CC intenta que el Gobierno no explique en el Parlamento su informe favorable a la Ley Plasencia
Coalición Canaria (CC) no quiere que el Ejecutivo que preside Fernando Clavijo explique en el próximo pleno del Parlamento (días 8 y 9 de noviembre) “las razones que han llevado al Gobierno a manifestar su criterio favorable” a la toma en consideración de la proposición legislativa impulsada por el Cabildo de Tenerife sobre protección de los barrancos de Güímar, y conocida como Ley Plasencia, “a pesar de los diversos informes existentes sobre el quebranto económico que supondría para los recursos de la Comunidad Autónoma”.
Una iniciativa impulsada por Nueva Canarias (NC) y que la Mesa del Parlamento ya ha incluido en el orden del día pero que los nacionalistas quieren su “suspensión” hasta que se reconsidere la misma por entender que afecta a “una facultad incondicionada del Gobierno en un procedimiento legislativo en curso” que no debe ser objeto de exigencia de responsabilidad política.
Así consta en el escrito remitido por el portavoz de CC, José Miguel Ruano, el 2 de noviembre (registro de entrada 8.851) y que ha obligado este jueves a que se reuniera con carácter de urgencia la Mesa del Parlamento, que ha decidido “levantar la suspensión” automática de su inclusión en el orden del día y adoptar una decisión definitiva el lunes (24 horas antes del pleno previsto) tras escuchar a la Junta de Portavoces.
Tergiversación y fraude
En el escrito, Ruano asegura que NC “ha querido anticipar el debate de una iniciativa legislativa tergiversando las funciones de la Cámara y abusando del juicio formal que, en principio, debe ejercer la Mesa en la calificación y admisión a trámite de las propuestas de diputados y grupos”.
Para Ruano, NC “pretende someter a control parlamentario la intervención que el Gobierno hace del ejercicio de la función legislativa por la Cámara”, toda vez que se promueve la comparecencia “no porque el Gobierno haya vetado” la proposición del Cabildo de tenerife, “sino porque no lo ha hecho”.
Según el escrito, la iniciativa de NC “constituye un atajo antirreglamentario” por dos razones: “se ejerce sobre el procedimiento legislativo y como tal constituye un fraude” y además “rompe la igualdad de todos los grupos que sí existe en el debate de toma en consideración” de la proposición legislativa del Cabildo tinerfeño.
Y es que los nacionalistas recuerdan que, cuando se proceda al debate de toma en consideración de la polémica ley, “el pleno tiene derecho a conocer íntegramente el criterio del Gobierno mediante su lectura y todos los grupos a valorar ese criterio y pronunciarse de forma expresa sobre si asume o no la iniciativa legislativa que promueve el Cabildo de Tenerife”.
Derecho a saber
Sin embargo, el líder de NC insiste en que previamente a su toma en consideración, “tenemos derecho a saber los motivos que llevaron al Ejecutivo a admitir la tramitación cuando tres de sus consejerías dicen que es manifiestamente inconstitucional y tiene un impacto económico sobre las arcas de la Comunidad”.
Como ya informó Canarias Ahora, el Servicio de Planificación de Obras y Ordenación Rural de la Dirección General de Agricultura y Desarrollo Rural asegura en un informe que la propuesta legislativa del cabildo tinerfeño es “un uso de un instrumento legal de manera excesiva para la ordenación de un territorio concreto” que puede dar lugar a reclamaciones económicas en un futuro“.
Además, la Dirección General de Industria y Energía, considera que el texto es “manifiestamente inconstitucional y gravemente perjudicial para los intereses económicos y el desarrollo futuro de la propia Comunidad Autónoma de Canarias y para su Administración”.
La propia consejera de Hacienda, Rosa Dávila, en su calidad de secretaria de los acuerdos adoptados en el Consejo de Gobierno, reconoce que “falta el pertinente estudio económico sobre el previsto Plan de Restauración”, como obliga el artículo 32.3 de la Ley de Economía Sostenible de 2011 para “garantizar la sostenibilidad presupuestaria”.
La llamada Ley Plasencia impulsada por el Cabildo de Tenerife que preside el nacionalista Carlos Alonso, se tornó polémica al saberse que la misma podría conducir a que el presupuesto de la Comunidad Autónoma se haga cargo de reparar los daños medioambientales por los que fueron condenados los empresarios Antonio Plasencia, José Enrique Morales y Pedro Sicilia por esquilmar los Barrancos de Güímar.
