida adicional de cinco millones para cubrir posibles contingencias que requieran la suspensión de la actividad cultural.
El PSOE, por su parte, ha lamentado que sea Calatrava “quien le diga al Cabildo lo que tiene que hacer” y que el gobierno insular “no tenga otra excusa que decir que los socialistas no hicieron nada”. “Es lamentable”, ha manifestado el portavoz del PSOE, Pedro Martín, que recordó que, siendo él presidente, en mayo de 2022, su gobierno dio un ultimátum al arquitecto valenciano para que presentara un proyecto para el arreglo del auditorio y para que lo entregara en un plazo de 19 meses, en enero de 2024.
“Debía haber estado entregado hace seis meses. Sin embargo, el actual gobierno le da un año más”, dijo en referencia a la decisión adoptada en noviembre del año pasado por el gobierno presidido por Rosa Dávila de conceder doce meses más de plazo al arquitecto, “dilatando así dar una respuesta a la situación en la que se encuentra el Auditorio”. “Con el deterioro que tiene el Auditorio, el Cabildo no se puede poner del lado de Calatrava”, ha aseverado Pedro Martín.
El también secretario general del PSOE de Tenerife ha preguntado, además, si el Cabildo esta “beneficiando” a Calatrava, si le ha permitido subcontratar la redacción del proyecto y si ha dejado que este proyecto “obvie algunos de los informes y estudios que se exigían”.
Programación cultural
El Cabildo de Tenerife tiene la intención de que las obras de reparación del Auditorio no afecten a su programación cultural y que se evite su cierre, “tal y como se logró en la (reforma de) la Ciudad de las Artes y las Ciencias de Valencia”, obra también de Calatrava.
En una nota difundida este viernes, la corporación insular recuerda que el conflicto se arrastra desde hace años, cuando se detectaron desperfectos en el revestimiento del edificio, conocido como trencadis, característico de las obras de Calatrava.
En 2016, el entonces presidente del Cabildo, Carlos Alonso (CC), encargó a la empresa Intemac un informe para evaluar el estado del edificio y el peritaje concluyó que los fallos en el revestimiento se debían principalmente a una defectuosa adherencia a las superficies y otros factores coadyuvantes como “la rigidez del mortero de rejuntado y las solicitaciones a las que el edificio estaba sometido”.
A raíz de este informe, en 2018 se ordenó la reparación de los daños y se atribuyó la responsabilidad de los vicios detectados a todos los agentes intervinientes en el proceso constructivo, incluyendo al arquitecto Santiago Calatrava y a la UTE formada por Acciona Construcción, Dragados y Promotora Punta Larga.El presupuesto de la reparación se tasó en ese momento en 18.165.492,63 euros.
En julio de 2019, representantes de las partes se reunieron ante el magistrado que llevaba el proceso, que instó a las partes a encontrar una solución extrajudicial similar a la que se logró con el Auditorio de Valencia.Todas las partes acordaron iniciar negociaciones y solicitaron la suspensión del proceso.
CC sostiene que el gobierno liderado por Pedro Martín “no logró avanzar” en esas negociaciones, por lo que hubo que pedir la ejecución forzosa en 2022, el “ultimátum” del que habla el PSOE.
“En mayo de 2023, en plena campaña electoral, Calatrava se dirigió al Cabildo para manifestar su predisposición a redactar el proyecto, solicitando un nuevo plazo”, asegura el gobierno insular, que precisa que el 27 de septiembre de 2023 se acordó la redacción del proyecto con un nuevo plazo hasta noviembre de 2024.
Pérez Frías señala que esta es “la solución más conveniente” para el interés público y la agilización de los trabajos de reparación: “No podemos olvidar que el arquitecto ostenta derechos de autor sobre la obra y es jurídicamente fundamental su participación en el proyecto. Además, concederle la prórroga evita la necesidad de una licitación pública, que habría retrasado aún más el arreglo del Auditorio”.