Ciudadanos ha vuelto a expulsar de sus filas a la concejala tránsfuga Evelyn Alonso, gracias a la cual Coalición Canaria recuperó en 2020 la alcaldía de Santa Cruz de Tenerife mediante una moción de censura desautorizada por la formación. En esta ocasión, la segunda, la expulsión ha llevado mucho más tiempo que la primera, que resultó suspendida por la justicia por errores formales, pero desde junio de 2021 ya se ha convertido en definitiva. Este viernes, en el pleno del Ayuntamiento santacrucero deberá tomarse en consideración una certificación enviada al secretario de la Corporación para que actúe de acuerdo con la ley y una sentencia de octubre de 2020 del Tribunal Supremo: enviando a Evelyn Alonso al grupo de concejales no adscritos y decretando la pérdida de los cargos que ocupa y de los emolumentos que cobra por ellos.
El pasado viernes tuvo entrada en el registro del Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife un escrito de Ciudadanos firmado por su secretaria general nacional, Marina Bravo Sobrino. En él, el partido por el que concurrió a las elecciones la concejala tránsfuga en 2019 informa de que la resolución de la Comisión de Régimen Disciplinario por la que se ha producido la expulsión de Alonso tiene fecha 18 de junio de 2021. La concejala, siempre según este certificado, cometió infracciones muy graves contempladas como tales en los estatutos y en el reglamento disciplinario del partido. Esas infracciones fueron desobedecer las órdenes directas de no apoyar la moción de censura, y una vez en el grupo de gobierno, junto a Coalición Canaria y el Partido Popular, desoír reiteradamente las instrucciones de su formación, entre otras, las de que abandonara el grupo de gobierno. Asimismo, ha desobedecido una a una todas las indicaciones de lo que tenía que votar en cada asunto de interés para Ciudadanos.
Evelyn Alonso ha declinado ofrecer su versión a este periódico. Contactada a través del gabinete de comunicación del Ayuntamiento, ha respondido que el expediente está en manos de su abogado, que lo está analizando. Según fuentes oficiales de Ciudadanos, la concejala tránsfuga no presentó alegaciones a su expulsión, a pesar de que todos sus pasos le fueron notificados a través de la Concejalía de Seguridad del consistorio, de la que es máxima responsable.
Ciudadanos ha solicitado formalmente al secretario de la Corporación que se apliquen los acuerdos antitransfuguismo y la Ley de Bases de Régimen Local, que sitúan en el grupo de no adscritos a los concejales y concejalas que abandonan la candidatura por la que consiguieron su acta o resulten expulsados, como es el caso. La más reciente jurisprudencia del Supremo, a partir de una doctrina de la Sala Cuarta de octubre de 2020, lo establece claramente: los concejales tránsfugas deberán pasar a la condición de no adscritos, como consecuencia o por razón de un supuesto de transfuguismo, lo que “impide que se asuman cargos o que perciban retribuciones que antes no ejercía o percibía e impliquen mejoras personales, políticas o económicas”.
Actualmente Evelyn Alonso tiene un salario de 60.220 euros anuales correspondiente al desempeño de las concejalías de Seguridad Ciudadana y Movilidad, Promoción Económica y Medio Ambiente. Eso sin contar la reciente subida de sueldos al grupo de gobierno, que aún no consta públicamente.
Antes de acceder al acta de concejala, que se produjo por la dimisión de su predecesor en la lista, Juan Ramón Lazcano, la tránsfuga tenía un salario de menos de 18.000 euros al año como auxiliar en el grupo parlamentario mixto, en el que aparece ahora otra tránsfuga de Ciudadanos, la diputada Vidina Espino, junto a Ricardo Fernández de la Puente, que permanece fiel a las siglas por las que obtuvo el acta.