La empresa pública Visocan ficha a la activista Inma Évora para mediar y hacer un censo de viviendas

La empresa pública de promoción de viviendas protegidas de Canarias Visocan contará con el asesoramiento técnico de la activista antidesahucios Inma Évora en el caso de la adquisición de los inmuebles de Añaza en Santa Cruz de Tenerife, que son propiedad del Banco Santander. La miembro de la PAH aseguró hace unos días a Tenerife Ahora que firmó el contrato la pasada semana, será autónoma y finalizará dentro de cuatro meses.

Évora asegura que mantendrá sus principios y su crítica al Gobierno. La activista ya ha explicado a los vecinos la decisión y señala que lo ven como una oportunidad ya que siempre ha luchado por el derecho a la vivienda digna y es una persona a la que ya conocen.

Visocan, entidad dependiente de la Consejería de Empleo, Políticas Sociales y Vivienda, anunció este martes en un comunicado que iba a contar con los servicios de intermediación social de Évora para elaborar un censo de los inquilinos de estas viviendas, informa en un comunicado. La motivación de contar con ella se justifica en que tiene experiencia como intermediadora en casos de desahaucios.

En el censo, deben constar las condiciones socioeconómicas de cada inquilino y la ayuda en materia de vivienda a la que tienen derecho. La activista informará y orientará a los arrendatarios de las prestaciones a las que pueden recurrir en función de su perfil y la prestación de este servicio se prolongará durante cuatro meses.

Ha sido portavoz y activista de la Plataforma de Afectados por la Hipoteca Tenerife desde el año 2011 hasta 2018, desde donde ha promovido cambios en políticas de prevención de los desahucios, protocolos y medidas antidesahucios aprobadas por la mayoría de las instituciones públicas.

Desde la plataforma Pro derechos económicos, sociales y culturales de Canarias ha diseñado una oficina que da información, asesoramiento e intermediación en materia de vivienda y otros derechos.

El Gobierno de Canarias recuerda que se encuentra en estos momentos negociando la compra de 358 viviendas ubicadas en el barrio de Añaza, en Santa Cruz de Tenerife, un tema que, no obstante genera dudas jurídicas. Estas viviendas son propiedad del banco Santander desde que la empresa promotora quebrara y la Consejería ha encargado una tasación para iniciar la negociación del precio de compra con el objetivo de que pasen a ser propiedad de la Comunidad Autónoma.

El Ejecutivo regional ha alcanzado un acuerdo con la entidad financiera para que en el caso de Añaza el interlocutor no sea la filial inmobiliaria Altamira, que gestionaba estos inmuebles en los que viven 358 familias, sino el propio banco. Según el Gobierno, este acuerdo evita que la empresa gestione estos inmuebles igual que el resto de sus activos y que envíe notificaciones informando de que no se renueva el alquiler, lo que había generado intranquilidad entre los vecinos.

El Gobierno, además, se ha comprometido con la Consejería de Empleo, Políticas Sociales y Vivienda a paralizar todos los procesos de desahucios mientras se prolongue el período de negociación de la venta de estas viviendas. En el caso de Añaza, la Comunidad Autónoma tiene intención de ejercer la opción de compra prioritaria que tiene por ley para adquirir estas viviendas, ya que son de Protección Oficial (VPOs) en régimen especial y/o general hasta 2021.