El Ayuntamiento de Puerto de la Cruz ha culminado el proceso de notificación de ruina inminente a las personas propietarias del edificio IDERS, de forma que ha quedado activado el período de dos meses en el que la propiedad deberá presentar el proyecto de demolición del inmueble.
El concejal de Ciudad Sostenible, David Hernández, explica en un comunicado que el pasado mes de junio, a la vista de los informes técnicos y jurídicos solicitados al área, se tomó “la firme decisión” de decretar la ruina inminente del inmueble y de dar todos los pasos que dicho decreto establece.
El presente procedimiento se inició el pasado marzo tras un análisis de todos los expedientes inconclusos que obraban en el área que culminaría en la declaración de ruina inminente del mismo.
En ese sentido, el edil considera que este proceso que se ha iniciado es “un paso clave” para comenzar a poner final a un problema histórico y a mejorar el entorno y las condiciones de vida de esa zona del municipio, “tanto de visitantes, como habitantes de la localidad y los propios vecinos del inmueble”.
Las primeras acciones, como el desalojo y el vallado del edificio, fueron ejecutadas por el consistorio dada la ausencia de respuesta por parte de la propiedad.
Con el inmueble desalojado, el área procedió a notificar oficialmente la declaración de ruina inminente y las obligaciones que de ella se derivan a todas las personas propietarias del edificio.
El siguiente paso, según dictamina el decreto de ruina emitido el pasado 7 de junio, es la redacción del proyecto de demolición, que deberán presentar los propietarios del inmueble en el plazo de dos meses.
Además, previo a completar la redacción del proyecto, el equipo redactor podría establecer otras medidas de protección del edificio urgentes como el apuntalamiento que asegure las labores previas a realizar en la estructura.
En el caso de que transcurriera el período y la propiedad no hubiera cumplido con las obligaciones del decreto, el área de Ciudad Sostenible tendrá amparo legal para poder asumir el procedimiento de contratación del proyecto de demolición del edificio, mediante la ejecución subsidiaria de las actuaciones ordenadas.
Posteriormente, al estar el inmueble en situación legal de consolidación y ser ordenada la demolición por la administración, se permitirá la reconstrucción con la misma edificabilidad del inmueble sustituido, tal y como señala la legislación urbanística canaria.