El Cabildo de Tenerife será la administración pública encargada de cofinanciar, licitar y ejecutar el cierre de la carretera del anillo insular, mientras que el Gobierno de Canarias, que tiene las competencias en infraestructuras de interés regional (como se trata de este caso), se encargará de dirigir y supervisar la obra.
Este acuerdo ha sido anunciado este jueves por el vicepresidente del Gobierno de Canarias y consejero de Obras Públicas y Transportes, Pablo Rodríguez, y por el presidente del Cabildo de Tenerife, Carlos Alonso, y queda pendiente de la redacción de un convenio entre las dos administraciones para concretar los términos legales del pacto.
Según dijo Carlos Alonso, “es lo mismo que propusimos en agosto de 2016. Entonces no se aceptó [por la consejera socialista Ornella Chacón], pero ahora es una etapa distinta y se están dando los pasos para hacerlo”. La propuesta del Cabildo para ejecutar la obra “se fue complicando por distintas razones”, pero ahora se ha retomado, apuntó la misma fuente.
El presidente insular explicó que la mitad del coste del cierre del anillo, presupuestado en unos 300 millones de euros, se financiará con fondos del Cabildo de Tenerife y la otra mitad con cargo a la parte del Fondo de Desarrollo de Canarias (Fdcan) cedido por la Comunidad Autónoma a la Corporación insular.
Por lo tanto, además de firmar un convenio con el Ejecutivo regional para resolver la distribución de las competencias, también será necesario modificar el convenio del Fdcan con el Gobierno de Canarias para acomodar el cierre del anillo insular a esa financiación. Otro requisito será actualizar el proyecto técnico inicial, tarea que corresponde a la Comunidad Autónoma.
El presidente del Cabildo confió en que antes de fin de año pueda licitarse la obra del anillo insular. Alonso señaló que los problemas de infraestructuras en la isla solo se pueden resolver mediante la colaboración de todas las administraciones y este es el camino que se va a seguir.
Pablo Rodríguez sostuvo que el acuerdo alcanzado es “de sentido común”, ya que el Cabildo dispone de los fondos para el cierre del anillo insular, de manera que el Gobierno tiene que buscar la fórmula para que se pueda llevar a cabo de esa manera.
En la reunión, también se acordó que la Consejería encargue los proyectos para el tercer carril en la TF-1, en el sur de la isla, y para construir un carril bus-vao en la TF-5, en el norte, obras que se financiarán con cargo al próximo convenio de carreteras con el Estado, aún pendiente de negociar.
Además se acordó actualizar el proyecto del enlace Chafiras-Oroteanda, con la idea de licitarlo antes de fin de año. Esta obra está incluida en el vigente convenio de carreteras.
Otros acuerdos se refieren a obras más a corto plazo en la TF-5, que también son competencia del Gobierno de Canarias, pero que ha autorizado al Cabildo a realizar bajo su supervisión y que se financiarán con cargo al Fdcan. Se trata del tercer carril entre el Los Rodeos y Guamasa y de la ampliación de la plataforma en Buen Paso, en Icod, para mejorar el tráfico pesado.