Familiares de las víctimas por el accidente de la galería Piedra de los Cochinos piden responsabilidades políticas y penales
Sergio Lourenso, en representación de la familia de uno de los seis jóvenes que en 2007 fallecieron en un accidente en la galería de agua Piedra de los Cochinos, en Los Silos (Tenerife), ha pedido este jueves que se estudien las responsabilidades penales y políticas del suceso.
Para depurar responsabilidades políticas, Lourenso ha entregado este jueves un escrito en el Parlamento de Canarias en el que pide que se investiguen todas las causas en torno al accidente y se adopten medidas, al tiempo que ha recriminado que no se haya producido ninguna dimisión por este caso.
En rueda de prensa, Lourenso, que representa a la familia de Maurizio Tassoti, ha recordado que el Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC) ha condenado al Gobierno canario y, como responsable solidario, a Aguas Heredamientos de Daute al pago de 959.751,57 euros como indemnización por el accidente.
Lourenso ha criticado que, como la comunidad de aguas se declaró insolvente, la indemnización la haya pagado al completo el Gobierno de Canarias, y ha preguntado dónde están los responsables de que se produjese el accidente.
El suceso tuvo lugar el 10 de febrero de 2007, día en el que seis personas murieron por asfixia cuando, durante una excursión organizada por la Asociación Tinerfeña de Amigos de la Naturaleza (ATAN), entraron en una galería de captación de aguas subterráneas en el municipio tinerfeño de Los Silos.
Sergio Lourenso ha insistido en que los excursionistas entraron en la galería porque el canal que buscaban estaba cerrado ya que con su cierre se quería impedir que se realizaran acampadas en la zona debido a que estas eran perjudiciales para una planta que solo crece en esa zona y en Güímar. Por este motivo, Lourenso ha considerado que la seguridad de una especie vegetal tuvo preferencia sobre la seguridad humana.
Siete años después, sin responsabilidades políticas
En cuanto a la vía penal, ha recordado que en la Audiencia Provincial de Santa Cruz de Tenerife se ordenó el sobresemiento provisional, lo cual hace que dependa del Tribunal Constitucional el que se acceda a la petición de reapertura del caso.
Lourenso ha insistido en que la causa debe volver al Juzgado de Icod de los Vinos, donde, ha asegurado, las acciones de las dos jueces que realizaron la instrucción “causaron indefensión a las familias de los fallecidos” y donde hubo “falta de tutela efectiva”. En opinión de Lourenso, la inexperiencia de las dos jueces de Icod de los Vinos facilitó que se produjesen ciertas irregularidades y que no se investigase “hasta el fondo”.
Además, ha considerado que los propietarios de la galería no tomaron las precauciones necesarias para prevenir el accidente, ya que la galería no estaba cerrada ni había advertencias de peligro.
En la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Canarias se señala que la galería está en un lugar de frondosa vegetación, que carecía de puerta de acceso y de cualquier tipo de señalización que avisara del peligro de entrada. La sala indicó en varias sentencias que hay obligaciones propias de la seguridad minera cuyo destinatario es en primer lugar el titular de la explotación de aguas, pero que estas obligaciones se trasladan, en el ejercicio de las competencias en esa área, a la administración pública de la Comunidad Autónoma.
