El portavoz municipal de XTF-NC, Santiago Pérez, que concurrirá a las próximas elecciones al frente de una agrupación de electores (Avante La Laguna), continúa su batalla judicial contra la gestión de CC en el Ayuntamiento lagunero.
Este martes Pérez ha anunciado la ampliación de su denuncia por el caso Reparos; esto es, por la decisión del Gobierno local que preside José Alberto Díaz de prolongar el contrato con Urbaser, hasta que salga a concurso el nuevo, así como por haber perdonado a esta ahora multinacional china la compra de 34 de los 46 vehículos nuevos a la que estaba obligada inicialmente, extremo este que al edil le ha producido “cara de espanto” descubrirlo.
Con esta ampliación, Santiago Pérez ha denunciado ya 118 decretos ante el Juzgado de Instrucción nº 4 de La Laguna, por un montante de casi 47 millones de euros, mediante los que el entonces alcalde lagunero, Fernando Clavijo, y su sucesor, José Alberto Díaz (ambos de CC), autorizaron hasta a 24 empresas continuar gestionando servicios públicos municipales una vez ya se habían extinguido sus respectivos contratos, decisiones que se tomaron en todos estos casos con el informe negativo del interventor general, que advirtió de su ilegalidad.
Es lo que el concejal denomina “un paraíso de la ilegalidad”, en el que a su juicio “CC ha convertido la contratación pública en el Ayuntamiento de La Laguna”. En el caso que describe en esta nueva dosis del caso Reparos, el concejal expone que el 31 de octubre de 2018 la Junta de Gobierno que preside Díaz amplió el contrato con Urbaser para el servicio de recogida y transporte de residuos, y de limpieza viaria, a pesar de que desde el día anterior ya se habían agotado las dos prórrogas legales previstas.
Con esa decisión política, Urbaser sigue embolsándose cada mes 1,3 millones de euros, al menos hasta abril de este año, pero, en todo caso, hasta que se resuelva el nuevo concurso, cuya tramitación comenzó el 19 de octubre pasado, es decir, apenas 11 días antes de que finalizara por ley el contrato actual. Es un modus operandi que ya no permite la nueva Ley de Contratos del Sector Público -aunque en este caso no se aplica sino la legislación anterior-, que obliga a que en estas situaciones se haya convocado el nuevo concurso con tres meses de antelación a la prolongación del suscrito con la adjudicataria actual.
La “cara de espanto” cuanto leyó el expediente
Pero lo que le ha puesto “cara de espanto” al concejal denunciante del caso Reparos es comprobar cómo Clavijo, alegando las dificultades económicas del Ayuntamiento por la crisis, solicitó en 2012 a Urbaser una rebaja del contrato del 20%, que finalmente, tras una negociación, quedó en el 6,34% y, como aparente “contrapartida”, le “dispensó” a esta empresa de incumplir el pliego de condiciones con que se externalizó el servicio, al permitirle que no se renovaran 34 de los 46 vehículos previstos, a lo que además Urbaser añadía una reducción del 5% de los salarios negociada con sus trabajadores.
Aunque XTF-NC no ha cuantificado la cuantía perdonada “de forma ilegal ”a Urbaser, sí estima que puede ser una cifra económica elevada, pues se trata de siete furgones (cinco de barrido), cuatro barredoras de calzadas y aceras, tres motobarredoras de aceras, tres cisternas de baldeo, dos baldeadoras de aceras, ocho camiones recolectores, cuatro camiones con volquete (uno de ellos con doble cabina), un 4x4 para limpieza auxiliar, un furgón volquete con caja abierta, un furgón con caja cerrada, una pala cargadora y un camión con gancho portacontenedor.
“Lo grave”, sostiene el portavoz de XTF-NC, “es que saltándose la legalidad, Clavijo renuncia a que el Ayuntamiento, al final del contrato, dispusiera de esa flota renovada, con lo que ahora carece de ese valor patrimonial, pues desde el 30 de octubre pasado todos los vehículos son de propiedad municipal, pese a lo cual se le sigue pagando a Urbaser 1,3 millones de euros al mes como si la flota continuara siendo aportada por la empresa”.
En su criterio (Pérez está prejubilado como profesor de Derecho Constitucional en la Universidad de La Laguna), “Clavijo no tenía como alcalde facultades legales para exigirle una reducción de la facturación a Urbaser ni para cambiar los contratos, ni la dispensa de renovar la flota tiene fundamento legal”.
Desde su punto de vista, además, aprecia que con el caso Reparos “hay indicios de que el actual alcalde le cubre la espalda a Clavijo para ejecutar aquellos pactos ilícitos” del pasado mandato.
Según el veterano político lagunero, “hay empresas que llevan más tiempo prestando el servicio público a dedo que el que duraba la propia concesión”, y entre ellas algunas son de “muy influyentes nombres, muy conocidas en el mundo empresarial tinerfeño”.